Determinación del ámbito del juicio ordinario y verbal por razón de la materia

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Civil
  • Fecha última revisión: 19/03/2019

Las reglas generales para determinar el tipo de procedimiento que debe seguirse en la tramitación de los procedimientos declarativos se encuentran en los Art. 248 ,LEC y siguientes.

 

El juicio ordinario será el procedimiento adecuado con aplicación de las reglas de determinación por razón de la materia (con independencia de la cuantía) y, en su defecto, de las normas previstas por razón de la cuantía (Art. 249 ,LEC), siempre que no se trate de alguna de las materias reservadas al ámbito del juicio verbal (Art. 250 ,LEC). Si atendemos al criterio de la materia, se resolverán por los trámites del juicio ordinario aquellos procesos que versen sobre alguna de las materia del apartado 1 del Art. 249 ,LEC, con independencia de su cuantía:

- Las demandas relativas a derechos honoríficos de la persona.

- Las que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental, salvo las que se refieran al derecho de rectificación. En estos procesos, será siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramitación tendrá carácter preferente.

- Las demandas sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas o Asambleas Generales o especiales de socios o de obligacionistas o por órganos colegiados de administración en entidades mercantiles.

- Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, en aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame. No obstante, se estará a lo dispuesto en el punto 12 del apartado 1 del Art. 250 ,LEC cuando se trate del ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios en materia de publicidad.

- Las demandas en que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia, salvo lo dispuesto en el punto 12 del apartado 1 del Art. 250 ,LEC.

- Las que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles, salvo que se trate de reclamaciones de rentas o cantidades debidas por el arrendatario o del desahucio por falta de pago o por extinción del plazo de la relación arrendaticia, o salvo que sea posible hacer una valoración de la cuantía del objeto del procedimiento, en cuyo caso el proceso será el que corresponda a tenor de las reglas generales de esta Ley. (Introducido por el RD-ley 7/2019, de 1 de marzo, con entrada en vigor el 06/03/2019)

- Las que ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo.

- Cuando se ejerciten las acciones que otorga a las Juntas de Propietarios y a éstos la Ley de Propiedad Horizontal, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que corresponda.

Se decidirán también en el juicio ordinario las demandas cuya cuantía excedan de seis mil euros y aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo.

El juicio verbal se seguirá cuando sea el adecuado en aplicación de las reglas de determinación por razón de la materia (con independencia de la cuantía) y, en su defecto, de las normas previstas por razón de la cuantía (Art. 250 ,LEC), siempre que no se trate de alguna de las materias reservadas al ámbito del juicio ordinario (Art. 249 ,LEC). Así, los procesos declarativos ordinarios se ventilarán por el juicio verbal en razón de la materia si se trata de alguna de las previstas en el 250.1 ,LEC):

- Las que versen sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas y las que, igualmente, con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario, o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana dada en arrendamiento, ordinario o financiero o en aparcería, recuperen la posesión de dicha finca.

- Las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca.

- Las que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario.

- Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.

- Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la suspensión de una obra nueva.

- Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande.

- Las que, instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se oponga a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación.

- Las que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título.

- Las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales.

- Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, al objeto de obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre el bien o bienes adquiridos o financiados a plazos.

- Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero, de arrendamiento de bienes muebles, o de un contrato de venta a plazos con reserva de dominio, siempre que estén inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, mediante el ejercicio de una acción exclusivamente encaminada a obtener la inmediata entrega del bien al arrendador financiero, al arrendador o al vendedor o financiador en el lugar indicado en el contrato, previa declaración de resolución de éste, en su caso.

- Las que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios.

- Las que pretendan la efectividad de los derechos reconocidos en el Art. 160 ,Código Civil.

Se decidirán también en el juicio verbal las demandas cuya cuantía no exceda de seis mil euros y no se refieran a ninguna de las materias previstas en el apartado 1 del Art. 249 ,LEC.

 

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Tutela
Ámbito del juicio ordinario
Defensa de la competencia
Reclamación de cantidad
Ámbito del juicio verbal
Arrendatario
Usufructuario
Derecho al honor
Derechos honoríficos
Derechos fundamentales
Impugnación de acuerdos sociales
Colegiado
Competencia desleal
Acción de cesación
Consumidores y usuarios
Impago de rentas
Propiedad industrial
Propiedad intelectual
Interés difuso
Fincas Rústicas
Bienes inmuebles
Arrendamientos urbanos
Desahucio por falta de pago
Relación arrendaticia
Acción de retracto
Junta de propietarios
Propiedad horizontal
Aparcería
Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles
Herencia
Obra nueva
Efectividad titular derecho inscrito
Arrendador
Demolición de obra
Ruina
Daños y perjuicios
Título inscrito
Acción de rectificación
Rectificación de hechos inexactos y perjudiciales
Incumplimiento de la compradora

Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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