Desarrollo del acto de juicio oral en el proceso penal

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

La celebración del acto del juicio oral requiere de una fase preparatoria, la cual comenzará a desarrollarse tras haber evacuado las partes el trámite de la calificación provisional del delito, regulada en los Art. 649-655 ,LECrim. En esta fase preparatoria se llevan a cabo una serie de actos que, en suma, se resumen en los siguientes:

 

La admisión o denegación de las pruebas propuestas por las partes en sus escritos de calificación provisional para proceder a su práctica en la vista

En el escrito de calificación, las partes deberán manifestar las pruebas de que intenten valerse, debiendo presentar listas de testigos y peritos que puedan declarar a su instancia en el acto del juicio (656.1 ,LECrim). Una vez formulados los escritos de calificación o, una vez recogida la causa de poder de quien la tuviere con posterioridad al término señalado en el Art. 649 ,LECrim (5 días), el Tribunal decretará Auto declarando elaborada la calificación y ordenando que se de traslado de la misma al Ponente para que en el plazo de 3 días proceda a analizar todas las pruebas propuestas (659.1,659.2 ,LECrim).

La decisión de admitir o no las pruebas propuestas por las partes, corresponde al Tribunal, en virtud de la cual, por medio de un juicio basado en criterios de pertinencia, utilidad y legalidad, resuelve cuáles son las pruebas propuestas por las partes que finalmente serán practicadas o no en el acto del juicio.

El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes en un proceso judicial ha sido constitucionalizado como un derecho fundamental a través del 24.2 ,CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, el cual podrá ser ejercitado en cualquier tipo de proceso siendo inherente al derecho de defensa. Por consiguiente, nos encontramos ante un derecho fundamental de configuración legal, toda vez que sus efectos protectores únicamente se aplican en aquellos supuestos en que las pruebas pertinentes estén permitidas por la Ley y hayan sido solicitadas de acuerdo con la legalidad procesal en lo que al tiempo y forma de su proposición se refiere. Es por ello que no existe un derecho a la recepción de pruebas ilícitas, es decir, aquellas que fueron obtenidas con vulneración de los derechos fundamentales de las personas debido a la colisión que ello supondría con el derecho a un proceso con todas las garantías (24.2,Art. 14 ,CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA).

No obstante, a pesar de encontrarse reconocido en la Constitución Española, el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes en un proceso judicial, corresponde a los Jueces y Tribunales determinar la legalidad y pertinencia de las pruebas propuestas, sin perjuicio de su sometimiento a censura constitucional en aquellos supuestos en que las pruebas se hubieren admitido sin motivación alguna o a través de una interpretación y aplicación de la legalidad arbitraria i irrazonable.

En lo que respecta a los criterios utilizados por los órganos jurisdiccionales acerca de la pertinencia de las pruebas propuestas, cabe distinguir:

 

1. Pertinencia objetiva.- Requiere la relación entre el medio de prueba propuesto con el objeto del proceso, es decir, con lo que pertenece o es propio del proceso.

2. Pertinencia funcional.- Exige un juicio de necesidad, posibilidad y relevancia, pudiendo declararse inamisibles las pruebas relativas a hechos notorios, intranscendentes, ya comprobados o no controvertidos o, en aquellos supuestos en que el objeto de prueba resulta imposible o totalmente desproporcionado.

Contra el Auto que admite las pruebas propuestas o que ordene practicar la prueba anticipada según las disposiciones del 657.3 ,LECrim, no cabe recurso. No obstante, contra el Auto que las admite cabe recurso de casación (850.1 ,LECrim), debiendo prepararse oportunamente formulando en tal acto la correspondiente protesta, tal y como se desprende del Art. 659 ,LECrim.

 

La sustanciación, en su caso, del incidente de recusación de los peritos propuestos

De conformidad con el Art. 656 ,LECrim, el Ministerio Fiscal y las partes manifestarán en sus respectivo escritos de calificación las pruebas de que intenten valerse, presentando listas de peritos y testigos que hayan de declarar a su instancia. Asimismo, deberán señalar sus circunstancias personales y adjuntar con dichos escritos tantas copias de las referidas listas como sean partes contrarias, a cada una de las cuales se les entregará el mismo día de su presentación una copia de aquéllas (Art. 657 ,LECrim).

 

No obstante, las partes podrán recusar a los peritos expresados en las listas dentro de los 3 días siguientes al de la entrega al recusante de la lista que contenga el nombre del recusado, alegando cualquiera de las causas previstas en el Art. 468 ,LECrim:

 

  • El parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con el querellante o con el reo.
  • El interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante.
  • La amistad íntima o enemistad manifiesta.

