Efectos de la declaración de concurso sobre las acciones individuales

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 01/02/2016

Los efectos sobre las acciones individuales aparecen regulados en los Art. 50-57 ,Ley Concursal.

 

Para la exposición de contenido de esta regulación debe distinguirse entre los efectos que se producen en relación en relación con los procesos declarativos y los de ejecución, partiéndose de dos reglas generales:

  • Procesos declarativos:

La Ley Concursal establece la posibilidad de iniciar y continuar nuevos procesos declarativos fuera del concurso, salvo que se trate de materias que estén atribuidas a la competencia del juez del concurso, respecto de las cuales no pueden iniciarse nuevos juicios declarativos procesos contra el concursado.

  • Ejecuciones:

No cabe iniciar ni continuar procesos de ejecución, cualquiera que sea el órgano que haya dictado la resolución que reconoce el crédito, con las excepciones que se expondrán, al estar atribuida la competencia de las ejecuciones contra el patrimonio del concursado a la competencia exclusiva y excluyente del juez del concurso.

Efectos de la declaración de concurso sobre juicios declarativos

La Ley Concursal establece como regla general la posibilidad de iniciar nuevos juicios declarativos, así como la continuación de los que estuvieran en trámite en el momento de declararse el concurso, con la excepción de aquellas materias que estén atribuidas a la competencia exclusiva y excluyente del juez del concurso, siguiendo la lo dispuesto en el  Art. 8 ,Ley Concursal, respecto de las cuales no cabe iniciar nuevos procesos contra el concursado, debiendo el acreedor comunicar su crédito en el concurso, que quedará integrado en la masa pasiva del mismo.

No obstante, las materias atribuidas al juez del concurso en el ámbito de la jurisdicción civil son tan amplias que puede afirmarse que la regla general constituye la excepción, ya que en el ámbito de las acciones civiles la declaración de concurso implica la imposibilidad de ejercitar extraconcursalmente contra el deudor la mayoría de ellas.

Efectos sobre los nuevos juicios declarativos

Se analizarán a continuación los efectos que la declaración del concurso supone en relación con la posibilidad de iniciación de nuevos procesos declarativos, debiendo distinguirse dos supuestos distintos:

  • acciones que pueden ejercitarse frente al concursado una vez declarado el concurso
  • ejercicio de acciones del propio concursado.

Ejercicio de acciones contra el concursado una vez declarado el concurso:

En relación con este supuesto, una vez declarado el concurso podrán iniciarse nuevos juicios declarativos contra el concursado, de los que conocerán los Juzgados o Tribunales objetivamente competentes, que se tramitarán hasta la firmeza de la resolución que ponga fin al procedimiento.

 Sin embargo, como excepción, dispone el Art. 50 ,Ley Concursal que no podrán iniciarse tales juicios al margen del concurso cuando versen sobre materias cuyo conocimiento, conforme a lo establecido en el Art. 8 ,Ley Concursal, venga atribuido al juez del concurso. 

Ejercicio de acciones por el concursado una vez declarado el concurso:

Respecto de la acciones ejercitadas por el concursado o por la administración concursal, el juez del concurso no tiene competencia para conocer de estas acciones, pues no se dirigen contra el patrimonio del concursado.

No obstante, la Ley si establece en su Art. 54 ,Ley Concursal determinadas normas que afectan únicamente a la legitimación y a la capacidad procesal del concursado, razón por la cual se suele considerar que este artículo es aplicable no solo en relación con las acciones de índole civil, sino también a las sociales o contencioso administrativas.

Efectos sobre los juicios declarativos en trámite

Tal y como establece el Art. 51 ,Ley Concursal, los juicios declarativos en que el deudor sea parte y que se encuentren en tramitación al momento de la declaración de concurso continuarán sustanciándose ante el mismo tribunal que estuviere conociendo de ellos hasta la firmeza de la sentencia.

Esta norma es de aplicación tanto a las demandas interpuestas por los acreedores contra el concursado como las que éste pueda interponer frente a terceros.

Por tanto, tratándose de demandas civiles o sociales contra el patrimonio del concursado, aunque versen sobre materias atribuidas a la competencia exclusiva y excluyente del juez del concurso tales juicios continuaran hasta sentencia, correspondiendo la competencia para la ejecución de la misma al juez del concurso a través del propio procedimiento concursal.

No obstante, si tales demandas son interpuestas una vez declarado el concurso, los jueces de primera instancia o de lo social deberán abstenerse, en base a lo dispuesto en el 50.1 ,Ley Concursal, instando a las partes a que ejerciten su derecho ante el juez del concurso.

Resulta por tanto primordial determinar cuándo un procedimiento judicial debe entenderse en trámite al declararse el concurso. A estos efectos parece generalmente admitido que el momento que hay que tomar en consideración es el de la interposición de la demanda, no el de su admisión a trámite, lo cual se deriva del Art. 410 ,LEC que señala que la litispendencia, con todos sus efectos procesales, se producen desde la interposición de la demanda.

Por lo tanto, de una parte, debe tenerse en cuenta la fecha de interposición de la demanda, y por otra, la fecha de declaración de concurso.

