Efectos de la declaración de concurso sobre los contratos

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 08/06/2018

La Ley Concursal regula esta materia en los arts. 61-70, Ley Concursal, bajo el título «De los efectos sobre los contratos».

En general, puede decirse que la declaración de concurso no afecta a la vigencia de los contratos en los que el concursado sea parte, los cuales desplegarán todos sus efectos con arreglo a la legislación que les sea de aplicación, en especial el Código Civil, salvo en aquellos aspectos que regula la Ley Concursal.

Por tanto, los contratos se siguen rigiendo por su legislación específica, sin perjuicio de los efectos que la Ley Concursal establezca.

La regulación contenida los arts. 61-70, Ley Concursal, se circunscribe a las siguientes materias:

  1. Contratos con obligaciones recíprocas
  2. Contratos de trabajo, regulándose fundamentalmente el procedimiento a seguir en relación con los expedientes colectivos y la extinción y suspensión de los contratos del personal de alta dirección.
  3. En relación con los contratos celebrados con administraciones públicas se remite a la legislación especial en la materia (art. 67, Ley Concursal)
  4. Se prevé la posibilidad de que el administrador concursal rehabilite contratos de préstamo, de créditos (art. 68, Ley Concursal), de adquisición de bienes con precio aplazado (art. 69, Ley Concursal), así como la posibilidad de enervación del desahucio y de rehabilitación del contrato de arrendamiento (art. 70, Ley Concursal).

CONTRATOS CON OBLIGACIONES RECÍPROCAS (SINALAGMÁTICOS)

Vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas:

Los contratos sinalagmáticos o con obligaciones recíprocas se encuentran regulados en los  arts. 61-62, Ley Concursal.

Es preciso advertir, en primer lugar, que el ámbito de tales preceptos se extiende no a todo tipo de obligaciones, sino precisamente a las reciprocas, por lo que deberá analizarse en cada caso en concreto si nos hallamos ante tal tipo de obligaciones, es decir, si las obligaciones asumidas por cada una de las partes son la contrapartida o contraprestación de la otra.

La regla general en relación con este tipo de contratos es la de la continuación de su vigencia una vez declarado el concurso, no viéndose por tanto afectados por dicha declaración, lo cual es coherente con el principio de empresa en funcionamiento.

Incluso para favorecer el mantenimiento del contrato el apdo. 1, art. 63, Ley Concursal establece que se tendrán por no puestas las cláusulas que establezcan la facultad de resolución, o la extinción del contrato, por la declaración de concurso de alguna de las partes.

Deberá analizarse si en el momento de la declaración de concurso existen pendientes de cumplimiento obligaciones por alguna de las partes o por ambas, ya que los efectos en la clasificación del crédito del acreedor en uno u otro caso son muy distintos.

En este sentido, y tal y como dispone el apdo. 1, art. 61, Ley Concursal, “en los contratos celebrados por el deudor, cuando al momento de la declaración del concurso una de las partes hubiera cumplido íntegramente sus obligaciones y la otra tuviese pendiente el cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su cargo, el crédito o la deuda que corresponda al deudor se incluirá, según proceda, en la masa activa o en la pasiva del concurso.”

Por el contrario, si existen obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes, conforme al 61.2 ,Ley Concursal, la prestación a la que está obligado la parte no declarada en concurso se incluirá igualmente en la masa activa, pero su crédito, la prestación que incumbe al concursado, se realiza con cargo a la masa, esto es, tendrá la consideración de crédito contra la masa, principalmente el pago a su vencimiento y en todo caso antes que los créditos concursales.

Resolución de los contratos con obligaciones recíprocas:

Respecto de la posibilidad de resolver, una vez declarado el concurso, los contratos con obligaciones recíprocas, debe de distinguirse igualmente en este caso si existen obligaciones pendientes de cumplimiento por una sola de las partes, o bien por ambas, ya que las consecuencias en uno y otro caso sobre la posible resolución de los contratos son totalmente distintas:

a) Obligaciones pendientes de cumplimiento por una sola de las partes:

Como se ha afirmado anteriormente, en este caso la regla aplicable es la vigencia del contrato en todo caso, es decir, no cabe la posibilidad de resolver dichos contratos una vez declarado el concurso.

Si ello se permitiera, supondría una modificación de la lista de acreedores y del inventario mediante las restituciones a las que vinieran obligadas las partes. Sería el caso por ejemplo, de que la concursada ha adquirido un determinado bien que no ha pagado.

