Derechos de los administrados en su relación con la Administración y su regulación por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

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Superando el tradicional término de "administrado", y sustituyéndolo por el de persona, los Art. 13,Art. 14 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre se ocupan, ya no sólo de abordar los derechos de éstas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, sino también de establecer un cuadro de derechos y obligaciones a la hora de relacionarse electrónicamente con ellas


Tal y como indica el Preámbulo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas se encuentra protegida a través de una serie de instrumentos tanto de carácter reactivo, entre los que destaca el sistema de recursos administrativos o el control realizado por jueces y tribunales, como preventivo, a través del procedimiento administrativo, que es la expresión clara de que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como reza el Art. 103 ,Constitución Española. Más adelante señala que el referido artículo establece los principios que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, entre los que destacan el de eficacia y el de legalidad, al imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho. La materialización de estos principios se produce en el procedimiento, constituido por una serie de cauces formales que han de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y las empresas, que deben ejercerse en condiciones básicas de igualdad en cualquier parte del territorio, con independencia de la Administración con la que se relacionen sus titulares.

Por su parte, los Art. 13,Art. 14 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre se ocupan, ya no sólo de abordar los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, sino también de establecer un cuadro de derechos y obligaciones a la hora de relacionarse electrónicamente con ellas.  

Así, y por lo que respecta a los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, el Art. 13 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre dispone lo siguiente:

  • Quienes de conformidad con el Art. 3 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:

    • A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

    • A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

    • A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

    • Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

    • A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

    • A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.

    • A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.

    • A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

    • Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

  • Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el Art. 53 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.

En otro orden de cosas, el Art. 14 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre se ocupa del derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas

  • Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.

  • En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

    • Las personas jurídicas.

    • Las entidades sin personalidad jurídica.

    • Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

    • Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

    • Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

  • Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

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