Las diligencias preliminares en el proceso contencioso-administrativo

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 06/02/2017

Los Art. 43-44 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, preceptos rubricados como diligencias preliminares del proceso contencioso-administrativo (en primera o única instancia) se centran en varias cuestiones relacionadas con la Administración Pública como parte actora, coma la necesidad de declaración de leisividad cuando la Administración pretenda demandar la anulación de sus actos ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o la posibilidad de realizar un requerimiento previo a otra Administración al objeto de que derogue la disposición, anule o revoque el acto de que se trate que se estime ilegal, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada.


Las referencias que los Art. 43-44 ,Ley 29/1998, de 13 de julio realizan a las diligencias preliminares del proceso contencioso-administrativo (en primera o única instancia) se centran en varias cuestiones relacionadas con la Administración Pública como parte actora.

Así, el Art. 43 ,Ley 29/1998, de 13 de julio establece que cuando la propia Administración autora de algún acto pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa deberá, previamente, declararlo lesivo para el interés público. Por su parte, en el apartado 1 del Art. 44 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, respecto de los litigios entre Administraciones Públicas, dispone que "en los litigios entre Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una Administración interponga recurso contencioso-administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada”.

De lo anterior, por tanto, se concluye que:

  • La declaración de lesividad, cuando las Administraciones quieran interponer recurso Contencioso-Administrativo contra sus propios actos, es preceptiva.

  • El requerimiento previo a la Administración Pública contra  la  que se quiera interponer recurso Contencioso-Administrativo por cuestiones relacionadas con su actividad es  potestativa.

Declaración de lesividad 

La declaración de lesividad del Art. 43 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, es un presupuesto procesal, por tanto, de cumplimiento obligatorio, que de no cumplirse daría lugar a la inadmisibilidad del recurso. La falta de tal presupuesto procesal puede denunciarse en el trámite de alegaciones previas (Art. 58 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

Los requisitos de la declaración de lesividad son los que establece el Art. 107 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, es decir:

  • Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el Art. 48 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa su declaración de lesividad para el interés público.

  • La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el Art. 82 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.

  • Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos.

  • Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.

  • Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia.

  • Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.

Requerimiento previo de la Administración en los litigios contra otras Administraciones

A diferencia de la declaración de lesividad, este requerimiento previo, como ya se ha apuntado, no es un presupuesto procesal de cumplimiento obligatorio; es de carácter potestativo y, en determinados casos, ni siquiera se contempla como posiblilidad. Así, como establece el párrafo 2º del apartado 1 del Art. 44 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, cuando la Administración contratante, el contratista o terceros pretendan recurrir las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público interpondrán el recurso directamente y sin necesidad de previo requerimiento o recurso administrativo.

Los requisitos que habrá que tener en cuenta para que el requerimiento sea válido serán los que se establecen en los apartados 2, 3 y 4 del Art. 44 ,Ley 29/1998, de 13 de julio; es decir:

  • El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que concretará la disposición, acto, actuación o inactividad, y deberá producirse en el plazo de dos meses contados desde la publicación de la norma o desde que la Administración requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

  • El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el requerido no lo contestara.

  • Queda a salvo lo dispuesto sobre esta materia en la legislación de régimen local; en concreto, los Art. 65-66 ,Ley 7/1985, de 2 de abril que, aunque siguen manteniendo el carácter potestativo de este requerimiento, establecen un plazo distinto: 15 días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo.

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