El vendedor únicamente ostenta un crédito frente al concursado, quedando integrado en la masa pasiva. Si se permitiera durante el concurso la resolución, con la consecuente restitución de las respectivas prestaciones, se modificaría la lista de acreedores y, además, tendría que salir de la masa activa el bien adquirido, que ya pertenece al concursado y por tanto está afecto al pago de todos los créditos del concurso.

b) Obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes:

En este caso los arts. 61-62, Ley Concursal, sí admiten la resolución del contrato en dos casos distintos, por un lado resolución en interés del concurso y por otro lado, resolución por incumplimiento.

  • Resolución en interés del concurso

El artículo apdo. 1, art. 62, Ley Concursal, establece que la administración concursal, en caso de suspensión, o el concursado, en caso de intervención, podrán solicitar la resolución del contrato si lo estimaran conveniente al interés del concurso.

El secretario judicial citará a comparecencia ante el juez al concursado, a la administración concursal y a la otra parte en el contrato y, de existir acuerdo en cuanto a la resolución y sus efectos, el juez dictará auto declarando resuelto el contrato de conformidad con lo acordado.

En otro caso, las diferencias se sustanciarán por los trámites del incidente concursal y el juez decidirá acerca de la resolución, acordando, en su caso, las restituciones que procedan y la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa. Cuando se trate de la resolución de contratos de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la demanda incidental se acompañará tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez podrá tener en cuenta al fijar la indemnización.

Por tanto, en este caso la resolución del contrato no está basada en el incumplimiento por ninguna de las partes, siendo irrelevante por ello que la parte no concursada haya cumplido con sus obligaciones, sino exclusivamente por el interés del concurso. Resuelto el contrato, las restituciones e indemnizaciones que precedan lo serán con cargo a la masa.

  • Resolución por incumplimiento

Tratándose de contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes la declaración de concurso no afectará a la facultad de resolución de los mismos, dice el apdo. 1, art. 62, Ley Concursal, en caso de incumplimiento por alguna de las partes.

Tratándose de contratos de tracto único sólo cabe la resolución cuando el incumplimiento sea posterior al concurso. Si es anterior, por tanto, no cabe la resolución por incumplimiento, aunque sí la resolución en interés del concurso del apdo. 2, art. 61, Ley Concursal.

Por el contrario si se trata de contratos de tracto sucesivo el incumplimiento puede ser anterior o posterior.

Respecto de las obligaciones vencidas, se incluirá en el concurso el crédito que corresponda al acreedor que hubiera cumplido sus obligaciones contractuales, si el incumplimiento del concursado fuera anterior a la declaración de concurso; si fuera posterior, el crédito de la parte cumplidora se considerará como crédito contra la masa.

En cuanto a la distinción entre contratos de tracto único y sucesivo, la Sentencia Civil Nº 510/2013, TS, Sala de lo Civil, Sec. 1, Rec 168/2012, 25-07-2013, señala lo siguiente:

“En las sentencias 145/2012 y 161/2012, ambas de 21 de marzo, con ocasión de una controversia sobre la resolución de sendos contratos de suministro de energía eléctrica, no dudamos en calificar aquellos contratos de "contratos de tracto sucesivo".

En aquellas sentencias partimos de una caracterización doctrinal de los contratos se tracto sucesivo, como aquellos en que "un proveedor se obliga a realizar una sola prestación continuada en el tiempo o pluralidad de prestaciones sucesivas, periódicas o intermitentes, por tiempo determinado o indefinido, que se repiten, a fin de satisfacer intereses de carácter sucesivo, periódico o intermitente más o menos permanentes en el tiempo, a cambio de una contraprestación recíproca determinada o determinable dotada de autonomía relativa dentro del marco de un único contrato de tal forma que cada uno de los pares o periodos de prestaciones en que la relación se descompone satisface secuencialmente el interés de los contratantes".

De este modo, en el contrato de tracto sucesivo las prestaciones son susceptibles de aprovechamiento independiente, en el sentido de que cada prestación singular satisface íntegramente el interés de ambas partes durante el correspondiente periodo, independientemente de las prestaciones pasadas o futuras de ese mismo contrato. Mientras que en el contrato de tracto único la prestación se configura como objeto unitario de una sola obligación,al margen de que se realice en un sólo acto o momento jurídico, o bien se fraccione en prestaciones parciales que se realizan en periodos de tiempo iguales o no.

