Derecho a la neutralidad y acceso universal a Internet en la LO 3/2018 (LOPDGDD)

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 08/02/2019

Conforme al mandato establecido en la Constitución Española, el Título X acomete la tarea de reconocer y garantizar un elenco de derechos digitales de los ciudadanos.

Los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales en que España sea parte son plenamente aplicables en Internet. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los proveedores de servicios de Internet contribuirán a garantizar su aplicación (artículo 79)

Según se explica en el Preámbulo de la Ley, "Internet, por otra parte, se ha convertido en una realidad omnipresente tanto en nuestra vida personal como colectiva. Una gran parte de nuestra actividad profesional, económica y privada se desarrolla en la Red y adquiere una importancia fundamental tanto para la comunicación humana como para el desarrollo de nuestra vida en sociedad”. En este contexto, “corresponde a los poderes públicos impulsar políticas que hagan efectivos los derechos de la ciudadanía en Internet promoviendo la igualdad de los ciudadanos y de los grupos en los que se integran para hacer posible el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en la realidad digital. La transformación digital de nuestra sociedad es ya una realidad en nuestro desarrollo presente y futuro tanto a nivel social como económico. En este contexto, países de nuestro entorno ya han aprobado normativa que refuerza los derechos digitales de la ciudadanía.".

En concreto los artículos 80 y 81 de la LOPDGDD se encargan de regular el derecho a la neutralidad de Internet y el derecho de acceso universal a Internet, respectivamente.

Con respecto al derecho a la neutralidad de Internet por parte de los usuarios, la norma indica que los proveedores de servicios de Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos. Esto supone que todos los datos deberán ser tratados de la misma forma independientemente de su contenido, de modo que no se podrá dar prioridad por ejemplo a paquetes de datos de pago que podrían ser más rentables para las operadoras.

 

En cuanto al derecho de acceso universal a Internet, el Estado deberá garantizar que todos tengan este derecho con independencia de su condición personal, social, económica o geográfica. Además este acceso deberá ser universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población, superando la brecha de género tanto en el ámbito personal como laboral y la brecha generacional (mediante acciones dirigidas a la formación y acceso a las personas mayores).

Igualmente se atenderá a la realidad específica de los entornos rurales y se garantizarán condiciones de igualdad para las personas que cuenten con necesidades especiales en sus conexiones a Internet.

El contenido de este derecho debe entenderse complementado por mandato del artículo 97 de la LOPDGDD, en cuanto a las Políticas de impulso de los derechos digitales, que deberán llevar a cabo el Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, mediante la elaboración de un Plan de Acceso a Internet.

En palabras del Grupo de Trabajo sobre Derechos Digitales de los Ciudadanos, "La brecha digital entre países, o entre territorios dentro de un mismo país, crea asimetrías, impide una participación activa y global y aumenta aún más la brecha entre países ricos y pobres. Por eso es necesario un mayor grado de alfabetización digital de las personas, con mayor eficiencia y uso eficaz de los recursos disponibles. Es necesario, por tanto, romper las barreras económicas, técnicas, sociales y en su caso regulatorias para reducir la desigualdad y la pobreza. Eso significa, por un lado, facilitar el despliegue de las infraestructuras necesarias y, por otro, fomentar la capacitación digital de los ciudadanos. Se trata de una tarea compartida que requiere de un compromiso para alcanzar la plena inclusión de todos en el mundo digital. [...] Las sociedades experimentan cambios que exigen nuevos modos de hacer las cosas. Los roles que tradicionalmente han jugado empresas y gobiernos se entremezclan y difuminan, haciendo que las primeras deban incorporar a su cultura la garantía de los derechos y los segundos definir reglas del juego que doten de estabilidad y potencien la transformación digital. Este es un esfuerzo que requiere un compromiso estable de cooperación de todas las partes implicadas: el sector público, el sector privado y la sociedad civil, para tratar de alcanzar estándares universales seguros".

 

Recuérde que según lo establecido en el artículo 2º, todos los derechos recogidos en este Título X (salvo los artículos 89 a 94) quedan fuera del ámbito de competencia de la AEPD y deberán recaer bajo la competencia del organismo público que sea designado tras el correspondiente desarrollo normativo.

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