Despidos colectivos en el sector público

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 23/06/2021

 El art. 34 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, establece las peculiaridades del procedimiento del despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público y específicamente en el ámbito de las Administraciones públicas, de acuerdo con lo establecido en la D.A. 16.ª del ET. En el caso de las Administraciones públicas, se regula un procedimiento específico con tres garantías reforzadas en relación al sector privado:
  • Será necesario un informe previo y vinculante del órgano competente en materia de función pública aplicable a las Administraciones públicas en las que estuviera legalmente previsto. En todo caso, además de la autoridad laboral y la participación de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, deberá intervenir, cuando se trate de la Administración general del Estado y de las comunidades autónomas, la autoridad administrativa.
  • Se refuerzan los requerimientos de documentación justificativa, ya que el procedimiento se iniciará por escrito y deberá acompañarse de documentación justificativa exhaustiva sobre las causas que lo motivan.
  • Cuando se trate de causas económicas, la documentación exigida también es muy rigurosa. Se deben añadir, entre otros, los presupuestos del organismo o entidad y la certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable.

Entes, organismos y entidades que forman parte del sector público

La D.A. 16.ª del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, establece como entes, organismos y entidades que pueden recurrir a los arts. 51 y 52. c) del ET para extinguir los contratos de trabajo por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, al igual que el resto de los empresarios privados.

A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones públicas, se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.

Tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, cuando así lo establezcan los entes, organismos y entidades a que se refiere el párrafo anterior.

A TENER EN CUENTA. Según referencia normativa al art. 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, actualmente derogado por art. 3.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Procedimiento para el despido colectivo en el sector público

1. De acuerdo con lo establecido en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores, la extinción de contratos de trabajo del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades públicas, fundada en causas económicas, técnicas u organizativas se llevará a efecto mediante el procedimiento establecido en el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, en los supuestos en que, en un periodo de noventa días tal extinción afecte al menos a:

- Diez trabajadores, en el Departamento Ministerial, en el ente u organismo dependiente de la Administración general del Estado o vinculado a esta, en la Consejería de las comunidades autónomas o en el órgano que estas determinen, en los entes u organismos dependientes o vinculados a ellas, así como en las entidades de la Administración local y en los entes u organismos dependientes de ellas, que ocupen menos de cien trabajadores.

- El 10 % del número de trabajadores de los mismos, en aquel Departamento Ministerial, ente u organismo dependiente de la Administración general del Estado o vinculados a esta, en la Consejería de las comunidades autónomas o en el órgano que estas determinen, en los entes u Organismos dependientes o vinculados a ellas, así como en las entidades de la Administración Local y en los entes u organismos dependientes de ellas, que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

- Treinta trabajadores en el Departamento Ministerial, en el ente u organismo dependiente de la Administración general del Estado o vinculado a esta, en la Consejería de las comunidades autónomas o en el órgano que estas determinen, en los entes u organismos dependiente o vinculados a ellas, así como en las entidades de la Administración local y en los entes u organismos dependientes de ellas que ocupen más de trescientos trabajadores.

A TENER EN CUENTA. A efectos del cómputo del número de trabajadores se incluirá la totalidad del personal laboral contratado en el ámbito correspondiente con arreglo al Estatuto de los Trabajadores o normativa dictada en su desarrollo.

2. Se entenderá que concurren:

- Causas económicas, cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos (STS, rec. 59/2013, de 18 de febrero de 2014, ECLI:ES:TS:2014:2313).

- Causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público.

- Causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.

A TENER EN CUENTA. A los efectos de determinar la existencia de causas económicas, para los sujetos a los que se refiere el citado apdo. 2 del art. 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria cuando concurran las siguientes circunstancias:
    a) Que en el ejercicio anterior la Administración pública en la que se integra el departamento, órgano, ente, organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario.
    b) Que los créditos del departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5 % en el ejercicio corriente o en un 7 % en los dos ejercicios anteriores.
A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las minoraciones efectuadas en el Presupuesto inicial como, respecto del ejercicio en curso, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria.

RESOLUCIÓN RELEVANTE

STSJ de Castilla y León, rec. 1182/2013, de 25 de septiembre de 2013, ECLI:ES:TSJCL:2013:4038

Se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.

