El derecho de defensa en el proceso penal

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 14/08/2019

Para el TC  el derecho de defensa garantiza tres derechos al acusado: a defenderse por sí mismo, a defenderse mediante asistencia letrada de su elección y, en determinadas condiciones, a recibir asistencia letrada gratuita.

El derecho a la defensa y a la asistencia letrada tiene por finalidad asegurar la realización efectiva de los principios de igualdad y contradicción presentes en el proceso penal, los cuales imponen a los órganos judiciales el deber de evitar desequilibrios entre las partes o limitaciones en la defensa que puedan causar indefensión. El hecho de no poder comparecer ante un juez no puede vulnerar el derecho a la asistencia letrada, ya que el carácter no preceptivo de la intervención de abogado en algunos procedimientos no implica que las partes tengan que actuar personalmente, sino que les faculta para elegir entre la autodefensa o la defensa técnica.

El Tribunal Constitucional ha declarado en la sentencia 37/1998, Recurso de amparo 604/1985, de 3 de marzo, haciendo eco de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el derecho de defensa “garantiza tres derechos al acusado: a defenderse por sí mismo, a defenderse mediante asistencia letrada de su elección y, en determinadas condiciones, a recibir asistencia letrada gratuita”. La opción a favor de alguna de estas tres modalidades no puede implicar la renuncia o imposibilidad de ejercer alguna de las otras, siempre que sea necesario, para dar realidad efectiva en cada caso a la defensa en un juicio penal. Frente a esta posibilidad de autodefensa, en nuestro proceso penal se considera que la tecnificación de los trámites procesales y el conocimiento de la legislación, hacen necesario que el implicado en un proceso sea asistido, en todo momento, por un experto en derecho, por lo que, si el imputado rehúsa a nombrarlo o carece de medios para hacer frente a sus honorarios, el Estado asume la obligación de designarlo.

Solo es facultativa la asistencia letrada en el proceso penal español en el juicio por delitos leves, excepto si la multa tiene como límite máximo, al menos, 6 meses de duración, en cuyo caso se aplicarán las reglas generales de defensa y representación (art. 967.1 de la LECRIM). El Tribunal Constitucional estimó la demanda de amparo en la sentencia 212/1988, recurso de amparo 1.472/1997 de 27 de octubre de 1998 en un juicio en el que no se suspendió el juicio de faltas por estar pendiente la designación del letrado de oficio, al considerar que la asistencia letrada conlleva el derecho del litigante que no dispone de recursos económicos suficientes a que se designe un abogado de oficio. Esto se completa con la sentencia del Tribunal Constitucional 299/2006, Recurso de amparo 5876-2002, de 23 de octubre de 2006, en la que se determina que el ejercicio de la defensa ofrece una cobertura reforzada a las manifestaciones vertidas tanto por los abogados en el ejercicio de su función de defensa, como por los ciudadanos que asumen por sí mismos en un procedimiento la defensa de sus derechos e intereses legítimos, por no ser preceptiva la asistencia letrada. Por otro lado, la sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca Nº 17/2017, Sección 1, Rec 5/2017 de 28 de febrero de 2017, añade a este respecto que, ante la invocación de nulidad de actuaciones: “La lectura de las actuaciones muestra, a las claras, que dicho motivo debe venir desestimado, pues, aun siendo cierto que dicho apelante se presentó en el acto del juicio sin abogado, mientras que la denunciante vino defendida por tal clase de profesional, no es cierto que en ningún momento no se le indicara al compareciente que podría designar abogado para que le defendiera en el plenario. En efecto, en la diligencia de citación de 21.09.2016, se le hizo entrega de cédula en la cual se le advertía, literal y expresamente, de que podría comparecer al acto del juicio asistido de abogado si así lo deseaba y, sin embargo, a sabiendas de ello permaneció pasivo, no mostrando interés alguno por dicha posibilidad, y así, primero, no solicitó del Juzgado a quo, antes de la celebración de dicho juicio, que se le designara abogado de oficio para defenderle, ni tampoco, después, al inicio del acto del juicio oral, comprobando que la denunciante venia asistida de abogado, tampoco interesó dicha designación con suspensión de dicho acto”.

