Los delitos de terrorismo

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 24/01/2023

  • Artículo 574 del CP: Depósito de armas, municiones, explosivos y otras sustancias
  • Artículo 575 del CP: Adoctrinamiento y adiestramiento militar
  • Artículo 576 del CP: Financiación del terrorismo
  • Artículo 577 del CP: Colaboración con banda armada
  • Artículo 578 del CP: Enaltecimiento del terrorismo
  • Artículo 579 del CP: Difusión del terrorismo

¿En qué consisten los delitos de financiación del terrorismo?

El capítulo VII, «De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo» del título XXII relativo a «Delitos contra el orden público» del libro II del Código Penal, contiene dos secciones, la primera, dedicada a definir lo que son las organizaciones y grupos terroristas, artículos 571 y 572 del CP, la segunda, regula las distintas modalidades de delitos de terrorismo, artículos 573 al 580 del CP, los cuales podemos clasificar en dos grandes grupos, de una parte, aquellos delitos graves que se llevan a cabo con alguna de las finalidades que menciona el artículo 573.1 del CP que contempla los elementos subjetivos del injusto, esto es, delitos comunes que se diferencian de los de terrorismo por los motivos que animan a su autor a cometerlos, pero no por el resultado, de otro lado, los específicamente relacionados con el terrorismo, regulados en los siguientes preceptos.

 

Artículo 574 del CPDepósito de armas, municiones, explosivos y otras sustancias.
Artículo 575 del CPAdoctrinamiento y adiestramiento militar.
Artículo 576 del CPFinanciación del terrorismo.
Artículo 577 del CPColaboración con banda armada.
Artículo 578 del CPEnaltecimiento del terrorismo.
Artículo 579 del CPDifusión del terrorismo.

 

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, solo responsabilizó a las personas jurídicas del delito de financiación del terrorismo, estela que siguió la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, pero la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, las hace responder de cualquier tipo de delito de terrorismo, en el interregno, la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, en materia de delitos de terrorismo, añade dos nuevas figuras  y modifica sustancialmente todo el capítulo relativo a los delitos de terrorismo:

  • Capacitarse para cometer actos terroristas.
  • Desplazarse al extranjero para capacitarse para cometer actos terroristas.

La Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, modificó sustancialmente los delitos de terrorismo, de cuya exposición de motivos conviene extractar algunos párrafos:

«La Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2178, aprobada el 24 de septiembre de 2014, recoge la honda preocupación de la comunidad internacional por el recrudecimiento de la actividad terrorista y por la intensificación del llamamiento a cometer atentados en todas las regiones del mundo. En el catálogo de medidas que constituyen la parte dispositiva de esta Resolución, aparece en el punto sexto un recordatorio de la Resolución 1373 (2001), en virtud de la cual todos los Estados miembros deben velar por el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos actos. Tras este recordatorio, la Resolución 2178 pide a los Estados que se cercioren de que sus leyes y otros instrumentos legislativos internos tipifiquen delitos graves que sean suficientes para que se puedan enjuiciar y sancionar las conductas terroristas que se describen, de tal forma que quede debidamente reflejada la gravedad del delito.

(...)

El terrorismo internacional de corte yihadista se caracteriza, precisamente, por haber incorporado esas nuevas formas de agresión, consistentes en nuevos instrumentos de captación, adiestramiento o adoctrinamiento en el odio, para emplearlos de manera cruel contra todos aquellos que, en su ideario extremista y violento, sean calificados como enemigos. Estas nuevas amenazas deben, por tanto, ser combatidas con la herramienta más eficaz que los demócratas pueden emplear frente al fanatismo totalitario de los terroristas: la ley.

(...)

No menos importante es el fenómeno de los combatientes terroristas desplazados que deciden unirse a las filas de las organizaciones terroristas internacionales o de sus filiales en alguno de los escenarios de conflicto bélico en que los yihadistas están participando, singularmente, Siria e Irak. Este fenómeno de los combatientes terroristas desplazados es, en este momento, una de las mayores amenazas a la seguridad de toda la comunidad internacional y de la Unión Europea en particular, toda vez que éstos se desplazan para adiestrarse en el manejo de armas y explosivos, adquirir la capacitación necesaria y ponerse a las órdenes de los grupos terroristas».

La Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, en su exposición de motivos, señala:

«La transposición de la Directiva 2017/541/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la lucha contra el terrorismo, requiere ajustar la legislación penal a las previsiones de aquella norma, pues, a pesar de que la Ley orgánica 2/2015, se adelantó notablemente al contenido de la directiva, algunos puntos divergen, lo que obliga a introducir ligeros ajustes».

La responsabilidad criminal de las personas jurídicas se ha visto afectada por la citada Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, que añade un nuevo artículo 580 bis para incriminarlas por todos los delitos de terrorismo (antes solo respondían por la financiación) señalando, siempre respetando el principio de proporcionalidad, el citado precepto que:

«Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco años, o del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad.

b) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del perjuicio causado si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33».

La Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, ofrece una nueva definición de delito de terrorismo en el artículo 573 del CP que se inspira en la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, que fue derogada y sustituida en 2017 por la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo, modificada por la Decisión Marco 2008/919/JAI, de 28 de noviembre, estableciendo que la comisión de cualquier delito grave contra los bienes jurídicos que se enumeran en el apartado 1 constituye delito de terrorismo cuando se lleve a cabo con alguna de las finalidades que se especifican en el mismo apartado, siendo indiferente que quien los cometa pertenezca, actúe al servicio o colabore con una organización o grupo terrorista, o sea un individuo que lo haga sin estar integrado en una estructura de esta índole, por su parte, el artículo 573 bis establece la pena que corresponde a cada delito de terrorismo, partiendo de que si se causa la muerte de una persona se aplicará la pena de prisión por el tiempo máximo previsto en el Código penal.

La Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, incluye en los delitos de terrorismo la falsedad documental, por lo que la redacción actual del apartado 1 del artículo 573 del CP señala que:

«Se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de falsedad documental, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades:

1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

2.ª Alterar gravemente la paz pública.

3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.

4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella».

El apartado 2 del citado artículo aclara que «Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados en los artículos 197.bis y 197.ter y 264 a 264.quater cuando los hechos se cometan con alguna de las finalidades a las que se refiere el apartado anterior».

El bien jurídico protegido lo podemos identificar con esos elementos subjetivos del injusto, orden constitucional, paz social, etc., pero es preciso traer a colación la sentencia del Tribunal Supremo n.º 503/2008, de 17 de julio, ECLI:ES:TS:2008:4587, al declarar que:

«La acción terrorista es, pues, algo más que la expresión de ideas. La libre expresión y difusión de ideas, pensamientos o doctrinas es una característica del sistema democrático que debe ser preservada. Incluso, en el momento actual y en la mayoría de los países democráticos, es posible la defensa de tesis que propugnen la sustitución del sistema democrático por otro sistema político que no lo sea. La condición esencial es que esa defensa se lleve a cabo a través de vías admisibles en democracia. Esto excluye las vías y medios violentos. Salvo los casos de apología del terrorismo o provocación al delito, incluso la mera expresión de ideas violentas, sin otras finalidades, no es todavía un delito (...)».

 

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Delito de terrorismo
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Amenazas
Delitos contra el orden público
Bandas armadas
Daños y perjuicios
Armas y explosivos
Responsabilidad penal
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Documento falso
Persona física
Medios de transporte
Incendios
Recursos naturales
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Mercancías
Integridad moral
Riesgo catastrófico
Integridad física
Delito informático
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