La regulación del ejercicio del derecho de separación de un consorcio por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, reguladora del Régimen Jurídico del Sector Público

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Con la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se establece por primera vez la previsión legal del derecho de separación de los consorcios, Art. 125-126 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre. La norma general al respecto es que el ejercicio de dicho derecho de separación produce la disolución del consorcio, salvo que el resto de sus miembros, de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, dos Administraciones, o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una Administración.

 

En los consorcios, antes de la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, no estaba previsto el derecho de separación, aunque sí podía preverse en las disposiciones estatutarias que lo regulasen. Ahora, el derecho de separación de los consorcios se encuentra previsto en el Art. 125 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre que establece lo siguiente:

  • Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicación lo previsto en esta Ley o en la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre que no se haya señalado término para la duración del consorcio.

  • Cuando el consorcio tenga una duración determinada, cualquiera de sus miembros podrá separase antes de la finalización del plazo si alguno de los miembros del consorcio hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias y, en particular, aquellas que impidan cumplir con el fin para el que fue creado el consorcio, como es la obligación de realizar aportaciones al fondo patrimonial.

  • Cuando un municipio deje de prestar un servicio, de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y ese servicio sea uno de los prestados por el Consorcio al que pertenece, el municipio podrá separarse del mismo.

  • El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al máximo órgano de gobierno del consorcio. En el escrito deberá hacerse constar, en su caso, el incumplimiento que motiva la separación si el consorcio tuviera duración determinada, la formulación de requerimiento previo de su cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado para cumplir tras el requerimiento.

Por su parte, y en cuanto a los efectos,  el apartado 1 del Art. 126 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre dispone que el ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio (por le que habría que atender a lo dispuesto en el Art. 127 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre) salvo que el resto de los miembros, de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, dos Administraciones, o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una Administración.

En el caso de que no se produzca la disolución, se aplicarán, en virtud de lo dispuesto en el apdo. 2 del Art. 126 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre) las siguientes reglas:

  • Se calculará la cuota de separación que corresponda a quien ejercite su derecho de separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación, teniendo en cuenta el criterio de reparto dispuesto en los estatutos.

    A falta de previsión estatutaria, se considerará cuota de separación la que le hubiera correspondido en la liquidación. En defecto de determinación de la cuota de liquidación se tendrán en cuenta, tanto el porcentaje de las aportaciones al fondo patrimonial del consorcio que haya efectuado quien ejerce el derecho de separación, como la financiación concedida cada año. Si el miembro del consorcio que se separa no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido al consorcio.

    Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la forma y condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de separación si la cuota es negativa.

    La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación, en el supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, si la cuota es negativa.

  • Si el consorcio estuviera adscrito, de acuerdo con lo previsto en la Ley, a la Administración que ha ejercido el derecho de separación, tendrá que acordarse por el consorcio a quien se adscribe, de las restantes Administraciones o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de una Administración que permanecen en el consorcio, en aplicación de los criterios establecidos en la Ley.

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Disolución del consorcio conyugal
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Obligación de hacer
Patrimonio neto