Diligencias preliminares en el proceso contencioso-administrativo

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 01/02/2021

Los arts. 43-44 LJCA, se encargan de la regulación de las diligencias preliminares del procedimiento contencioso-administrativo en primera o única instancia. Se centran en varias cuestiones relacionadas con la Administración Pública como parte actora, coma la necesidad de declaración de lesividad cuando la Administración pretenda demandar la anulación de sus actos ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o la posibilidad de realizar un requerimiento previo a otra Administración al objeto de que derogue la disposición, anule o revoque el acto de que se trate que se estime ilegal, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada.

Los artículos 43-44 de la LJCA, constituyen la Sección 1.ª "Diligencias preliminares" del Capítulo I del Título IV de la Ley. Estas diligencias, hacen referencia a las del procedimiento contencioso-administrativo en primera o única instancia. 

La Administración como autora del recurso 

El artículo 43 LJCA establece que cuando la propia Administración, como autora de algún acto, pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa deberá, previamente, declararlo lesivo para el interés público. Para ello, hay que acudir al artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que regula la declaración de lesividad de actos anulables.

Se entiende, por tanto, que la declaración de lesividad es imprescindible para la anulación de un acto en la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal Supremo, Rec. 2316/2008, de 19 de diciembre de 2011. ECLI: ES:TS:2011:9092

"La declaración de lesividad es, según el artículo 43 de la Ley de la Jurisdicción, un requisito previo a cumplir por la Administración cuando pretenda la anulación judicial de los actos de los que sea autora. Está regulada, como uno de los supuestos de revisión de oficio, por el artículo 103 de la Ley 30/1992". (*)

Sentencia del Tribunal Supremo, Rec. 2064/2013, de 18 de junio de 2015. ECLI: ES:TS:2015:2709:

"El procedimiento para la declaración de lesividad - art. 103 de la Ley 30/1992 -, es un procedimiento administrativo especial, de naturaleza instrumental y procesal, que no tiene otro objeto, ni otros efectos, que el de 'fabricar' el presupuesto procesal imprescindible para que la Administración pueda impugnar en sede jurisdiccional sus propios actos declarativos de derechos o favorables anulables, para cuya revisión carece de potestades, a diferencia de lo que ocurre respecto de cualesquiera clase de actos o disposiciones que incurran en vicios de nulidad de pleno derecho ( art. 102 Ley 30/1992 ), sin que tampoco tenga facultades para su revocación, que sólo ostenta respecto de sus actos desfavorables o de gravamen, (art. 105Ley 30/1992)". (*)

(*) Entiéndase que las referencias a la Ley 30/1992, han sido sustituidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC, en adelante). En concreto, lo referente al artículo 107 LPAC, regulador de la declaración de lesividad de actos anulables. 

Litigios entre Administraciones Públicas 

El artículo 44 LJCA regula el procedimiento a seguir cuando surjan litigios entre las Administraciones Públicas. 

Se determina que, en caso de que exista un litigio entre Administraciones, no procede interponer recurso en vía administrativa, sino que tendrá que dirigir un requerimiento.  No obstante, si una Administración interpone recurso contencioso administrativo contra otra, con carácter previo, podrá requerirla para:

- derogue la disposición objeto del recurso;

- anule o revoque el acto;

- cese o modifique la actuación material; o,

- inicie la actividad a que esté obligada.

Este requerimiento previo, por tanto, tiene carácter potestativo para la Administración demandante. Sin embargo, en caso de realizarlo, tendrá que cumplir con una serie de requisitos que vienen regulados en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 44 LJCA. Son los siguientes:

  • El requerimiento deberá realizarse por escrito razonado y se dirigirá al órgano competente. Concretará la disposición, acto, actuación o inactividad objeto del requerimiento, y deberá producirse en el plazo de dos meses contados desde la publicación de la norma o desde que la Administración requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.
  • El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el requerido no lo contestara.

A TENER EN CUENTA. En lo relativo al régimen local, se regula en los arts. 65-66 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL), el requerimiento mantiene su carácter potestativo; sin embargo, en este caso, el requerimiento deberá ser motivado y formulado en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo. 

Sentencia del Tribunal Supremo, N.º 814/2020 de 18 de junio. ECLI: ES:TS:2020:1822

"La regulación del instituto procedimental del requerimiento previo al recurso contencioso-administrativo contemplado en el referido artículo 44 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tiene como finalidad evitar la litigiosidad entre Administraciones Públicas favoreciendo la resolución de conflictos que pudieran suscitarse entre Administraciones Públicas, en términos de composición de los intereses públicos en juego, en la medida que las Administraciones Públicas tienen la consideración constitucional de sujetos servidores de los intereses generales y responsables de los servicios públicos y que constituye un desideratum constitucional que la eventual conflictividad entre ellas se resuelva con arreglo a los principios de legalidad, seguridad jurídica, eficacia, colaboración, concertación y lealtad institucional, conforme a lo dispuesto en los artículos 9.3, 103 y 106 de la Constitución".

Sentencia del Tribunal Supremo, Nº 2018/2017, de 19 de diciembre. ECLI: ES:TS:2017:4621

"Sobre la idea de evitar en lo posible la confrontación entre Administraciones Públicas, la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa suprime el recurso administrativo entre ellas y ofrece como alternativa un procedimiento de resolución de conflictos interadministrativos.

(...)

la STS de 31 de diciembre de 2001 (rec 43/2000 ) ha dicho que el ' artículo 44 LRJCA ha extendido a todos los litigios entre Administraciones Públicas el trámite del requerimiento previo al recurso previsto, en el ámbito de la Administración local, en el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL ) y, en el ámbito de los conflictos constitucionales entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en el artículo 63 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional. En los casos del artículo 44 de la LRJCA la Ley ha establecido un mecanismo de concertación y entendimiento entre Administraciones Públicas para evitar litigios, conforme al clima de coordinación que es principio general de las relaciones entre todas ellas (...)". 

¿Y en caso de litigios en materia de contratación?

Si la Administración contratante, el contratista o terceros, pretenden recurrir las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, interpondrán el recurso directamente y sin necesidad de previo requerimiento o recurso administrativo (art. 44.1 LJCA).

Finalmente, y sirviendo de conclusión, se puede decir que la diferencia primordial que existe entre la declaración de lesividad de los actos anulables y el requerimiento previo entre Administraciones Públicas en caso de litigio es el carácter potestativo o no que poseen. 

En el primer caso, es considerada un requisito procesal; mientras que, en el segundo, se estará a lo que considere la Administración Pública que inicia o pretende iniciar el litigio. 

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Ley 9/2017 de 8 de Nov (Contratos del Sector Público) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 272 Fecha de Publicación: 09/11/2017 Fecha de entrada en vigor: 09/03/2018 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 39/2015 de 1 de Oct (Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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