Los contratos de ejecución fraccionada o separada en que la prestación es única, sin perjuicio de que se ejecute por partes, en atención a la dificultad de la preparación del cumplimiento, como en el contrato de obra, o para facilitar o financiar el cumplimiento, como en la compraventa a plazos, no dejan de tener esta consideración de contratos de tracto único, a los efectos del ejercicio de la facultad resolutoria dentro del concurso por incumplimiento.

(…)

6. Después de la declaración de concurso, conforme al art. 62.1 LC , la parte in bonis en un contrato de tracto único tan sólo podrá ejercitar la facultad resolutoria por incumplimiento de la concursada si el incumplimiento es posterior a la declaración de concurso; mientras que si se tratara de un contrato de tracto sucesivo , " la facultad resolutoria podrá ejercitarse también cuando el incumplimiento hubiera sido anterior a la declaración de concurso ". Consiguientemente, cuando el incumplimiento sea anterior a la declaración de concurso, no cabrá instar la resolución del contrato de tracto único.”

Por último, el apdo. 3, art. 62, Ley Concursal, atribuye al juez del concurso la facultad de acordar el cumplimiento del contrato, aunque exista causa de resolución.

En estos casos por tanto se obliga a la parte cumplidora a continuar manteniendo el vínculo contractual, a pesar del incumplimiento del concursado, siendo el importe total de lo que éste le adeude crédito contra la masa, como se desprende de lo dispuesto en el  apdo. 2, art. 62, Ley Concursal

CONTRATOS DE TRABAJO 

Dentro del capítulo dedicado a los efectos del concurso en relación con lo acreedores, el art. 64, Ley Concursal (1) se refiere a los contratos de trabajo, en el que realmente se regula la tramitación de los expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos, y de suspensión o extinción colectivas de las relaciones laborales ante el juez del concurso.

Por su parte el art. 65, Ley Concursal regula los contratos del personal de alta dirección.

(1) El art. 64, Ley Concursal queda modificado por la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal.

Expedientes de regulación de empleo ante el juez del concurso:

El apdo. 2, art. 8, Ley Concursal, reconoce la competencia del juez del concurso para conocer de los expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos, y de suspensión (a la que se equipara la reducción temporal de jornada) y extinción colectiva de relaciones laborales, una vez declarado el concurso, tramitándose por las reglas que contiene el art. 64, Ley Concursal, siendo de aplicación supletoria la legislación laboral, según establece el apartado 11 de dicho precepto.

La admisión a trámite de la solicitud requiere de la concurrencia de los siguientes requisitos:

1º Que se formule por la administración concursal, el deudor o los trabajadores a través de sus representantes legales (apdo. 2, art. 64, Ley Concursal).

2º Que se presente la solicitud una vez emitido el informe de la administración concursal regulado en el art. 74, Ley Concursal y siguientes. Como excepción, aunque puede hacerse con anterioridad cuando se acredite que la demora en la aplicación de las medidas colectivas pretendidas puede comprometer gravemente la viabilidad futura de la empresa o del empleo o causar grave perjuicio a los trabajadores (apdo. 3, art. 64, Ley Concursal).

Asimismo, puede tramitarse, cuando conforme a lo dispuesto en el apdo. 4, art. 64, Ley Concursal, la administración concursal solicite el cierre de la empresa o el cese o suspensión total o parcial de la actividad empresarial, y ello suponga la modificación (incluidos los traslados colectivos), suspensión o extinción colectiva de los contratos de trabajo.

3º Que se expongan y justifiquen las causas motivadoras de las medidas colectivas pretendidas, y los objetivos que con las mismas se propongan alcanzar para asegurar, en su caso, la viabilidad futura de la empresa y del empleo (apdo. 4, art. 64, Ley Concursal). Admitida a trámite la solicitud el juez convoca un periodo de consultas. Respecto de las personas que han de intervenir en este periodo de consultas, comienza señalando el apartado 5º que se convocará no solo a los representantes de los trabajadores y a la Administración concursal, sino también al concursado.

Pero a continuación, en el siguiente párrafo, señala que “En caso de intervención de las facultades de administración y disposición del deudor, el juez podrá autorizar la participación del concursado en el período de consultas”, es decir, solo prevé la intervención del concursado en caso de haberse acordado la intervención de sus facultades patrimoniales, y previa autorización judicial, pero no en el caso de suspensión e tales facultades.

