La disolución de las sociedades

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La sociedad surge de un contrato, y como tal puede disolverse por la voluntad de los socios, por las causas que se establecen en la ley o porque así se establezca en los estatutos.

 

Lo que hay que separar es la disolución de la extinción de la sociedad, ya que una sociedad para considerarse extinguida debe previamente pasar por el proceso de liquidación aunque se haya disuelto (hay excepciones en las que a través de un acuerdo social la sociedad se declara simultáneamente disuelta y liquidada).

La jurisprudencia y leyes establecen que son causas comunes de extinción para todas las sociedades las siguientes:

  • Cumplimiento del término fijado en el contrato o estatutos sociales.
  • Finalización por parte de la empresa del objeto social, o imposibilidad manifiesta de realizarlo o paralización de los órganos sociales.
  • Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal (en Sociedades Anónimas, Sociedades limitadas y Sociedades en comandita por acciones), o que produzcan la pérdida completa del capital (para los demás tipos de sociedades).
  • La fusión o escisión total de la sociedad (aunque no abren el proceso liquidatorio).
  • Por acuerdo de los socio (unánime o mayoritario, según el régimen).
  • Por cualquier causa establecida en la escritura social.

Las sociedades colectivas y comanditarias simples tienen causas de disolución específicas, como sociedades personalistas que son (Código de Comercio):

  • Muerte de uno de sus socios, a no ser que se contemplase en los estatutos expresamente la continuidad por parte de los herederos, o la subsistencia de la misma con los sobrevivientes.
  • La inhabilitación de un socio gestor para administrar sus bienes o la quiebra de cualquier socio colectivo.
  • La denuncia del contrato realizado por tiempo indefinido, si se solicita por alguno de los socios.
  • Cuando se reduzca a una persona el número de socios.
  • Por no ajustarse la actividad al objeto de la agrupación.

Para las sociedades de capitales es una causa específica que ocasiona la disolución la de reducción del capital social por debajo del mínimo legal. En estos casos, el hecho de que un socio termine acaparando el total de las acciones o participaciones no supone la disolución, sino el cambio de régimen a sociedad unipersonal.

  • La declaración de concurso no constituirá, por sí sola, causa de disolución, pero si en el procedimiento se produjera la apertura de la fase de liquidación la sociedad quedará automáticamente disuelta. En este último caso, el juez del concurso hará constar la disolución en la resolución de apertura y, sin nombramiento de liquidadores, se realizará la liquidación de la sociedad conforme a lo establecido en el capítulo II del título V de la Ley Concursal.
  • La falta de ejercicio de la actividad que constituya el objeto social durante tres años consecutivos (para la sociedad limitada)

Algunas de todas estas causas tienen eficacia constitutiva, es decir, en el momento en que se producen provocan la disolución de la sociedad (cumplimiento del término; acuerdo de los socios de disolución de la sociedad; muerte del socio colectivo salvo pacto expreso o por denuncia del contrato indefinido en las sociedades colectivas y comanditarias), pero otra parte de ellas requieren declaración, que se haga constar por parte de los socios la existencia de la causa de disolución:

  • En el caso de las sociedades colectivas o comanditarias simples. Es necesario el acuerdo unánime de todos los socios colectivos, y en el caso de los comanditarios habrá que atenerse a lo dispuesto en la escritura social.
  • Para las sociedades anónimas, limitadas y comanditaria por acciones (sociedades de capitales). Se necesita acuerdo de la Junta general declarando la existencia de la causa de disolución en los supuestos: - de conclusión de la empresa que constituya su objeto; - de imposibilidad manifiesta de cumplir el fin social; - de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior al capital social; - de reducción del capital por debajo del mínimo legal; - que lo prevean los estatutos.

En las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada los administradores deberán convocar la Junta General en el plazo de dos meses desde el acuerdo de disolución si tiene lugar alguna de las causas últimamente mencionadas. Cualquier socio podrá requerir a los administradores para que se celebre si considera que la sociedad está inmersa en cualquiera de las causas, y éstos también estarán obligados a solicitar la disolución judicial cuando el acuerdo fuese contrario a la misma o no pudiera ser logrado. El incumplimiento de esta obligación determina la responsabilidad solidaria de los administradores por todas las deudas sociales.

Para la eficacia de la disolución como tal y para que sea oponible frente a terceros es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil. Esto se hará de oficio por el registrador si se trata de la causa de disolución por transcurso de tiempo.

La disolución de la sociedad de capital se inscribirá en el Registro Mercantil. El registrador mercantil remitirá de oficio, de forma telemática y sin coste adicional alguno, la inscripción de la disolución al Boletín Oficial del Registro Mercantil para su publicación.

Además, si la sociedad fuera anónima, la disolución se publicará en la página Web de la sociedad o, en el caso de que no exista, en uno de los diarios de mayor circulación del lugar del domicilio social

El efecto de la disolución es la apertura del período de liquidación de la sociedad, tiempo durante el cual la sociedad sigue manteniendo la personalidad jurídica, pero en todas las operaciones que lleve a cabo deberá añadir a la denominación social la coletilla "en liquidación".

Después de la liquidación se producirá la extinción de la sociedad, aunque no siempre, ya que durante ese período puede desaparecer la causa de extinción que la llevó a ello y volver a una situación de normalidad. En este caso la Junta acordará el retorno de la sociedad disuelta siempre que el patrimonio contable no sea inferior al capital social y que no se haya comenzado el pago de la cuota de liquidación.

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