1. Iniciación

1.1. Comunicación de inicio

El procedimiento de despido colectivo se iniciará por escrito mediante la comunicación de la apertura del periodo de consultas dirigida por el departamento, consejería, entidad local, organismo o entidad de que se trate, a los representantes legales de los trabajadores en el correspondiente ámbito, así como a la autoridad laboral y al órgano competente en materia de función pública en los términos recogidos en los apartado de comunicación del inicio del procedimiento (arts. 42 y 43 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre). A dicho escrito deberá acompañarse, según la causa alegada, la siguiente documentación. (STSJ Andalucía n.º 1662/2012, de 25 de octubre, ECLI:ES:TSJAND:2012:8888).

1.1.1. Documentación común a todos los procedimientos de despido colectivo (art. 38 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre):

Cualquiera que sea la causa alegada para los despidos colectivos, la comunicación de inicio del periodo de consultas deberá contener, además de la documentación especificada de forma genérica para todos los procedimientos de despido colectivo (art. 3 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre), la siguiente información:

  • Memoria explicativa de las causas del despido y su relación con los principios contenidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con las medidas o mecanismos previstos en la misma o con los objetivos de estabilidad presupuestaria a que hace referencia.
  • Criterios tenidos en cuenta en relación con el establecimiento de la prioridad de permanencia del personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto.

1.1.2. Documentación en los despidos colectivos por causas económicas (art. 39 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre):

En los despidos colectivos por causas económicas, las Administraciones públicas correspondientes deberán aportar la siguiente documentación justificativa:

  1. Una memoria explicativa de las causas económicas que acrediten la situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes.
  2. Los presupuestos de los dos últimos ejercicios, dónde consten los gastos de personal y, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios.
  3. Certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable dónde conste que concurre la causa de insuficiencia presupuestaria conforme a lo previsto para el objeto del procedimiento al inicio de este apartado.
  4. Plantilla de personal laboral del departamento, consejería, entidad local, organismo o entidad de que se trate.
  5. El Plan de Ordenación de Recursos Humanos, en caso de que este se haya tramitado.
  6. Cualquier otra documentación que justifique la necesidad de la medida extintiva.

1.1.3. Documentación en los despidos colectivos por causas técnicas u organizativas:

En los despidos colectivos por causas técnicas u organizativas, las Administraciones públicas correspondientes deberán presentar:

  1. Memoria explicativa que acredite la concurrencia de dichas causas, así como la documentación.
  2. Plantilla de personal laboral del departamento, consejería, entidad local, organismo o entidad de que se trate.
  3. El Plan de Ordenación de Recursos Humanos, en caso de que este se haya tramitado.
  4. Cualquier otra documentación que justifique la necesidad de la medida extintiva.

1.2. Comunicación del inicio del procedimiento a la autoridad laboral

El departamento, consejería, entidad local, organismo o entidad que inicie el procedimiento, hará llegar a la autoridad laboral simultáneamente a su comunicación a los representantes legales de los trabajadores, copia del escrito de comunicación de inicio del procedimiento (art. 37 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre), así como la documentación señalada en los distintos supuestos de despido (arts. 38-42 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre).

Asimismo, remitirá información sobre la composición de la representación de los trabajadores, así como de la comisión negociadora del procedimiento de despido colectivo.

Recibida la comunicación de iniciación del procedimiento de despido colectivo, la autoridad laboral dará traslado de esta a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, así como a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a efectos de la emisión del pertinente informe (art. 11 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre).

Cuando el procedimiento de despido colectivo incluya a trabajadores con cincuenta y cinco o más años que no tuvieren la condición de mutualistas el 1 de enero de 1967 (art. 51.9 del ET), la autoridad laboral remitirá a la Administración de la Seguridad Social copia de la comunicación del inicio del procedimiento, incluyendo la documentación común a todos los procesos para los despidos colectivos en el sector público.