Así, el apartado 6 del artículo se refiere a que los representantes de los trabajadores y la administración concursal deben negociar de buena fe para la consecución de un acuerdo.

El acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.

El acuerdo suscrito por la administración concursal y los representantes de los trabajadores podrá ser acompañado con la solicitud, en cuyo caso, no será necesaria la apertura del período de consultas.

En el acuerdo se recogerá la identidad de los trabajadores afectados y se fijarán las indemnizaciones, que se ajustarán a lo establecido en la legislación laboral, salvo que, ponderando los intereses afectados por el concurso, se pacten de forma expresa otras superiores.

Al finalizar el plazo señalado o en el momento en que se consiga un acuerdo, la administración concursal y los representantes de los trabajadores comunicarán al juez del concurso el resultado del período de consultas.

Recibida dicha comunicación, el secretario judicial recabará un informe de la autoridad laboral sobre las medidas propuestas o el acuerdo alcanzado, que deberá ser emitido en el plazo de quince días, pudiendo ésta oír a la administración concursal y a los representantes de los trabajadores antes de su emisión.

Recibido el informe por el juez del concurso o transcurrido el plazo de emisión, seguirá el curso de las actuaciones. Si el informe es emitido fuera de plazo, podrá no obstante ser tenido en cuenta por el juez del concurso al adoptar la correspondiente resolución.

Cumplidos los trámites, el juez resolverá en un plazo máximo de cinco días, mediante auto, sobre las medidas propuestas, aceptando, de existir, el acuerdo alcanzado, salvo que en la conclusión del mismo aprecie la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. En este caso, así como en el supuesto de no existir acuerdo, el juez determinará lo que proceda conforme a la legislación laboral.

Si no se hubiera llegado a acuerdo, el juez del concurso dará audiencia a quienes hubieran intervenido en el período de consultas, para lo cual, el secretario del juzgado les convocará a una comparecencia en la que podrán formular alegaciones y aportar prueba documental.

Se podrá sustituir esta comparecencia (por orden del juez) por un trámite escrito de alegaciones por tres días.

El auto, en caso de acordarse la suspensión o extinción colectiva de los contratos de trabajo, surtirá efectos desde la fecha en que se dicte, salvo que en él se disponga otra fecha posterior, y producirá las mismas consecuencias que la decisión extintiva o suspensiva adoptada por el empresario al amparo de lo establecido en los artículos 51 o 47 del Estatuto de los Trabajadores o que, en su caso, la resolución administrativa de la autoridad laboral recaída en un expediente de regulación de empleo, a efectos del acceso de los trabajadores a la situación legal de desempleo.

Contra el auto, la administración concursal, el concursado, los trabajadores a través de sus representantes y el Fondo de Garantía Salarial (en adelante FOGASA) podrán interponer recurso de suplicación, así como el resto de recursos previstos en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, que se tramitarán y resolverán ante los órganos jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos tenga efectos suspensivos sobre la tramitación del concurso ni de los incidentes concursales.

Las acciones que los trabajadores o el FOGASA puedan ejercer contra el auto en cuestiones que se refieran estrictamente a la relación jurídica individual, se sustanciarán por el procedimiento del incidente concursal en materia laboral. El plazo para interponer la demanda de incidente concursal es de un mes desde que el trabajador conoció o pudo conocer el auto del juez del concurso. La sentencia que recaiga será recurrible en suplicación.

En el supuesto de acordarse una modificación sustancial de carácter colectivo de las previstas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, el derecho de rescisión de contrato con indemnización que, para tal supuesto, reconoce dicha norma legal, quedará en suspenso durante la tramitación del concurso y con el límite máximo de un año desde que se hubiere dictado el auto judicial que autorizó dicha modificación.

Las acciones resolutorias individuales interpuestas al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, motivadas por la situación económica o de insolvencia del concursado, tendrán la consideración de extinciones de carácter colectivo, desde que se acuerde la iniciación del procedimiento previsto en este artículo, para la extinción de los contratos. Acordada la iniciación del procedimiento previsto en este artículo, la totalidad de los procesos individuales seguidos frente a la concursada posteriores a la solicitud del concurso pendiente de resolución firme, se suspenderán hasta que adquiera firmeza el auto que ponga fin al procedimiento de extinción colectiva. La resolución que acuerde la suspensión se comunicará a la administración concursal a los efectos del reconocimiento como contingente del crédito que pueda resultar de la sentencia que en su día se dicte, una vez alzada la suspensión. Igualmente se comunicará a los tribunales ante los que estuvieren tramitando los procedimientos individuales. El auto que acuerde la extinción colectiva producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales suspendidos.

