La regulación de la disolución de los Consorcios en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, reguladora del Régimen Jurídico del Sector Público

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    PRIMERO.-El acto administrativo originario impugnado es el ya referenciado con anterioridad.La sentencia apelada, estima el recurso, en todas sus partes, y confirma la resolución impugnada.SEGUNDO.-En la sentencia apelada se sostiene, resumidamente, que la Medida Adicional VI).-7ª del Acuerdo de fecha 14 de noviembre de 2007, es clara en su sentido literal, y por ello debe procederse de manera automática a incluir a la recurrente en el tramo 6º al haber cumplido más de 32 años de antigüed...

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 04/01/2017

Para conocer el régimen de disolución de los Consorcios, habrá que estar a lo dispuesto en el  Art. 127 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre

Junto a la normativa autonómica, en su caso, serán los Estatutos de los consorcios los que establezcan las causas de disolución de los mismos, tal y como indica la letra d) del Art. 124 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre. A este respecto hay que considerar, igualmente, que el ejercicio del derecho de separación, en los términos del Art. 126 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre también puede operar como causa.

Sentado lo anterior, el apartado 1 del Art. 127 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre dispone que la disolución del consorcio produce su liquidación y extinción y que en todo caso será causa de disolución que los fines para los que fue creado el consorcio hayan sido cumplidos.
En cuanto al procedimiento, los apdos. 2 a 5 del  Art. 127 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre establecen lo siguiente:

  • El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución nombrará un liquidador que será un órgano o entidad, vinculada o dependiente, de la Administración Pública a la que el consorcio esté adscrito.

  • La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración Pública que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando haya concurrido dolo, culpa o negligencia graves conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.

  • El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto en los estatutos, se calculará la mencionada cuota de acuerdo con la participación que le corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será el dispuesto en los estatutos.

  • A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo como la financiación concedida cada año. Si alguno de los miembros del consorcio no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido en el consorcio.

  •  Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva.

  • Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los estatutos, o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la cesión global de activos y pasivos a otra entidad del sector público jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se extingue. La cesión global de activos y pasivos implicará la extinción sin liquidación del consorcio cedente.

Cabe apuntar después de todo lo anterior que, según especifica el apartado 2 del Art. 119 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, en lo no previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, ni en la normativa autonómica aplicable, ni en sus Estatutos sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el Art. 97 ,Ley 40/2015,de 1 de octubre, y en su defecto, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

El Art. 97 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre en cuanto a la liquidación dispone que:

  • Publicado el acuerdo de disolución, o transcurridos los plazos en él establecidos sin que éste haya sido publicado, se entenderá automáticamente iniciada la liquidación.
    o La liquidación tendrá lugar por la cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo del organismo público en la Administración General del Estado que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones. El órgano o entidad designada como liquidador determinará, en cada caso, el órgano o entidad concreta, de la Administración General del Estado, donde se integrarán los elementos que forman parte del activo y del pasivo del organismo público liquidado.

  • La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo designó. La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que designó a esos efectos la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las Leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.

  • La Administración General del Estado quedará subrogada automáticamente en todas las relaciones jurídicas que tuviera el organismo público con sus acreedores, tanto de carácter principal como accesorias, a la fecha de adopción del acuerdo de disolución o, en su defecto, a la fecha en que concurriera la causa de disolución, incluyendo los activos y pasivos sobrevenidos. Esta subrogación no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas.

  • Formalizada la liquidación del organismo público se producirá su extinción automática.

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Responsabilidad
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Patrimonio neto
Organismos públicos
Sociedad civil
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