Derechos de los administrados en su relación con la Administración y su regulación por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 29/11/2019

Superando el tradicional término de "administrado", y sustituyéndolo por el de persona, los Art. 13,Art. 14 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre se ocupan, ya no sólo de abordar los derechos de éstas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, sino también de establecer un cuadro de derechos y obligaciones a la hora de relacionarse electrónicamente con ellas


Tal y como indica el Preámbulo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas se encuentra protegida a través de una serie de instrumentos tanto de carácter reactivo, entre los que destaca el sistema de recursos administrativos o el control realizado por jueces y tribunales, como preventivo, a través del procedimiento administrativo, que es la expresión clara de que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como reza el Art. 103 ,Constitución Española. Más adelante señala que el referido artículo establece los principios que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, entre los que destacan el de eficacia y el de legalidad, al imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho. La materialización de estos principios se produce en el procedimiento, constituido por una serie de cauces formales que han de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y las empresas, que deben ejercerse en condiciones básicas de igualdad en cualquier parte del territorio, con independencia de la Administración con la que se relacionen sus titulares.

Por su parte, los Art. 13,Art. 14 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre se ocupan, ya no sólo de abordar los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, sino también de establecer un cuadro de derechos y obligaciones a la hora de relacionarse electrónicamente con ellas.  

Así, y por lo que respecta a los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, el Art. 13 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre dispone lo siguiente:

  • Quienes de conformidad con el Art. 3 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:

    • A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

Respecto de la sede electrónica, el Art. 38Ley 40/2015, de 1 de octubre define la misma como “aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias”. Su establecimiento "conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de esta". Por portal de internet se entenderá, a tenor de lo dispuesto en el Art. 39Ley 40/2015, de 1 de octubre, el "punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente".

  • A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.Los Art. 38-46Ley 40/2015, de 1 de octubre se ocupan del "funcionamiento electrónico del sector público".

En ellos se establece la obligación de que las Administraciones Públicas se relacionen entre sí por medios electrónicos con el fin de favorecer la interoperabilidad entre las mismas, mejorar la eficiencia, la seguridad jurídica y la transparencia

  • A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

  • Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

Como dispone el apartado 1 del Art. 82Ley 39/2015, de 1 de octubre, instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados, o en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento.

Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes (apdo. 2 del Art. 82Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Sentado lo anterior, cabe hacer hincapié en que la apertura del trámite de audiencia ha de ser realizada de oficio por parte de la Administración, lo cual es punto clave para diferenciarlo de las alegaciones del Art. 76Ley 39/2015, de 1 de octubre que por propia iniciativa puede realizar el interesado en cualquier momento.

Las limitaciones al completo conocimiento del expediente por parte del administrado, como se ha apuntado, se encuentran establecidas en el Art. 14, Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Ahora bien, tales limitaciones han de entenderse de forma que no produzcan indefensión, de ahí que, como establece el apartado 2 del Art. 14ley 39/2015, de 1 de octubre, “la aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”.

  • A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
  • A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.

  • A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.

Respecto a los sistemas de identificación de las Administraciones Públicas, el apartado 1 del Art. 40Ley 40/2015, de 1 de octubre dispone que las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos. Se entenderá identificada la Administración Pública respecto de la información que se publique como propia en su portal de internet.

  • A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE), conocido como «Reglamento General de Protección de Datos» o  ;RGPD, entró en vigor el 25 de mayo de 2016, a pesar de que su aplicación plena comenzó el 25 de mayo de 2018.

Por su parte, el 7 de diciembre de 2018 entró en vigor la normativa que transpone al derecho español dicho reglamento y que amplía algunas de las lagunas o preceptos indeterminados, en concreto la denominada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, también denominada ;LOPDGDD.

  • Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

En otro orden de cosas, el Art. 14 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre se ocupa del derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas

  • Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.

  • En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

    • Las personas jurídicas.

    • Las entidades sin personalidad jurídica.

    • Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

    • Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

    • Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

  • Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

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Recursos administrativos
Actividad administrativa
Actuación administrativa
Certificado electrónico
Protección de datos
Capacidad de obrar
Firma electrónica
Seguridad jurídica
Tramitación telemática
Persona física
Empleados de la Administración Pública
Datos personales
Indefensión
Número de identificación fiscal
Actividades profesionales
Tratamiento de datos personales
Personalidad jurídica
Colegiación obligatoria
Persona jurídica
Registrador de la Propiedad
Capacidad económica

Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Dic (Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales -LOPDGDD-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 294 Fecha de Publicación: 06/12/2018 Fecha de entrada en vigor: 07/12/2018 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 39/2015 de 1 de Oct (Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de Abr DOUE (Reglamento general europeo de protección de datos (GDPR/RGPD)) VIGENTE

Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea Número: 118 Fecha de Publicación: 04/05/2016 Fecha de entrada en vigor: 24/05/2016 Órgano Emisor: Parlamento Europeo Y Consejo

Ley 19/2013 de 9 de Dic (Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 295 Fecha de Publicación: 10/12/2013 Fecha de entrada en vigor: 11/12/2013 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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