Contratos de personal de alta dirección:

El art. 65, Ley Concursal, regula la extinción o suspensión de los contratos del personal de alta dirección, es decir, del personal dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la Relación Laboral de carácter Especial del personal de Alta Dirección.

Establece el citado precepto la posibilidad de que la administración concursal extinga o suspenda tales contratos, pudiendo ser impugnada tal decisión ante el juez del concurso a través del incidente concursal en materia laboral.

En caso de extinción del contrato de trabajo, el juez del concurso podrá moderar la indemnización que corresponda al alto directivo conforme al contrato, con el límite de la indemnización establecida en la legislación laboral para el despido colectivo, es decir, 20 días de salario por año hasta un máximo de 12 mensualidades.

En caso de suspensión el alto directivo podrá extinguir el contrato, con preaviso de un mes, teniendo derecho a la misma indemnización.

Por último, establece el apartado 4º de dicho artículo que la administración concursal podrá solicitar del juez que el pago de este crédito se aplace hasta que sea firme la sentencia de calificación, lo que sin duda viene motivado por la posición que ocupan estos trabajadores en la empresa, con la posibilidad de que deriven contra ellos responsabilidades en la pieza de calificación.

Ampliar información en : Concurso de acreedores y Expediente de Regulación de Empleo

CONTRATOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La legislación especial en esta materia la encontramos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Con carácter general y para todo tipo de contratos, tanto administrativos como privados, el art. 71, Ley 9/2017 de 8 de Nov (Contratos del Sector Público) apartado c), señala como circunstancia determinante de no poder contratar con la Administración Pública «Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en este haya adquirido eficacia un convenio o se haya iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso».

 Según el art. 72, L-25476944:

«1. Las prohibiciones de contratar relativas a las circunstancias contenidas en las letras c), d), f), g) y h) del apartado 1 del artículo anterior, se apreciarán directamente por los órganos de contratación, subsistiendo mientras concurran las circunstancias que en cada caso las determinan.

2. La prohibición de contratar por las causas previstas en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo anterior se apreciará directamente por los órganos de contratación, cuando la sentencia o la resolución administrativa se hubiera pronunciado expresamente sobre su alcance y duración, subsistiendo durante el plazo señalado en las mismas.

En el caso de que la sentencia o la resolución administrativa no contengan pronunciamiento sobre el alcance o duración de la prohibición de contratar; en los casos de la letra e) del apartado primero del artículo anterior; y en los supuestos contemplados en el apartado segundo, también del artículo anterior, el alcance y duración de la prohibición deberá determinarse mediante procedimiento instruido al efecto, de conformidad con lo dispuesto en este artículo.

3. La competencia para fijar la duración y alcance de la prohibición de contratar en el caso de las letras a) y b) del apartado 1 del artículo anterior, en los casos en que no figure en la correspondiente sentencia o resolución, y la competencia para la declaración de la prohibición de contratar en el caso de la letra e) del apartado primero del artículo anterior respecto de la obligación de comunicar la información prevista en el artículo 82.4 y en el artículo 343, corresponderá al Ministro de Hacienda y Función Pública previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, o a los órganos que resulten competentes en el ámbito de las Comunidades Autónomas en el caso de la letra e) citada.

A efectos de poder dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, el órgano judicial o administrativo del que emane la sentencia o resolución administrativa deberá remitir de oficio testimonio de aquella o copia de esta a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, sin perjuicio de que por parte de este órgano, de tener conocimiento de su existencia y no habiendo recibido el citado testimonio de la sentencia o copia de la resolución administrativa, pueda solicitarlos al órgano del que emanaron.

En los supuestos previstos en la letra e) del apartado 1 del artículo anterior referido a casos en que se hubiera incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el artículo 140, o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, y en los supuestos previstos en el apartado segundo del L-25476944-71, la declaración de la prohibición de contratar corresponderá al órgano de contratación.