Si la comunicación de iniciación del procedimiento de despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción no reuniese los requisitos exigidos, la autoridad laboral lo advertirá así al empresario, especificando los mismos, y remitiendo copia del escrito a los representantes de los trabajadores y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Si durante el periodo de consultas la Inspección de Trabajo y Seguridad Social observase que la comunicación empresarial no reúne los requisitos exigidos, lo comunicará, antes de la finalización de aquel, a la autoridad laboral para que proceda conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior (la advertencia de la autoridad laboral a que se refiere este apartado no supondrá la paralización ni la suspensión del procedimiento).

Si la autoridad laboral que recibe la comunicación careciera de competencia, deberá dar traslado de esta a la autoridad laboral que resultara competente, dando conocimiento de ello simultáneamente al empresario y a los representantes de los trabajadores.

1.3. Comunicación del inicio del procedimiento al órgano competente en materia de función pública

El departamento, consejería, entidad local, organismo o entidad comunicará igualmente el inicio del procedimiento de despido colectivo, en el plazo y con la documentación e información a la que se refiere el artículo anterior, al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas o autoridad equivalente en el ámbito de las comunidades autónomas, cuando se trate, respectivamente, de procedimientos que afecten al personal laboral de la Administración general del Estado o a las comunidades autónomas (art. 43 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre) (lo dispuesto no será de aplicación en los procedimientos que afecten al personal laboral de las entidades que integran la Administración local o a los entes u organismos dependientes de ellas).

El Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas o autoridad equivalente, podrá:

  • Acordar la aplicación de la prioridad de permanencia en la empresa, que tendrá carácter vinculante en los términos que figuren en el acuerdo o resolución que se dicte.
  • Emitir informe sobre el procedimiento, sobre sus causas y sobre el resto de las circunstancias derivadas del mismo.

En estos casos, el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas o autoridad equivalente remitirá al departamento, consejería, organismo o entidad promotora del procedimiento, a la representación de los trabajadores y a la autoridad laboral, antes de la finalización del período de consultas, copia de la resolución por la que se establezca la citada prioridad y, en su caso, del informe emitido.

2. Desarrollo del periodo de consultas

El periodo de consultas tendrá por objeto llegar a un acuerdo entre el ente, organismo o entidad afectados, y los representantes de los trabajadores sobre las circunstancias del despido colectivo. La consulta deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a las medidas sociales de acompañamiento establecidas para en los procedimientos comunes para de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (art. 8 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre), siempre que sean compatibles con la naturaleza y régimen jurídico de la Administración pública de que se trate (art. 44 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre).

A tal fin, los representantes de los trabajadores deberán disponer, desde el inicio del periodo de consultas, de la documentación preceptiva (arts. 38-40 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre), según proceda y las partes deberán negociar de buena fe.

El periodo de consultas se desarrollará conforme a lo previsto en los apdos. 2 a 7 del art. 7 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre. En relación con el número de trabajadores a considerar para determinar su duración, se estará al que corresponda al ámbito del procedimiento (art. 36 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre), computando únicamente el personal laboral contratado en dicho ámbito con arreglo al Estatuto de los Trabajadores o normativa dictada en su desarrollo.

SENTENCIA RELEVANTE

STSJ de la Comunidad Valenciana n.º 642/2013, de 12 de marzo, ECLI:ES:TSJCV:2013:104

«(...) no hubo una negociación de buena fe por parte de la AVM que inició el periodo de consultas con la firme e inquebrantable voluntad de no reducir en uno solo el número de trabajadores afectados por las extinciones, y de que estas se ajustaran a los mínimos legales con el menor coste posible, lo que implica una ausencia de buena fe en el deber de negociar que impone el art. 51.2 del E.T, que no ha existido propiamente un periodo de consultas, por lo que, de conformidad con el párrafo 4.º del apartado undécimo del art. 124 de la LRJS procede decretar la nulidad del cese impugnado».

3. Finalización

La comunicación de la decisión de despido colectivo en el ámbito de la Administración general del Estado y de la Administración de las comunidades autónomas se rige por el art. 47 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre en consonancia con los arts. 51.4 y 53.1 del ET.

A la finalización del periodo de consultas, el departamento, consejería, organismo o entidad de que se trate comunicará al órgano competente de su respectiva Administración, el resultado de este, acompañando, en su caso, el acuerdo que proponga suscribir o la decisión que proponga adoptar como resultado de dichas consultas, para que éste emita informe al respecto.

