La denuncia como medio de iniciación del proceso penal

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La denuncia se encuentra regulada en el Título I, del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Art. 259-269 ,LECrim).

Puede definirse la denuncia como una manifestación por parte de una persona en virtud de la cual se pone en conocimiento de la autoridad judicial o policial, la comisión de unos hechos determinados que pueden ser constitutivos de delito. El hecho de denunciar ha de entenderse, según el Art. 259 ,LECrim, como una obligación para cualquier ciudadano toda vez que, tal y como se desprende del mencionado precepto, aquel que presenciare cualquier delito público deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial o policial correspondiente. No obstante, esta obligación se encuentra garantizada bajo pena de multa, que será impuesta a aquellas personas que ignoren su cumplimiento.

 

Sin embargo, de conformidad con los Art. 260-261 ,LECrim, quedan exentos de la obligación de denunciar establecida por el artículo anterior:

 

  1. Los impúberes, es decir, los menores de edad.
  2. Los que no gozan del pleno uso de su razón
  3. El cónyuge del delincuente
  4. Los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines del delincuente y sus colaterales consanguíneos o uterinos y afines hasta el segundo grado inclusive
  5. Los hijos naturales respecto de la madre en todo caso, y respecto del padre cuando estuvieren reconocidos, así como la madre y el padre en iguales casos

 

Además, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al establecer la obligación de denunciar, se refiere únicamente a los delitos públicos. Esto se debe simplemente a la forma en que deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial los hechos presuntamente constitutivos de delito, que se corresponde con la denuncia en caso e delitos públicos, y de querella en el supuesto de que nos encontremos ante delitos semipúblicos o privados.

El incumplimiento de la obligación de denunciar aquellos hechos que pudieran ser penalmente perseguibles, tiene una serie de consecuencias, las cuales son distintas en función de la forma en que los hechos fueron conocidos. Así pues:

 

a) Los hechos fueron presenciados de forma directa: Cualquier persona, salvo las excepciones previstas por los Art. 260-261 ,LECrim, está obligada a denunciar bajo pena de multa para el supuesto de que así no se haga (el importe de la multa es de 25 a 250 pesetas, cantidad ridícula actualmente).

b) Los hechos fueron conocidos como consecuencia del ejercicio de profesión, cargo u oficio: El hecho de denunciar también es preceptivo para todos, teniendo en cuenta la excepción establecida por el Art. 263 ,LECrim (personas sometidas a secreto profesional o de confesión). En este supuesto, además de aplicarse la pena de multa a la que venimos refiriéndonos, en el supuesto de que el incumplidor ostentará la condición de funcionario público, los hechos deberán ser comunicados a su superior inmediato para todos los efectos que pudieran tener lugar en el orden administrativo, de conformidad con el Art. 262 ,LECrim).

c)Los hechos fueron conocidos de modo indirecto o de forma simplemente circunstancial: En este supuesto, el Art. 264 ,LECrim, dispone que deberá denunciarse, sin embargo, no se establece ninguna sanción en caso de incumplimiento.

d)Los hechos son denunciados por su propio autor (por el delincuente): Es lo que se denomina la autodenuncia, lo cual no está sujeto a obligación alguna, es decir, el hecho de que el autor de unos hechos que pueden ser constitutivos de delito no los ponga en conocimiento de la autoridad judicial no es sancionable. No obstante, el Art. 24 ,Código Penal establece para este caso, que deberá aplicársele al reo una circunstancia atenuante de responsabilidad.

A lo largo de todas estas líneas, se ha venido delimitando la legitimación activa de la denuncia, es decir, se han determinado las personas que pueden formular denuncia ante unos hechos constitutivos de delito. Sin embargo, nada se ha dicho respecto de la legitimación pasiva, es decir, ante qué órganos deberá presentarse una denuncia.

En este sentido, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la denuncia ha de ser presentada ante los órganos jurisdiccionales, ante el Ministerio Fiscal o ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No obstante, dependiendo del órgano ante el que la denuncia sea formulada, sus efectos serán distintos. Así pues:

 

1. La denuncia se presenta ante el Juzgado de Paz, Juzgado de Instrucción y Tribunal competente: Tal y como se prevé, esto puede llevar a creer que la denuncia puede formularse ante cualquier órgano judicial. Sin embargo, ha de entenderse que el juzgado competente para conocer de la denuncia será el de Instrucción o el de Violencia sobre la Mujer que correspondan de acuerdo con el criterio territorial que viene establecido por los Art. 15 ,LECrim y Art. 15 bis ,LECrim

2. La denuncia se formula ante el Ministerio Fiscal: Así lo prevén los Art. 259,Art. 262,Art. 264,773.2 ,LECrim y el Art. 5 ,Ley 50/1981, de 30 de diciembre.

3. La denuncia es presentada ante funcionarios de la policía: A pesar de que la ley no lo dice expresamente, en el término “policía” deberán incluirse todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Ley no exige un excesivo formalismo a la hora de presentar una denuncia. Son los Art. 265-267 ,LECrim los que establecen la forma en que una denuncia puede ser formulada. Así, las denuncias podrán llevarse a cabo por escrito o de palabra, personalmente o a través de mandatario con poder especial para ello (Art. 265 ,LECrim). El Art. 266 ,LECrim establece que, en el supuesto de presentarse una denuncia por escrito, ésta debe estar firmada por el denunciante o, en su defecto, por otra persona a su ruego. Por el contrario, el Art. 267 ,LECrim regula la denuncia verbal diciendo que en este caso, el funcionario o la autoridad que la recibiere, deberá emitir acta donde se expresará la manifestación y circunstancias del denunciante, debiendo ser firmada por ambos.

Los efectos que se producen tras la presentación de una denuncia son dos: los derivados de su propia presentación y los derivados de su naturaleza. La recepción de la denuncia por el organismo correspondiente determina que éste deberá llevar a cabo una calificación previa de los hechos. En el supuesto de que se determine que los hechos no son constitutivos de delito o falta, el receptor de la denuncia deberá abstenerse de cualquier actuación. En caso de que sea el Ministerio Fiscal el receptor, pueden ocurrir varias cosas: que el Fiscal acuerde el archivo de la denuncia por carecer de fundamento; que remita la denuncia al Juzgado competente; o que ordene practicar las diligencias que estimen necesarias en aras a comprobar los hechos denunciados.

Finalmente, cabe la posibilidad de que sea la propia policía y no un ciudadano quien formule una denuncia a partir de un atestado que pondrán en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal en los términos previstos por el Art. 284 ,LECrim. Asimismo, los Art. 292-293 ,LECrim, vienen a establecer el modo en que dicha comunicación ha de producirse. Así pues, tal y como se desprende de los mencionados preceptos, los funcionarios de la policía judicial deberán elaborar un atestado de todas las diligencias que practiquen, donde deberán especificar los hechos averiguados por ellos. Asimismo, la misma policía judicial, deberá remitir con el atestado un informe en el que deberá dejar constancia de las detenciones anteriores.

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