4. La competencia para la declaración de la prohibición de contratar en los casos en que la entidad contratante no tenga el carácter de Administración Pública corresponderá al titular del departamento, presidente o director del organismo al que esté adscrita o del que dependa la entidad contratante o al que corresponda su tutela o control. Si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una Administración, será competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación mayoritaria.

5. Cuando conforme a lo señalado en este artículo, sea necesaria una declaración previa sobre la concurrencia de la prohibición, el alcance y duración de esta se determinarán siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca.

No procederá, sin embargo, declarar la prohibición de contratar cuando, en sede del trámite de audiencia del procedimiento correspondiente, la persona incursa en la causa de prohibición acredite el pago o compromiso de pago de las multas e indemnizaciones fijadas por sentencia o resolución administrativa de las que derive la causa de prohibición de contratar, siempre y cuando las citadas personas hayan sido declaradas responsables del pago de la misma en la citada sentencia o resolución, y la adopción de medidas técnicas, organizativas y de personal apropiadas para evitar la comisión de futuras infracciones administrativas, entre las que quedará incluido el acogerse al programa de clemencia en materia de falseamiento de la competencia. Este párrafo no resultará de aplicación cuando resulte aplicable la causa de prohibición de contratar a que se refiere el artículo 71.1, letra a).

La prohibición de contratar, así declarada, podrá ser revisada en cualquier momento de su vigencia, cuando la persona que haya sido declarada en situación de prohibición de contratar acredite el cumplimiento de los extremos a que se refiere el párrafo anterior. El órgano competente para conocer de la citada revisión será el mismo que dictó la resolución de declaración de prohibición de contratar.

6. En los casos en que por sentencia penal firme así se prevea, la duración de la prohibición de contratar será la prevista en la misma. En los casos en los que esta no haya establecido plazo, esa duración no podrá exceder de cinco años desde la fecha de la condena por sentencia firme.

En el resto de los supuestos, el plazo de duración no podrá exceder de tres años, para cuyo cómputo se estará a lo establecido en el apartado tercero del L-25476944-73.

7. En el caso de la letra a) del apartado 1 del artículo anterior, el procedimiento, de ser necesario, no podrá iniciarse una vez transcurrido el plazo previsto para la prescripción de la correspondiente pena, y en el caso de la letra b) del apartado 2 del mismo artículo, si hubiesen transcurrido más de tres meses desde que se produjo la adjudicación.

En los restantes supuestos previstos en dicho artículo, el procedimiento para la declaración de la prohibición de contratar no podrá iniciarse si hubiesen transcurrido más de tres años contados a partir de las siguientes fechas:

a) Desde la firmeza de la resolución sancionadora, en el caso de la causa prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo anterior;

b) Desde la fecha en que se hubieran facilitado los datos falsos o desde aquella en que hubiera debido comunicarse la correspondiente información, en los casos previstos en la letra e) del apartado 1 del artículo anterior;

c) Desde la fecha en que fuese firme la resolución del contrato, en el caso previsto en la letra d) del apartado 2 del artículo anterior;

d) En los casos previstos en la letra a) del apartado 2 del artículo anterior, desde la fecha en que se hubiese procedido a la adjudicación del contrato, si la causa es la retirada indebida de proposiciones o candidaturas; o desde la fecha en que hubiese debido procederse a la adjudicación, si la prohibición se fundamenta en el incumplimiento de lo establecido en el apartado segundo del L-25476944-150;

e) Desde que la entidad contratante tuvo conocimiento del incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato en los casos previstos en la letra c) del apartado segundo del L-25476944-71»

FACULTADES DE REHABILITACIÓN DEL ADMINISTRADOR

Rehabilitación de créditos (apartado 1, c) art. 68, Ley Concursal ):

Si el concursado no pagó antes de la declaración de concurso las cuotas de amortización de un préstamo del que gozaba, éste habrá vencido anticipadamente si el acreedor decide resolver el contrato de préstamo con base en los impagados y así lo comunica al deudor.

Si dicho vencimiento anticipado tuvo lugar en los tres meses anteriores a la declaración de concurso, la administración concursal por propia iniciativa o a instancia del concursado podrá rehabilitar el préstamo pagando la totalidad de las cantidades vencidas hasta el momento de la rehabilitación y asumiendo los pagos futuros con cargo a la masa.

Lo determinante para la posibilidad de la rehabilitación es que el vencimiento anticipado haya tenido lugar en los tres meses anteriores a la declaración de concurso y no las fechas de los impagados. El plazo de tres meses es ciertamente corto.

