La piratería como modalidad de delito contra la comunidad internacional

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

El Capítulo V,- del Título XXIV-, "Delito de piratería", fue añadido por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, regulándose la piratería en los Art. 616 ter,616 quáter ,Código Penal

Las lagunas de soberanía en algunas zonas del planeta han dado lugar, al fenómeno de la piratería, actividad que alcanzó su Edad de Oro durante la Edad Moderna bajo el patronazgo de Inglaterra, para posteriormente, ir desapareciendo lentamente ante la consolidación del Derecho Internacional y la necesidad de garantizar un mercado marítimo transnacional más seguro y eficaz. A pesar de que no se cuestionaba que la prevención y represión de los actos de piratería dentro de las aguas territoriales dependía de las propias leyes nacionales de cada Estado, se planteó el problema de que algunos países no podían garantizar la seguridad en su mar territorial. Por ello, en principio, el apresamiento de un buque pirata sólo se puede realizar en aguas internacionales (que no sean jurisdicción de ningún Estado). Sin embargo, en determinadas ocasiones, esta situación también se puede permitir. Por ejemplo, el 2 de junio de 2008, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución –la S/RES/1816– por la que teniendo en cuenta la situación crítica reinante en Somalia y la falta de capacidad del Gobierno Federal de Transición para interceptar a los piratas o patrullar y asegurar las rutas marítimas internacionales frente a su costa, se permitía a los buques de guerra de los Estados que cooperasen con el Gobierno de Mogadiscio (Estado fallido que sólo existe en los atlas), a entrar en las aguas territoriales de Somalia, con el fin de reprimir actos de piratería y robo a mano armada en el mar usando todos los medios necesarios para reprimir estos actos.

Ahora bien, durante los últimos años, la inestabilidad geopolítica en el Cuerno de África, así como, en menor medida, en el Sudeste Asiático, han dado lugar a un aumento de la piratería cerca de sus costas por milicianos y bandoleros. Usando lanchas rápidas y valiéndose de tecnologías como el GPS, esta actividad delictiva se ha convertido en una fuente de recursos para muchas personas en situaciones de pobreza, amparados por la permisividad de Estados incapaces o inapetentes de imponer orden en su jurisdicción marítima.

Por ello, casos como el del famoso Alakrana o el Playa Bakio se han sucedido irremediablemente, sin importar del pabellón que portaran. Como consecuencia, diversos Estados, entre ellos España, perjudicados por estos actos de saqueo, establecieron, bajo la dirección de los Estados Unidos, la disposición de una fuerza militar naviera en aguas del Océano Índico que pusiera fin a este fenómeno, existente también en su versión aérea.

El delito de piratería fue introducido por la reforma del Código Penal operada por la LO 5/2010, de 22 de junio, figura delictiva ubicada en un el Capítulo V del Título XXIV del Libro II, bajo la rúbrica “Delito de piratería”.

En el preámbulo de Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, se justificaba la creación de este delito, afirmando que “la razón de ser de esta reforma radica en la necesidad de dar respuesta a la problemática de los eventuales actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima y aérea, y se conforma recogiendo los postulados del Convenio de Montego Bay de 10 de diciembre de 1982 sobre el Derecho del mar y de la Convención sobre la navegación marítima firmado en Roma el 10 de marzo de 1988”. En Derecho Internacional, el marco jurídico para luchar contra la piratería y el robo a mano armada en los océanos se estableció en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que se celebró en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982.

La primera de ellas es la Convención de Montego Bay, cuyo artículo 100 dice literalmente que: "Todo Estado puede apresar en alta mar o en cualquier otro lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado, a un buque o a una aeronave pirata, o a un buque capturado a consecuencia de actos de piratería que esté en poder de piratas, y detener a las personas e incautarse de los bienes que se encuentren a bordo de dicho buque o aeronave. Los Tribunales del Estado que hayan efectuado la presa podrán decidir las penas que deban imponerse [...]"

Todas las menciones que realiza esta Convención a buques se aplican también a las aeronaves y, en todo caso, siempre se habla de dos barcos o aviones (el atacante y el atacado) para distinguir la piratería del simple amotinamiento. A continuación, se establece que cualquier país puede apresar a estos buques piratas, en alta mar (o donde no tenga jurisdicción otro Estado); detener a las personas, incautar los bienes que se encuentren a bordo y, de acuerdo con sus tribunales, decidir qué penas se les imponen y qué medidas se toman con respecto al buque o su carga.

La segunda es el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima que define la conducta en su artículo 3 afirmando que: "...comete actos de piratería la persona que ilícita e intencionadamente se apodere de un buque o ejerza el control del mismo mediante violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación o realice algún acto de violencia contra una persona que se halle a bordo de un buque, si dicho acto puede poner en peligro la navegación segura de ese buque"

Por lo que se refiere a la regulación que dio nuestro Código Penal, el Art. 616 ter ,Código Penal:

"El que con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o bien atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas, será castigado como reo del delito de piratería con la pena de prisión de diez a quince años.

En todo caso, la pena prevista en este artículo se impondrá sin perjuicio de las que correspondan por los delitos cometidos."

En cuanto al 616 quáter ,Código Penal

"1. El que con ocasión de la prevención o persecución de los hechos previstos en el artículo anterior, se resistiere o desobedeciere a un buque de guerra o aeronave militar u otro buque o aeronave que lleve signos claros y sea identificable como buque o aeronave al servicio del Estado español y esté autorizado a tal fin, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.

 2. Si en la conducta anterior se empleare fuerza o violencia se impondrá la pena de diez a quince años de prisión.

 3. En todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos cometidos."

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