Por tanto, una vez declarado el concurso los juicios declarativos en trámite continúan hasta la firmeza de la sentencia, aunque esta expresión no es acertada pues cabe la posibilidad de conclusión del juicio por auto o por decreto, como ocurrirá por ejemplo en caso de transacción o desistimiento.

La única excepción a esta regla general es la que contiene el 51.1 ,Ley Concursal, cuando se trate del ejercicio de la acción para exigir la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados a la sociedad por los administradores, liquidadores o auditores de la sociedad concursada (acción social de responsabilidad de los Art. 238-240 , Ley de Sociedades de Capital) (1), que deben acumularse al propio concurso y seguir su tramitación en pieza separada por las reglas del procedimiento de que se trate, esto es, juicio ordinario o juicio verbal.

Ejecuciones y apremios

Conforme a lo establecido en el Art. 55 ,Ley Concursal, declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor.

Hasta la aprobación del plan de liquidación, podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado diligencia de embargo y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

Las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos.

Cuando las actuaciones de ejecución hayan quedado en suspenso conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez, a petición de la administración concursal y previa audiencia de los acreedores afectados, podrá acordar el levantamiento y cancelación de los embargos trabados cuando el mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado. El levantamiento y cancelación no podrá acordarse respecto de los embargos administrativos.

Se exceptúa de las normas contenidas en los apartados anteriores lo establecido en esta ley para los acreedores con garantía real.

Paralización de ejecuciones de garantías reales y acciones de recuperación asimiladas. (Art. 56 ,Ley Concursal)

Los acreedores con garantía real sobre bienes del concursado que resulten necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de la garantía hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o trascurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación.

En particular, no se considerarán necesarias para la continuación de la actividad las acciones o participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de un activo y del pasivo necesario para su financiación, siempre que la ejecución de la garantía constituida sobre las mismas no suponga causa de resolución o modificación de las relaciones contractuales que permitan al concursado mantener la explotación del activo.

Tampoco podrán ejercitarse durante ese tiempo:

  • acciones tendentes a recuperar los bienes vendidos a plazos o financiados con reserva de dominio mediante contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles.
  • acciones resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado, aunque deriven de condiciones explícitas inscritas en el Registro de la Propiedad.
  • acciones tendentes a recuperar los bienes cedidos en arrendamiento financiero mediante contratos inscritos en los Registros de la Propiedad o de Bienes Muebles o formalizados en documento que lleve aparejada ejecución.

Las actuaciones ya iniciadas en ejercicio de las acciones a que se refiere el apartado anterior se suspenderán, si no hubiesen sido suspendidas en virtud de lo dispuesto en el Art. 5 bis ,Ley Concursal(2), desde que la declaración del concurso, sea o no firme, conste en el correspondiente procedimiento, aunque ya estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien o derecho.

Sólo se alzará la suspensión de la ejecución y se ordenará que continúe cuando se incorpore al procedimiento testimonio de la resolución del juez del concurso que declare que los bienes o derechos no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

Durante la paralización de las acciones o la suspensión de las actuaciones y cualquiera que sea el estado de tramitación del concurso, la administración concursal podrá ejercitar la opción prevista en el 155.2 ,Ley Concursal.

La declaración de concurso no afectará a la ejecución de la garantía cuando el concursado tenga la condición de tercer poseedor del bien objeto de ésta

A los efectos de lo dispuesto en los Art. 56,Art. 57 ,Ley Concursal, corresponderá al juez del concurso determinar si un bien del concursado resulta necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

Inicio o reanudación de ejecuciones de garantías reales.   

Tal y como afirma el Art. 57 ,Ley Concursal, el ejercicio de acciones que se inicie o se reanude conforme a lo previsto en el Art. 56 ,Ley Concursal  durante la tramitación del concurso se someterá a la jurisdicción del juez de éste, quien a instancia de parte decidirá sobre su procedencia y, en su caso, acordará su tramitación en pieza separada, acomodando las actuaciones a las normas propias del procedimiento judicial o extrajudicial que corresponda.

Una vez iniciadas o reanudadas las actuaciones, no podrán ser suspendidas por razón de vicisitudes propias del concurso.

Abierta la fase de liquidación, los acreedores que antes de la declaración de concurso no hubieran ejercitado estas acciones perderán el derecho de hacerlo en procedimiento separado. Las actuaciones que hubieran quedado suspendidas como consecuencia de la declaración de concurso se reanudarán, acumulándose al procedimiento de ejecución colectiva como pieza separada.

(1) Art. 239 ,Ley de Sociedades de Capital MODIFICADO por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

 (2) Modificado por la Ley 9/2015, de 25 de mayo

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Juez del concurso
Declaración de concurso
Patrimonio del concursado
Acción individual
Efectos de la declaración de concurso
Actividades profesionales
Administración concursal
Proceso de ejecución
Fecha de la declaración de concurso
Acción civil
Falta de competencia
Capacidad procesal
Demandas civiles
Sociedad de capital
Procedimiento concursal
Litispendencia
Bienes muebles
Contrato inscrito
Responsabilidad civil
Diligencia de embargo
Acción social de responsabilidad
Registro de la Propiedad
Daños y perjuicios
Relación contractual
Realización forzosa
Arrendamiento financiero
Reserva de dominio
Suspensión de la ejecución
Acción resolutoria
Tercer poseedor