El artículo 988 de la LECRIM tampoco exige la asistencia letrada, aunque la sentencia Nº 722/2016, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 10268/2016 de 28 de septiembre de 2016 disponga que es preceptiva, pronunciándose en los siguientes términos: “Esta Sala y el Tribunal Constitucional, han exigido que en los incidentes de acumulación de condena el penado goce de asistencia letrada que garantice los principios de contradicción, igualdad de armas y proscripción de la indefensión pues la resolución de los mismos va a afectar a su libertad personal. Y si en los distintos procedimientos por los delitos cuyas condenas se pretenden refundir se exigió la postulación procesal, no hay motivo para no hacerlo en el trámite en el que se va a fijar la duración máxima del tiempo de privación de libertad que habrá de soportar. Se trata precisamente de dotar de efectividad al derecho de defensa cuando se decide algo tan relevante como la concreción de la pena a cumplir”.

El interesado podrá cambiar de letrado de forma voluntaria cuantas veces quiera, siempre que no suponga un fraude de ley o uso fraudulento del derecho, en cuyo caso el tribunal tendrá que rechazar la pretensión. La sentencia Nº 821/2016, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 733/2016 de 02 de noviembre de 2016, recoge la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y de la propia Sala Segunda, expresada en los siguientes apartados:

  • El derecho a la defensa, que incluye el derecho a ser defendido por un abogado de confianza, permite por lo general el cambio de letrado cuando se ha perdido la confianza en el mismo, o cuando el acusado desee renunciar al abogado de oficio y designar uno propio por estimarse insuficientemente defendido.
  • Este derecho no es ilimitado, se encuentra limitado por la obligación del tribunal de rechazar las solicitudes que entrañen abuso de derecho o fraude de ley, según el artículo 11.2 LOPJ.
  • La invocación del abuso de derecho no puede transformarse en un criterio general para denegar la solicitud de cambio de letrado, ya que es un límite de un derecho fundamental, cuyo contenido debe ser respetado.
  • Los supuestos en que la solicitud de cambio del abogado designado puede ser desatendida por el Tribunal sobre la base del abuso de derecho son aquellos en que la petición es arbitraria, es decir inmotivada o motivada de forma irrazonable:
    1. bien porque la defensa de oficio en autos no manifiesta ninguna carencia en su tarea ante el Tribunal;
    2. bien porque las carencias o desacuerdos alegados por el propio acusado respecto de la defensa realizada por su abogado aparecen como irrelevantes o manifiestamente injustificadas;
    3. bien porque se ponga de manifiesto una estrategia dilatoria al demorar injustificadamente la solicitud hasta el propio momento del juicio;
    4. bien porque se aprecie una calculada desidia a la hora de hacer valer el propio derecho de defensa.
  • En todo caso al Tribunal le corresponde explicitar en sentencia la motivación de esa denegación, si se ha realizado en el juicio oral.
  • En definitiva, el canon de valoración relevante para determinar si se ha producido o no, vulneración del derecho constitucional de defensa, es la valoración de si el acusado ha dispuesto o no de una defensa efectiva.

Por último, el Tribunal Constitucional, en su sentencia Nº 135/1989, Sala Primera, Recurso de amparo 1.273/1987 de 19 de Julio de 1989, recuerda que la nulidad de los actos procesales (arts. 238-240 LOPJ) se condiciona a la existencia de una efectiva e insoportable indefensión, que quiebre la igualdad de armas. El Tribunal ha dispuesto a tal efecto en esta sentencia que “La invalidez de las declaraciones sumariales prestadas con incumplimiento de las garantías reconocidas al imputado en el artículo 118 de la Ley de enjuiciamiento criminal solo transcenderán, con efecto defensor, a otros actos del procedimiento cuando se produzca una efectiva indefensión del imputado por ser su declaración irregular, el único fundamento de su procesamiento. Si no se da tal circunstancia aquella irregularidad no debe transcender por sí sola hasta causar la nulidad del juicio”.

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Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 260 Fecha de Publicación: 17/09/1882 Fecha de entrada en vigor: 15/10/1882 Órgano Emisor: Ministerio De Gracia Y Justicia

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