Derecho Concursal

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    Órden: Mercantil Fecha última revisión: 01/02/2016

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La figura del Derecho Concursal encuentra su desarrollo en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Se trata de una norma que ha sufrido numerosas modificaciones desde su entrada en vigor el 1 de septiembre de 2004.

Los principios informadores de esta norma son tres: principio de unidad legal, principio de disciplina y el principio de sistema.

 

Presupuestos de la declaración de concurso

La declaración de concurso cuenta con unos presupuestos de carácter subjetivo y otros de carácter objetivo:

  • Presupuestos subjetivos

⇒ Procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica.

⇒ El concurso de la herencia podrá declararse en tanto no haya sido aceptada pura y simplemente.

No podrán ser declaradas en concurso las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público.

  • Presupuestos objetivos

⇒ La declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común.

⇒ Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.

⇒ Si la solicitud de declaración de concurso la presenta el deudor, deberá justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, que podrá ser actual o inminente. Se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones.

⇒ Si la solicitud de declaración de concurso la presenta un acreedor, deberá fundarla en título por el cual se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo resultasen bienes libres bastantes para el pago, o en la existencia de alguno de los siguientes hechos:

1º. El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor.

2º. La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor.

3º. El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor.

⇒ El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período; las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.

 

¿Quién está legitimado/a para solicitar la declaración de concurso?

El deudor, cualquiera de sus acreedores y el mediador concursal en caso de que se trate del procedimiento del “Acuerdo Extrajudicial de Pagos”.

En caso de que se trate el deudor de una persona jurídica, podrá decidir sobre la solicitud el órgano de administración o de liquidación, aunque también podrán los socios, miembros o integrantes que sean personalmente responsables.

Los acreedores del deudor fallecido, los herederos de éste y el administrador de la herencia podrán solicitar la declaración de concurso de la herencia no aceptada pura y simplemente.

NO ESTARÁ LEGITIMADO, el acreedor que, dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, hubiera adquirido el crédito por actos ínter vivos y a título singular, después de su vencimiento.

El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que el deudor ha conocido su estado de insolvencia cuando haya acaecido alguno de los hechos que pueden servir de fundamento a una solicitud de concurso necesario conforme al apartado 4 del Art. 2 ,Ley Concursal y, si se trata de alguno de los previstos en su párrafo 4º., haya transcurrido el plazo correspondiente.

 

¿Qué órgano será el competente para conocer del concurso?

Será competente con jurisdicción exclusiva y excluyente, los JUECES DE LO MERCANTIL, en las siguientes materias:

1º. Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También conocerá de la acción a que se refiere el Art. 17 ,LEC apartado 1.

2º. Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de esta ley, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral.

. Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado.

4.º Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado excepto las que se adopten en los procesos que quedan excluidos de su jurisdicción en el párrafo 1.º de este precepto y, en su caso, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 52 ,Ley Concursal, las adoptadas por los árbitros en las actuaciones arbitrales, sin perjuicio de la competencia del juez para acordar la suspensión de las mismas, o solicitar su levantamiento, cuando considere que puedan suponer un perjuicio para la tramitación del concurso.

5º. Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita y, en concreto, las que le atribuye la Ley 1/ 1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

6.º Las acciones de reclamación de deudas sociales interpuestas contra los socios subsidiariamente responsables de los créditos de la sociedad deudora, cualquiera que sea la fecha en que se hubiera contraído y las acciones para exigir a los socios de la sociedad deudora el desembolso de las aportaciones sociales diferidas o el cumplimiento de las prestaciones accesorias.

7.º Las acciones de responsabilidad contra los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, y contra los auditores por los daños y perjuicios causados, antes o después de la declaración judicial de concurso, a la persona jurídica concursada.

 

A través del bloque “DERECHO CONCURSAL”, podrán consultar toda la información acerca del proceso concursal, desde la declaración de concurso, efectos, fases (Fase común, Fase de convenio y Fase de liquidación), proceso de calificación, hasta su conclusión como también el denominado “acuerdo extrajudicial de pagos”.

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