 

Una vez alegada la recusación, se dará traslado del escrito por el mismo plazo de 3 días a la parte que intente valerse del perito recusado. Finalizado el término y devueltos o recogidos los autos, deberán recibirse a prueba durante 6 días, en los cuales cada una de las partes va a practicar la que le convenga. Realizado este trámite deberá señalarse día para la vista a la que podrán asistir las partes y sus defensores, debiendo el Tribunal resolver el incidente dentro del término legal por medio de Auto, contra el cual no cabe recurso alguno (Art. 662 ,LECrim).

Finalmente, cabe señalar que el perito que no hubiera sido recusado en el plazo anteriormente mencionado, tampoco podrá serlo con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Art. 663 ,LECrim.

 

La decisión y práctica de la prueba anticipada

El Art. 657 ,LECrim, referente a la prueba anticipada establece que, las partes podrán solicitar en el escrito de calificación provisional que se practiquen aquellas diligencias de prueba que por cualquier motivo se tema que no puedan ser practicadas en el acto del juicio oral o que pudieran causar su suspensión.

Los requisitos de admisibilidad de la denominada prueba anticipada son tres y responden a la siguiente clasificación:

 

1. Utilidad.- Las pruebas propuestas para practicar con anterioridad al acto del juicio deberán ser pertinentes y útiles, pues en otro caso el Tribunal dictará Auto denegando su práctica.

2. Urgencia y necesidad.- Debe ser esto lo que justifique la práctica de pruebas antes del acto del juicio oral, de modo que, debe creerse que de no realizar la prueba anticipada podrá suponer una situación indeseable como puede ser la suspensión del juicio (testigo que se encuentra en el extranjero) o incluso frustrar la fuente de la prueba (testigo en peligro de muerte, estado de cosas que exijan una urgente inspección ocular).

3. Garantía de principios constitucionales.- La prueba anticipada deberá llevarse a cabo cumpliendo una serie de presupuestos que garanticen el cumplimiento de los principios de oralidad, inmediación, defensa, igualdad y contradicción, que son:

  • Subjetivos.- La prueba anticipada deberá practicarse ante el Tribunal juzgador.
  • Objetivos.- Deberá practicarse con citación e intervención de las partes en aras a garantizar la posibilidad de contradicción.
  • Formales.- Será introducida ene l juicio oral por medio de la lectura de documentos a que se refiere el Art. 730 ,LECrim.

El señalamiento del día y de la hora para la celebración del juicio

El mismo Auto que decrete la admisibilidad o denegación de las pruebas propuestas por las partes, deberá señalar también el día y la hora en que darán comienzo las sesiones del juicio oral. Del Art. 659 ,LECrim se deriva que, a la hora de determinar el señalamiento, el Tribunal deberá tener en cuenta la prioridad de otras causas así como el tiempo que se estimará necesario para la comparecencia de los peritos y testigos. Finalmente, cabe señalar que aquellas causas en las que el procesado se hallare privado de libertad gozarán de preferencia a la hora de proceder a su señalamiento.

 

La realización de todas las citaciones correspondientes, así como la remisión de los oportunos despachos para la incorporación a las actuaciones de la prueba documental admitida

El Tribunal ordenará expedir los mandamientos o exhortos que fueren necesarios para poder citar a los peritos y testigos que las partes hubieren designado con este fin. Dichos actos de comunicación (exhortos y mandamientos), deberán ser remitidos para su cumplimiento, salvo que la parte solicite que le sea entregado, supuesto en que se concederá un plazo para devolverlos cumplimentados.

La citación de los peritos y testigos deberá realizarse en la forma señalada en el Art. 166 ,LECrim, incurriendo en multa de 200 a 5.000€ en el supuesto de que no comparecieren sin alegar causa legítima que justifique la incomparecencia. No obstante, la Ley establece que deberán volver a ser citados de nuevo, sin embargo, si aquí tampoco comparecen, serán procesados por un delito de obstrucción a la justicia tipificado en el 463.1 ,Código Penal.

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Calificación provisional
Medios de prueba
Prueba anticipada
Derecho de defensa
Prueba pertinente
Prueba ilícita
Vulneración de derechos fundamentales
Objeto del proceso
Hecho notorio
Incidente de recusación
Recusación de peritos
Consanguinidad
Parentesco
Recusación
Amistad íntima
Enemistad manifiesta
Práctica de la prueba
Principios constitucionales
Oralidad
Inspección ocular
Actos de comunicación
Prueba documental
Delito de obstrucción a la justicia