Efectos de la declaración de concurso sobre los actos perjudiciales para la masa activa: Perjuicio en la rescisión concursal, reglas especiales, otras acciones de impugnación, efectos de la rescisión

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 01/02/2016

El 71.1 ,Ley Concursal declara rescindibles los actos de disposición patrimonial perjudiciales para la masa activa, realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, aunque no hubiere existido intención fraudulenta.

 

El perjuicio patrimonial se presume, sin admitir prueba en contrario, cuando se trate de actos de disposición a título gratuito, salvo las liberalidades de uso, y de pagos u otros actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso, excepto si contasen con garantía real, en cuyo caso se aplicará lo previsto en el 71.3 ,Ley Concursal

El perjuicio patrimonial se presume (salvo prueba en contrario) cuando se trate de los siguientes actos:

  • actos dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado.
  • constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en sustitución de aquéllas.
  • pagos u otros actos de extinción de obligaciones que contasen con garantía real y cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso.

Cuando se trate de actos no comprendidos en los tres supuestos previstos anteriormente, el perjuicio patrimonial deberá ser probado por quien ejercite la acción rescisoria.

Excepcionalmente algunos actos de disposición del deudor están excluidos de la rescisión concursal o sujetos a un régimen más oneroso de impugnación. Así lo dispone el  71.5 ,Ley Concursal, cuando establece que en ningún caso podrán ser objeto de rescisión:

  • Los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales.
  • Los actos comprendidos en el ámbito de leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos y compensación y liquidación de valores e instrumentos derivados.
  • Las garantías constituidas a favor de los créditos de Derecho Público y a favor del FOGASA en los acuerdos o convenios de recuperación previstos en su normativa específica.

Asimismo, el apartado 6 del citado precepto establece que el ejercicio de las acciones rescisorias no impedirá el de otras acciones de impugnación de actos del deudor que procedan conforme a Derecho, las cuales podrán ejercitarse ante el juez del concurso, conforme a las normas de legitimación y procedimiento que para aquéllas contiene el Art. 72 ,Ley Concursal.

La rescisión concursal nace con el concurso, como uno de los efectos de su declaración, sólo puede ejercitarse durante su vigencia y tiene su justificación en la necesidad de garantizar los derechos de los acreedores afectados por el concurso.

En concreto, pretende preservar la integridad del patrimonio, que debe garantizar la satisfacción de los créditos, así como salvaguardar la par condicio creditorum, para evitar una discriminación arbitraria de los acreedores a quienes se debe pagar.

Perjuicio en la rescisión concursal: 

El perjuicio para la masa activa es un concepto jurídico indeterminado, que no aparece definido en la Ley, de modo que la determinación de su contenido ha quedado a la interpretación judicial.

Una primera aproximación, en base al 71.1 ,Ley Concursal, podría llevar a la consideración de que el perjuicio solo opera si existe un auténtico detrimento patrimonial, que se daría cuando, como consecuencia del acto de disposición, disminuye el patrimonio del deudor, luego concursado.

Por una lado, el 71.1 ,Ley Concursal, se refiere a los “actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta”.

Por otro lado, los apartados 2, 3 y 4 del Art. 71 ,Ley Concursal, al establecer los criterios de acreditación o prueba del perjuicio, suministran indirectamente información sobre qué entiende el legislador por perjuicio.

La Ley establece una regla general, en 71.4 ,Ley Concursal, sobre la carga de la prueba del perjuicio, que se atribuye a quien interese la rescisión del acto de disposición.

A su vez, añade dos reglas especiales:

  • la primera, presume el perjuicio sin admitir prueba en contrario (iuris et de iure) en dos casos en que, por su propia naturaleza, se hace evidente la falta de justificación del sacrificio patrimonial que comportan (71.2 ,Ley Concursal).
  • la segunda presume el perjuicio, iuris tantum, en otros tres casos en que se invierte la carga de la prueba del perjuicio, de manera que deberá ser el deudor y/o el adquirente del bien o derecho quienes prueben la ausencia de perjuicio (71.3 ,Ley Concursal).