La razón es que se obliga al acreedor a someterse a un contrato ya resuelto, revocando así una resolución perfectamente válida y acorde a la voluntad pactada por las partes, y una contravención tan clara de la validez de lo actuado, sólo puede admitirse sometiéndola a unos estrictos términos temporales.

La implantación del plazo de tres meses, como máximo, para poder rehabilitar el crédito resuelto motivará al deudor a solicitar la declaración de concurso antes de que transcurran dichos tres meses con lo que se conseguirá la anticipación del concurso que es objetivo reiterado de la ley concursal.

Por otra parte, el acreedor titular del crédito podría, en virtud de los impagados sufridos, solicitar la declaración de concurso necesario, ante la actitud indolente del deudor. Si dicho acreedor solicita dicha declaración de concurso necesario, antes de los tres meses desde el vencimiento anticipado, sabe que podrá verse obligado a rehabilitar el crédito pero esto no perjudica al acreedor, pues si el crédito se rehabilita, cobrará inmediatamente los vencimientos impagados y, lo pendiente lo cobrará con cargo a la masa y esto es más ventajoso que tener un crédito concursal por la totalidad de lo que acredita y verse luego sometido a la eventual quita y espera que fije el convenio en su caso.

Con la rehabilitación, la empresa concursada va a tener una mayor facilidad para continuar su actividad. Además esta rehabilitación implica la no ejecución de las garantías reales, si existen, que podría tener lugar transcurrido un año desde la declaración de concurso según establece el art. 56, Ley Concursal

La legitimación corresponde exclusivamente a la administración concursal. Pero podrían darse las dos siguientes situaciones:

  • en caso de suspensión de facultades del deudor, éste a pesar de la suspensión de sus facultades podría solicitar a la administración concursal que solicitara la rehabilitación.
  • y en caso de simple intervención de las facultades del deudor, la administración concursal, sin contar con el deudor, podría solicitar del juez la rehabilitación del crédito vinculando al concursado en contra de su voluntad.

La eficacia de la solicitud de rehabilitación viene condicionada a que se formule antes de que finalice el plazo para presentar la comunicación de créditos: un mes desde la última publicación de las acordadas en el auto de declaración de concurso, debiendo además notificar la rehabilitación al acreedor y satisfacer o consignar la totalidad de las cantidades debidas al momento de la rehabilitación (apdo. 1, art. 68.1, Ley Concursal), así como asumir el pago de los vencimientos futuros con cargo a la masa.

El acreedor puede oponerse a la rehabilitación si “con anterioridad a la apertura del concurso, hubiese iniciado el ejercicio de las acciones en reclamación del pago contra el propio deudor, contra algún codeudor solidario o contra cualquier garante” (apdo. 2, art. 68, Ley Concursal).

Basta pues la reclamación judicial al deudor, o a cualquiera de los responsables de la deuda, anterior a la apertura del concurso para que el crédito no sea rehabilitado. Si el acreedor se opone a la rehabilitación y el concursado o la administración concursal, mantiene su voluntad de rehabilitarlo la cuestión se tramitará por el incidente concursal.

La rehabilitación del contrato de crédito implica que ya no cabe ejecutar las posibles garantías que existieran para la satisfacción del crédito, ni reclamar a codeudores solidarios o garantes, en tanto se vayan cumpliendo los vencimientos posteriores.

Rehabilitación de contratos de adquisición de bienes con precio aplazado (art. 69, Ley Concursal)

Es de observar que el apdo. 1, art. 69, Ley Concursal, establece que “el incumplimiento del contrato que hubiera sido rehabilitado conferirá al acreedor el derecho a resolverlo sin posibilidad de ulterior rehabilitación”. En verdad, esta mención es superflua pues la rehabilitación está concebida para los contratos incumplidos antes de la declaración de concurso y el incumplimiento posterior del contrato rehabilitado, tiene lugar cuando el concursado incumple los pagos posteriores que, supuestamente, iba a tener lugar con cargo a la masa.

La legitimación para solicitar la rehabilitación es la misma que en el caso de rehabilitación de créditos, que ha sido oportunamente comentada en el epígrafe anterior y la voluntad de rehabilitación de la entidad concursada debe notificarse al acreedor antes de que finalice el plazo para la comunicación de créditos (un mes desde la última publicación del auto de declaración de concurso) e igualmente debe satisfacer o consignar el importe de todos los vencimientos incumplidos hasta el momento y asumir el pago de los pendientes con cargo a la masa.

