Diferencias entre el proceso sancionador ordinario y el preferente en materia de extranjería

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 03/10/2016

Diferencias entre proceso ordinario y preferente

Las peculiares características que presenta el procedimiento sancionador preferente frente al ordinario de la Ley Orgánica sobre extranjería pueden sintetizarse, siguiendo lo dispuesto en la TSJ Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso, nº 10241/2014, de 01/09/2014, Rec. 135/2013, del siguiente modo: 

  • No se prevé, al menos de forma expresa, un contenido mínimo del acuerdo de incoación según reclama el Art. 227 ,Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, para el procedimiento ordinario.
  • Las alegaciones deben formularse en 48 horas frente a los 15 días del procedimiento ordinario.
  • La prueba se ha de practicar en 3 días frente al plazo de entre 10 y 30 días propio del procedimiento ordinario.
  • Las alegaciones a la propuesta de resolución deben verificarse en 48 horas en lugar de en 15 días.
  • Cabe la adopción de la medida de internamiento, proscrita en el procedimiento ordinario.
  • La resolución se adoptará "de forma inmediata", en lugar de en 10 días, en atención al carácter preferente y urgente del procedimiento.
  • La ejecución de la expulsión, de acordarse ésta, será inmediata, frente al plazo de cumplimiento voluntario de entre 7 y 30 días del procedimiento ordinario (21.2,Art. 63 ,LOEX).  

Por lo demás, la ya mencionada TSJ Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso, nº 10241/2014, de 01/09/2014, Rec. 135/2013 ilustra a la perfección el procedimiento preferente de extranjería: 

Puede comprobarse que el procedimiento preferente de extranjería presenta unos caracteres sin parangón en el panorama de los procedimientos regulados en el ámbito del Derecho sancionador español. Ni la imposición de la más exigua multa es posible con tal reducción de plazos y régimen de ejecutividad ( art. 138 Ley 30/1992 ) [la referencia debe entenderse hecha al Art. 85 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre]. Esto dota a este procedimiento de una extraordinaria reducción de los márgenes de alegación (que se miden en horas), de prueba (tres días frente a la posibilidad de 30, lo que puede impedir por ejemplo la práctica de cualquier prueba que pueda requerir la remisión de un oficio a otra localidad, la localización por el interesado de un testigo o cualquier diligencia semejante) e incluso de recurso, pues la ejecución "inmediata" de la expulsión puede colocar al extranjero ante una situación de extrema dificultad para ejercitar las acciones legales con efectividad y margen para que en su caso puedan adoptarse medidas cautelares a tiempo. Todo lo anterior hace que sea absolutamente esencial que la Administración, al incoar uno de estos procedimientos, indique, explique y motive aunque pueda ser de forma sucinta (como aceptamos en el caso 3 de la apelación 14/2013), en cuál de los tres supuestos de aplicabilidad del procedimiento nos encontramos y porqué; explicación que debe constar en el expediente, pues no cabe obligar a los administrados a promover un juicio para obtener las explicaciones que la Administración no quiso dar en el expediente, y menos cuando, como en el caso de autos, el interesado reclamó por tres veces las explicaciones oportunas, obteniendo el silencio por respuesta. Por último, la caracterización que hemos hecho de procedimiento preferente en contraste con el ordinario hace que su aplicación indebida no sitúe en la esfera no del art. 63, sino del 62.1.e de la Ley de Procedimiento Administrativo Común , esto es, prescindirse total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido [las referencias deben entenderse hechas, respectivamente, a losArt. 48,Art. 47 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre].  En efecto, este supuesto de nulidad radical puede darse cuando no se aplique ningún procedimiento (sanción de plano), cuando se aplique el procedente pero con omisión de trámites esenciales que lo hagan irreconocible, o también cuando se aplique otro que no sea el legalmente procedente, siempre que entre uno y otro existan diferencias tales que hagan irreconocibles los trámites, principios y garantías del uno en el otro; que es lo que exactamente sucede en el caso de autos". 

 

 

 

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Proceso ordinario
Procedimiento sancionador
Internamiento
Omisión

Ley Orgánica 4/2000 de 11 de Ene (Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 10 Fecha de Publicación: 12/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 01/02/2000 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 39/2015 de 1 de Oct (Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 557/2011 de 20 de Abr (Reglamento de la LO 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 103 Fecha de Publicación: 30/04/2011 Fecha de entrada en vigor: 30/06/2011 Órgano Emisor: Ministerio De La Presidencia

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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