Domicilio y nacionalidad de la sociedad

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El domicilio de las sociedades cumple una función identificadora de la persona jurídica, a través de la localización en un determinado lugar. Por ello se vincula el dato del domicilio con el de la nacionalidad. El Art. 41 ,Código Civil parte de un criterio literal a la hora de la fijación de su domicilio en sus estatutos o reglamentos, indicando, de modo subsidiario para el supuesto de la omisión de ese dato, que el domicilio estará en el lugar en que se halle establecida su representación legal o donde ejerza sus funciones principales.

 

El Código de Comercio no establece con carácter general el régimen del domicilio de las sociedades, si bien el Art. 22 ,Código de Comercio habla de la sede del establecimiento. El Reglamento del Registro Mercantil requiere, a efectos de identidad de la persona jurídica, que se exprese su domicilio, el cual ha de ser único. Aun así partiendo de la unidad de domicilio, hay que distinguir entre el domicilio registral y el efectivo o real, como realiza el Art. 10 ,Ley de Sociedades de Capital. El Art. 50 ,Ley de Enjuiciamiento Civil se refiere al domicilio legal de los comerciantes, diciendo que estará localizado donde tuviere el centro de sus operaciones comerciales, estableciendo que si el comerciante tuviera establecimientos mercantiles a su cargo en diferentes partidos judiciales, podrá ser demandado por acciones personales en aquel en que tuviere el establecimiento principal, o en el que se hubiese obligado, a elección del demandante.

En cuanto a la nacionalidad de las sociedades, el Art. 15 ,Código de Comercio parece orientarse por el lugar de constitución como criterio para la determinación de la nacionalidad de la sociedad. A esto debe de añadírsele la necesidad de que se encuentren domiciliadas en España, a tenor del Art. 28 ,Código de Comercio. Por ello la doctrina nos dice que son sociedades españolas las constituidas y domiciliadas en España. Por el contrario son extranjeras las sociedades que se han constituido fuera de España, también aquellas que, constituidas en nuestro país, fijen su domicilio en el extranjero. Por otra parte, una sociedad que se haya constituido en el extranjero podrá adquirir la nacionalidad española si adapta su régimen Ley española y fija su domicilio en España.

La doctrina del criterio de que son españolas las sociedades constituidas y domiciliadas en España, es revisada por el Art. 8 ,Ley de Sociedades de Capital, que ha adoptado el criterio del domicilio, al afirmar que serán españolas las sociedades de capital que tengan su domicilio en territorio español, cualquiera que sea el lugar en que se hubieren constituido.

La Ley 3/2009 de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles ha incorporado por primera vez en el Derecho español un detallado régimen jurídico del traslado de domicilio de las sociedades españolas al extranjero y viceversa, el legislador ha articulado un régimen en el que facilita la movilidad societaria.

Las sociedades extranjeras que actúan en España podrán ejercitar su actividad empresarial en España, pero su capacidad ha de juzgarse de acuerdo con las leyes de su país. Quedan sometidas a las leyes españolas tanto el establecimiento de sus sucursales como las operaciones que se realicen en territorio español. En el caso de establecimiento, su sucursal hay que inscribirla en el Registro Mercantil, en el que harán constar circunstancias similares a las que se exigen para las sociedades españolas del mismo tipo, a tenor de los Art. 300-305 ,RRM.

Las sociedades extranjeras tienen acceso a los Tribunales de nuestro país, pudiendo ser demandantes y demandadas. Pueden ser sometidas  a su vez al procedimiento de concurso cuando ejerzan su actividad en España.

Hay que decir que de acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro principal se encuentre dentro de la comunidad quedan equiparadas a las personas físicas a los efectos del principio de libertad de establecimiento en otro Estado miembro.

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