Documentación de las actuaciones inspectoras de tributos

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Fiscal
  • Fecha última revisión: 30/03/2020

Las actuaciones de la inspección de los tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y actas.

Las comunicaciones

Las comunicaciones son documentos a través de los cuales la Administración notifica al obligado tributario el inicio del procedimiento u otros hechos o circunstancias relativos al mismo o efectúa los requerimientos que sean necesarios a cualquier persona o entidad.

Los actos de comunicación pueden consistir en notificaciones o requerimientos, y deberán reunir los requisitos generales de eficacia establecidos por el Derecho.

Singular importancia tiene la comunicación al interesado del inicio de las actuaciones inspectoras en la que se hará constar el efecto interruptivo del plazo legal de prescripción que, en su caso, suponga (artículo 97 del RGAGI) y en cuyo momento se inicia el cómputo del plazo máximo de las actuaciones. Asimismo, la comunicación del inicio del procedimiento sancionador determina el dies a quo para el cómputo del plazo máximo de resolución establecido en el artículo 211 de la LGT.

 

Las diligencias

Las diligencias son documentos públicos que se extienden para hacer constar cuantos hechos y circunstancias relevantes se produzcan en el curso de las actuaciones, así como las manifestaciones del obligado tributario o personas con las que se entiendan las actuaciones, a quienes se le entregará copia de las mismas (artículos 98 y 99 del RGAGI).

Las diligencias tienen el valor probatorio que les reconoce el artículo 107 de la LGT, esto es, tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo prueba en contrario. Los hechos contenidos en las diligencias y aceptados por el obligado tributario se presumen ciertos y solo pueden rectificarse por éstos mediante prueba de que incurrieron en error de hecho.

 

Los informes

Los órganos de la Administración emiten informes de oficio o a petición de terceros, siendo preceptivos en algunos casos, y contingentes en otros (artículo 100 del RGAGI).

En particular, los órganos de la Administración emiten informes para completar las actas de disconformidad (artículo 157 de la LGT), para la aplicación del método de estimación indirecta (artículo 158 de la LGT), para la declaración del conflicto en la aplicación de la norma tributaria (artículo 159 de la LGT), entre otros supuestos.

 

Las actas

De los documentos que extiende la Administración, tienen singular importancia las actas.

El procedimiento de inspección termina con la extensión del acta de la inspección que recoge el resultado de las actuaciones inspectoras, y en las que se propone por el actuario, bien la regularización de la situación tributaria o bien la declara correcta.

El acta, tanto de conformidad como de disconformidad, debe contener de forma necesaria los datos que establece el artículo 153 de la LGT, y, en particular, la propuesta de liquidación debe ser motivada. Por lo tanto, el acta, además de constituir el documento de constancia de hechos y circunstancias relevantes, constituye una fase del procedimiento de inspección, concretamente, la formulación de la propuesta de liquidación, que pone fin a la fase de instrucción.

Con carácter previo a esta propuesta, y de acuerdo con la regla general establecida en el artículo 82 de la LPAC, debe darse la oportuna audiencia al interesado. Esta audiencia se dispone de forma expresa en los artículos 156 (acta de conformidad) y 157 (acta de disconformidad) de la LGT.

 

Valor probatorio de las actas

Las actas extendidas por la inspección de los tributos tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

No obstante, si bien las actas de la inspección pueden tener el valor de prueba documental, como documento público en el sentido del artículo 1218 CC, pero en ningún caso pueden considerarse prueba pericial; además, la eficacia probatoria se refiere sólo a la parte fáctica del acta, a los hechos en ella consignados, y en ningún caso alcanza a la interpretación de la norma aplicada o a la calificación jurídica realizada por la Inspección. En este sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en su Sentencia para la Unificación de la Doctrina, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 2661/2012 de 09 de Abril de 2013, "este último precepto fue declarado constitucional por la sentencia del Tribunal Constitucional 76/90, de 26 de abril, que vino a confirmar el valor probatorio de tales actas y diligencias, cuya eficacia ha de medirse a la luz del principio de la libre valoración de la prueba, y que tal valor se refiere solamente a los hechos comprobados directamente por el funcionario, quedando fuera de su alcance las calificaciones jurídicas?.

Incluso, aun refiriéndonos solo al elemento fáctico, cabe decir que sólo puede tener valor probatorio el acta que tiene el contenido necesario que establece el artículo 153 de la LGT, de modo que el acta incompleta o imprecisa es inidónea para desplegar la eficacia probatoria que le reconoce este precepto.

En cuanto al valor probatorio de las actas en el proceso penal ha declarado el Tribunal Supremo que ?el expediente de la Agencia Tributaria, en cuanto conjunto de actuaciones administrativas documentadas, no tiene otro carácter que el correspondiente a una denuncia. Ello no impide que las declaraciones prestadas en el juicio oral por quienes han intervenido en el mismo y en las actuaciones que en él aparecen reflejadas pueda ser valorado por el Tribunal como una prueba testifical que complementa, y al mismo tiempo introduce válidamente en el juicio oral, los datos que consten en el expediente?.

Por último se establece que los hechos aceptados por los obligados tributarios en las actas de inspección se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse mediante prueba de haber incurrido en error de hecho.

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Obligado tributario
Documento público
Fuerza probatoria
Inspección tributaria
Actos de comunicación
Acta de disconformidad
Procedimiento inspector
Liquidación provisional del impuesto
Procedimiento sancionador
Dies a quo
Plazo máximo de resolución
Error de hecho
Prueba en contrario
Estimación indirecta
Acta de conformidad
Acta de conformidad
Audiencia del interesado
Prueba documental
Prueba pericial
Valoración de la prueba
Actuación administrativa
Prueba de testigos
Acta de inspección

LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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