Requisitos necesarios para la práctica de la diligencia de filmación de lugares públicos

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    PRIMERO: Solicita el Ministerio Fiscal en primer lugar en su escrito de recurso la devolución de la causa al Juzgado de lo Penal a fin de que la Magistrada de instancia se pronuncie sobre la prueba testifical practicada en el acto del plenario, al considerar dicha acusación que la misma no se ha valorado en la resolución recurrida, pretensión que no puede tener acogida.Ello es así porque, contrariamente a lo referido por la parte recurrente, la juez " a quo" sí ha valorado las manifestacio...

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    PRIMERO .- Pretende el recurrente que, por una parte, se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al no existir pruebas de cargo suficientes que acrediten un delito de lesiones cometido en la persona de Tamara , y ello específicamente en relación con dos circunstancias; primero la existencia de relación sentimental entre Tamara y Higinio , y segundo la ocurrencia de los hechos en el domicilio en el que ambos convivían. En consecuencia se habría aplicado indebidamente el ...

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    DELITOS CONTRA DERECHOS DE CIUDADANOS EXTRANJEROS

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    PRIMERO :Las pruebas practicadas en el acto del juicio oral han sido, ciertamente, escasas. Tan solo la declaración del procesado y la prueba pericial médico-forense. Se intentó la declaración de varios testigos, pero todas ellas resultaron infructuosas a efectos probatorios. La testigo Marisol , compañera sentimental del procesado, que durante la instrucción fue oída en declaración, manifestando básicamente lo mismo que dijo aquél, en el acto del juicio oral se acogió a la dispens...

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Diligencia de filmación de lugares públicos

Este acto de investigación es introducido por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. La regulación de este acto tiene por objeto la protección de la seguridad ciudadana y pública que, puede convertirse en una diligencia sumarial en el supuesto de que cualquier videocámara capte la comisión de un delito.

Al igual que ocurre con otros actos de investigación, la filmación en lugares públicos entra en conflicto con el derecho fundamental a la intimidad protegido por el Art. 18 ,CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Por lo tanto, la práctica de esta diligencia deberá ir precedida de una serie de requisitos que, en suma, son los siguientes:

  1. La instalación de videocámaras deberá autorizarse previo informe (vinculante) favorable elaborado por una Comisión presidida por un Magistrado (3.1 ,Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto). Sin embargo, por razones de urgencia máxima o de imposibilidad de obtener autorización, la policía Judicial podrá instalar videocámaras siempre que informen al responsable provincial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un plazo máximo de 72 horas (5.2 ,Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto)
  2. En el supuesto de que el resultado de la grabación muestre apariencia de delito, deberá darse parte con carácter inmediato a la autoridad judicial y, en cualquier caso, dentro del plazo máximo de 3 días. La Policía deberá remitir al Juez el atestado correspondiente, que deberá incluir el soporte original de la grabación (7.1 ,Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto).
  3. El tratamiento de la filmación deberá ser absolutamente reservado (Art. 3,7.2 ,Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto).
  4. Las grabaciones no podrán ser destruidas tanto en cuanto sean objeto de investigación de un proceso penal (8.1 ,Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto). No obstante, los interesados podrán solicitar verlas o cancelarlas bajo determinadas condiciones (9.2 ,Ley orgánica 4/1997, de 4 de agosto).

 

 

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