Los derechos y deberes de los empleados públicos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 11/12/2019

La regulación de los derechos y deberes de los empleados públicos se encuentra en el Título III del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Por lo que se refiere a los primeros, este texto diferencia, por un lado, los derechos individuales, y, por otro, los derechos individuales ejercidos colectivamente. 

Todos los tipos de empleados públicos también están sujetos a un estricto régimen de obligaciones. Así, repasemos las líneas principales en lo relacionado con los derechos y deberes de los empleados públicos. A los derechos y deberes de los empleados públicos se dedica en su totalidad el Título III del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En lo que respecta a los derechos de los empleados públicos, el Capítulo I del Título III de la norma distingue entre los "derechos individuales" y los "derechos individuales ejercidos colectivamente". Los derechos individuales, enumerados en el Art. 14 ,Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; son los siguientes: 

  • A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.

  • Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional.

  • A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación.

  • A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.

  • A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.

  • A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.

  • A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.

  • Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral.

  • A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

  • A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

  • A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.

  • A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

  • A las vacaciones, descansos, permisos y licencias.

  • A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables.

  • A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea de aplicación.

  • A la libre asociación profesional.

  • A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

A todos estos derechos cabría añadirle los comunes de cualquier otro tipo de trabajador, como pueden ser los personales, que hacen referencia al salario, las vacaciones o la jubilación, como los colectivos que pueden hacer referencia a la sindicación, asociación, reunión o huelga, con las características sujetas a cada legislación propia.

Por su parte, el Art. 15 ,Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre relaciona los derechos individuales ejercidos colectivamente. Así, los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio:

  • A la libertad sindical.

  • A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo.

  • Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

  • Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.

  • Al de reunión, en los términos establecidos en el Art. 46 ,Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Algunos de los derechos que se han enumerado se encuentran regulados, ya de forma concreta, en los siguientes lugares de la norma:

Por lo que respecta a los deberes de los empleados públicos, a ellos se dedica el Capítulo VI del Título III del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, rotulado “Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta” (Art. 52-54 ,Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre). A título enunciativo cabe decir que el marco general sobre los mismos es el que determina el Art. 52 ,Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), que establece lo siguiente:

  • Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.

  • Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.

Estas son las bases que deben regir la forma de enfrentarse a sus responsabilidades de todos los empleados públicos, ajustándolas a su grupo de clasificación profesional del personal funcionario. Se completan con estos principios rectores:

  1. Respeto en la atención que se de a ciudadanos, superiores y compañeros.
  2. Diligencia en sus tareas, cumpliendo sus horarios y jornadas laborales
  3. Obediencia a las instrucciones dadas por sus superiores, salvo en los casos en los que incurran en una infracción
  4. Se proporcionará la información requerida a los ciudadanos en los asuntos que tengan derecho a conocer
  5. No se aceptará ningún regalo o favor que supere los de los usos de cortesía o sociales

 

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RDLeg. 5/2015 de 30 de Oct (TR. de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 261 Fecha de Publicación: 31/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 01/11/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Hacienda Y Administraciones Publicas

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