Este informe será vinculante en el caso de la Administración del Estado y en el de otras Administraciones públicas en las que la normativa aplicable contemple, en el ámbito de sus respectivas competencias, la obligación de emitir un informe previo y favorable a la adopción de acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares de los que puedan derivarse costes u obligaciones en materia de personal a su servicio. Serán nulas de pleno derecho, las decisiones o acuerdos que se alcancen sin la concurrencia de dicho requisito.

Una vez obtenido el informe mencionado, se procederá, en su caso, a formalizar el acuerdo alcanzado en el plazo máximo de diez días desde la recepción de aquél, o a adoptar, en igual plazo, la decisión definitiva que proceda.

En el caso de la Administración general del Estado, la comunicación se efectuará al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas. En el caso de las comunidades autónomas la citada comunicación se efectuará a la Dirección General competente.

El departamento, consejería, organismo o entidad de que se trate comunicará a la autoridad laboral competente el resultado del periodo de consultas. Si se hubiera alcanzado acuerdo, trasladará a dicha autoridad copia íntegra del mismo. En todo caso, comunicará a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral la decisión sobre el despido colectivo que realiza, actualizando, en su caso, los extremos de la comunicación de inicio (art. 37 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre). Entre la documentación remitida, deberá obrar el informe del órgano competente en materia de Función Pública al que se refiere el apartado 1, la documentación correspondiente a las medidas sociales de acompañamiento que se hubieran acordado u ofrecido por la Administración y el plan de recolocación externa en los casos en que proceda por el número de trabajadores afectados.

La comunicación que proceda se realizará en el plazo de diez días a contar desde la fecha de la formalización del acuerdo o, si este no se hubiese alcanzado, desde la adopción de la decisión definitiva.

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin que el ente, organismo o entidad pública afectados haya comunicado la decisión de despido colectivo, se producirá la terminación del procedimiento de despido colectivo por caducidad, sin perjuicio, en su caso, de la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento. (STSJ Cataluña n.º 13/2012, de 23 de mayo, ECLI:ES:TSJCAT:2012:3378).

4. Interlocución durante el periodo de consultas

Estarán legitimados para intervenir en este periodo de consultas como interlocutores ante el órgano competente del departamento, consejería, ente, organismo o entidad pública afectados, los representantes legales de los trabajadores del ámbito correspondiente (art. 46 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre).

Dicha intervención corresponderá a las secciones sindicales cuando estas así lo acuerden, siempre que tengan la representación mayoritaria en los comités de empresa o entre los delegados de personal, en su caso. De producirse dicho acuerdo, en la Administración general del Estado la interlocución se canalizará, en el caso de los departamentos ministeriales, a través de las subcomisiones delegadas de la CIVEA en el ámbito del Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración general del Estado, u órganos de naturaleza análoga en el resto de los convenios colectivos.

En los entes, organismos o entidades públicas en las que no exista representación legal de los trabajadores, éstos podrán optar por atribuir su representación para la negociación del acuerdo, a su elección, a una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores del propio ente, organismo o entidad pública, o a una comisión de igual número de componentes designados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos y los representativos del ente, organismo o entidad pública afectado por el despido y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a los mismos.

5. Prioridad de permanencia en el ente, organismo o entidad pública

Tendrá prioridad de permanencia en el ente, organismo o entidad pública afectados por el procedimiento de despido, el personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, cuando así lo establezca dicho ente, organismo o entidad pública.

La Secretaría de Estado de Administraciones públicas o autoridad equivalente en el ámbito de las comunidades autónomas, podrá establecer la aplicación de dicha prioridad en los procedimientos que afecten al personal laboral de sus respectivos ámbitos, aún cuando el departamento, consejería, organismo o entidad que promueva el procedimiento no lo hubiera previsto, si, a la vista del expediente, entendiese que es aplicable dicha prioridad, por ser adecuada a las circunstancias concurrentes, teniendo en cuenta la ordenación general en materia de recursos humanos y el interés público.

