Derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos

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  • Orden: Laboral
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El Derecho a la negociación colectiva se reconoce en el apdo. 1, Art. 37 ,Constitución Española.

 

El Derecho a la negociación colectiva se reconoce en el apdo. 1, Art. 37 ,Constitución Española, precepto ubicado en la Sección 2ª , que lleva por rúbrica "De los Derechos y deberes de los ciudadanos"; del Capítulo II, intitulado "Derechos y libertades", del Título Primero de la Constitución, que tiene por denominación "De los Derechos y deberes fundamentales". (STC 58/1985, de 30 de abril , FJ 3).

La negociación colectiva tiene lugar entre un empleador/es, por un lado, y una o más organizaciones de trabajadores, por el otro; existiendo requisitos legales en relación con los Sujetos legitimados en la negociación de convenios colectivos y una Materias laborales cuya regulación se realiza por Negociación Colectiva sobre las materias negociadas.

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Derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos

El derecho a la negociación colectiva se encuentra legalmente reconocido a los empleados públicos. STS 26/11/2012 (R. 247/2011)

Así, el Art. 37 ,Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece y enumera las materias que deben ser objeto de negociación colectiva en el ámbito respectivo de cada Administración Pública, entre las que figura la siguiente:

  • a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas.
  • b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
  • c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos.
  • d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.
  • e) Los planes de Previsión Social Complementaria.
  • f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna.
  • g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas.
  • h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
  • i) Los criterios generales de acción social.
  • j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales.
  • k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de ley.
  • l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
  • m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.

En el ámbito de los funcionarios públicos, quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes:

  • a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización.
  • Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las organizaciones sindicales a que se refiere este Estatuto.
  • b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas.
  • c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.
  • d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.
  • e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.

Más aún, incluso si se tratara de negociación colectiva de funcionarios públicos, el apdo, 10, Art. 38 ,Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre dice:

10. Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público.

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