Ello supone, en un orden práctico, que si el acto impugnado puede incluirse en alguno de los dos previstos en el 71.2 ,Ley Concursal, no será necesario probar el perjuicio. Al margen de estos casos, el perjuicio o su ausencia serán objeto de prueba, dependiendo de si operan o no las presunciones del 71.3 ,Ley Concursal.

El juicio sobre el perjuicio exige, por lo tanto, que haya existido un auténtico sacrificio patrimonial, que no se da en todo acto de disposición patrimonial, como pueda se el caso de realización de un negocio oneroso y la prestación realizada por el deudor tiene su justificación en una contraprestación de valor patrimonial equivalente. Además, es preciso que dicho sacrificio carezca de justificación.

La STS de 27-10-2010 (TS, Sala de lo Civil, nº 662/2010, de 27/10/2010, Rec. 10/2007), alude al concepto de sacrifico patrimonial injustificado en un caso en que el acto de disposición objeto de rescisión era de un negocio con reciprocidad de prestaciones, en que no existe una equivalencia de prestaciones (venta de dos inmuebles por un precio muy inferior al de mercado), y este desequilibrio no se justifica por las circunstancias concurrentes:

“Es evidente que la venta se hizo por un precio notablemente inferior al del mercado lo que produjo una disminución del valor del patrimonio de la entidad vendedora constituyendo un sacrificio patrimonial injustificado. Las circunstancias concurrentes no solo no justifican la venta, sino que incluso explican el por qué se realizó una operación que era perjudicial para la vendedora y sus acreedores, y muy beneficioso para la sociedad compradora, uno de cuyos socios era acreedor de la vendedora. Y a este respecto es especialmente significativo que el mismo día 31 de agosto de 2004 en que se formalizó la compraventa, los hijos del administrador de la vendedora (...) pactaron con la sociedad compradora entrar a formar parte como socios mediante una ampliación de capital (...). Y a todo ello aún cabe añadir la falta de pago de parte del precio y del IVA”.

Esta falta de justificación subyace a los supuestos en que el 71.2 ,Ley Concursal presume el perjuicio.

Otras acciones de impugnación:

Cuando el 72.2 ,Ley Concursal dispone que "Sólo la administración concursal estará legitimada para el ejercicio de la acción rescisoria y demás de impugnación que puedan plantearse contra los acuerdos de refinanciación del artículo 71 bis. La acción rescisoria solo podrá fundarse en el incumplimiento de las condiciones previstas en dicho artículo, correspondiendo a quien ejercite la acción la prueba de tal incumplimiento. Para el ejercicio de estas acciones no será de aplicación la legitimación subsidiaria prevista en el apartado primero del citado artículo."

Efectos de la rescisión. 

En virtud de lo establecido en el Art. 73 ,Ley Concursal, la sentencia estimatoria de la acción declarará la ineficacia del acto impugnado y condenará a la restitución de las prestaciones objeto de aquel, con sus frutos e intereses.

Por otro lado, si los bienes y derechos salidos del patrimonio del deudor no pudieran reintegrarse a la masa por pertenecer a tercero no demandado o que, conforme a la sentencia, hubiera procedido de buena fe o gozase de irreivindicabilidad o de protección registral, se condenará a quien hubiera sido parte en el acto rescindido a entregar el valor que tuvieran cuando salieron del patrimonio del deudor concursado, más el interés legal; si la sentencia apreciase mala fe en quien contrató con el concursado, se le condenará a indemnizar la totalidad de los daños y perjuicios causados a la masa activa.

El derecho a la prestación que resulte a favor de cualquiera de los demandados como consecuencia de la rescisión tendrá la consideración de crédito contra la masa, que habrá de satisfacerse simultáneamente a la reintegración de los bienes y derechos objeto del acto rescindido, salvo que la sentencia apreciare mala fe en el acreedor, en cuyo caso se considerará crédito concursal subordinado.

 

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