En cuanto a la prioridad de permanencia en el ente, organismo o entidad pública afectados por el procedimiento de despido, resultará de aplicación, igualmente, lo establecido en el artículo 51.5 y 68.b) del Estatuto de los Trabajadores y en el art. 10.3 de la LOLS, los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa respecto de los demás trabajadores afectados por el procedimiento de despido colectivo (art. 13 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre).

SENTENCIA RELEVANTE

Analizando la validez de un despido colectivo que afecta a trabajadores temporales y no a los fijos plantilla en recurso de casación contra la STSJ Galicia, rec. 10/2013, de 2 de mayo de 2013, ECLI:ES:TSJGAL:2013:2215 (donde se desestimó la demanda, considerando ajustada a Derecho la decisión empresarial), el TS mantiene (con voto particular):

- No es contrario al principio de igualdad que el despido afecte exclusivamente a los trabajadores temporales.

- Es inadecuado el proceso de despido colectivo para reclamar la prioridad de permanencia de los representantes de los trabajadores.

- No se aprecia mala fe en las negociaciones.

- No procede examinar en la modalidad de impugnación de despido colectivo si la notificación del despido a cada uno de los trabajadores afectados cumple las exigencias del artículo 53.1 a) del ET.

- Ha habido sucesión de empresa entre la Agencia y la Comunidad de Madrid-Consejería de Sanidad, si bien por la Ley 4/2012 de 4 de Jul C.A. Madrid se ha excluido que la CAM se subrogue en los contratos temporales.

- El despido se ajusta a lo querido por ley autonómica.

- La entidad de los problemas económicos no justifica un despido tan masivo como el realizado.

6. Plan de recolocación externa

El plan de recolocación externa, cuando proceda según el número de trabajadores afectados, será elaborado por los correspondientes servicios públicos de empleo. Su elaboración corresponderá al Servicio Público de Empleo estatal en el caso de despidos colectivos que afecten al personal laboral de la Administración general del Estado u organismos o entidades dependientes de ella y a los servicios públicos de empleo de las correspondientes comunidades autónomas en los demás casos (arts. 9 y 45 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre).

El departamento, consejería, entidad local, organismo o entidad deberá presentar, al finalizar el periodo de consultas el plan de recolocación externa que hubiera sido elaborado conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, debiendo presentar, al inicio de este, la justificación acreditativa de haberse dirigido al correspondiente Servicio Público de Empleo instando su elaboración y el contenido previsto para el mismo.

 

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Causas económicas
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Administración local
Personal laboral
Causas técnicas
Financiación de servicios públicos
Representación de los trabajadores
Finalización del período de consultas
Causas organizativas
Período de consultas
Causas económicas, técnicas, organizativas y de producción
Funcionarios públicos
Contratos administrativos
Personal laboral fijo
Representación legal
Iniciación del período de consultas
Inspección de trabajo y Seguridad Social
Extinción del contrato de trabajo
Reducción de jornada laboral
Gastos de personal
Comisión negociadora
Buena fe
Prestación por desempleo
Prioridad de permanencia en la empresa
Mala fe
Reducción de jornada por causas económicas
Plan de recolocación externa
Convenio colectivo
Caducidad
Convenio colectivo aplicable
Sindicato más representativo
Autoridad laboral competente
Comité de empresa
Delegado de personal
Sección sindical
Trabajador temporal
Resultado del período de consultas
Terminación del procedimiento
Contrato de trabajo de duración determinada

Ley 9/2017 de 8 de Nov (Contratos del Sector Público) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 272 Fecha de Publicación: 09/11/2017 Fecha de entrada en vigor: 09/03/2018 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RDLeg. 2/2015 de 23 de Oct (Estatuto de los Trabajadores) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 255 Fecha de Publicación: 24/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 13/11/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

Real Decreto 1483/2012 de 29 de Oct (Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 261 Fecha de Publicación: 30/10/2012 Fecha de entrada en vigor: 31/10/2012 Órgano Emisor: Ministerio De La Presidencia

Ley 36/2011 de 10 de Oct (Jurisdicción social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 245 Fecha de Publicación: 11/10/2011 Fecha de entrada en vigor: 11/12/2011 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abr (Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 103 Fecha de Publicación: 30/04/2012 Fecha de entrada en vigor: 01/05/2012 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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