La oposición del acreedor a la pretensión de rehabilitación se basará en la inobservancia, por parte del concursado, de los requisitos que le facultan a solicitar la rehabilitación y que se han expuesto aquí. Dicha oposición se resolverá por medio del incidente concursal.

El acreedor, para impedir la rehabilitación debió, antes de la declaración de concurso haber actuado alternativamente de una de las siguientes formas (apdo. 2, art. 69, Ley Concursal):

a) iniciar el ejercicio de acciones judiciales de resolución y de restitución del bien, si todavía se hallaba en poder del concursado, ya que puede haberlo vendido a un tercero de forma irrevocable. No basta para evitar la rehabilitación la simple manifestación de la voluntad de resolver el contrato.

b) recuperar la posesión material del bien por cauces legítimos, con devolución o consignación de la contraprestación recibida disminuida con las indemnizaciones o sanciones por el incumplimiento. Cuando el acreedor haya recuperado la posesión, ya podrá oponerse a la rehabilitación.

c) disposición del bien a favor de un tercero.

Este supuesto no planteará problema si, con carácter previo a tal disposición ya se ha producido la actuación descrita en a) o en b). En caso contrario, por cuanto el artículo habla de actos dispositivos será preciso, no sólo un negocio de transmisión, sino también la entrega o modo que produce la adquisición de la propiedad por el tercero, si bien la entrega podrá ser simbólica según las reglas generales en la materia, ya que el acreedor no ha recuperado el bien pues si así fuera estaríamos en el caso b).

El artículo mencionado no se pronuncia sobre si el tercero debe ser de buena fe, si es relevante que el tercero conozca o no, que quien le transmite la propiedad del bien, acaba de recuperarlo por haber resuelto un contrato de transmisión que puede ser rehabilitado. Si el tercero conocía que el bien que se le transmite está sometido a una posibilidad de rehabilitación del contrato de transmisión anterior, su posición no estará protegida y al acreedor no le será aplicable esta causa de oposición a la rehabilitación.

En todo caso, el conocimiento del tercero de que existía una posibilidad de rehabilitación del contrato anterior, deberá ser probado por el deudor para conseguir que prospere su pretensión de rehabilitación.

Finalmente, el contrato rehabilitado, en su caso, conserva su vigencia y todos los plazos vencidos ya estarán satisfechos, ya que tal satisfacción es requisito para la rehabilitación y, en principio, los plazos restantes serán atendidos con cargo a la masa.

Enervación de los desahucios

En último término se hace referencia a la posibilidad de enervación de los de los desahucios en los arrendamientos urbanos (art. 70, Ley Concursal).

En este sentido, el legislador pretende facilitar la continuidad de la actividad del concursado permitiéndole que enerve la acción de desahucio ejercitada contra él, con anterioridad a la declaración de concurso, así como rehabilitar la vigencia del contrato resuelto en cualquier momento anterior al lanzamiento.

Como consecuencia de ello, correrían a cargo de la masa todas las rentas pendientes, además de las eventuales costas procesales que se pueden haber ocasionado hasta el momento de la enervación.

La limitación que establece el último párrafo del apdo. 4, art. 22, LECiv, consistente en que la enervación del desahucio por falta de pago sólo puede tener lugar una sola vez, queda suprimida, es decir, que si durante la pasada vigencia del contrato de arrendamiento hubo un proceso de desahucio que fue enervado, puede ahora nuevamente enervarse en virtud del art. 70, Ley Concursal, aunque evidentemente, si en el futuro vuelven a producirse impagados de alquileres, ya no podrá volver a enervarse el desahucio.

La enervación, en virtud de la Ley Concursal, supone un derecho mayor para el concursado que podrá ejercerla hasta el momento del lanzamiento, a diferencia de lo que ocurre en el caso que el arrendatario no esté en concurso, que sólo puede ejercer la enervación si paga con anterioridad a la vista. La rehabilitación se refiere a que habiendo habido resolución por desahucio, el contrato está extinguido y con la rehabilitación adquiere nueva eficacia.

La enervación de desahucio no viene limitada a los arrendamientos necesarios para la continuidad de la actividad empresarial, ya que el art. 70, Ley Concursal no establece esta exigencia, por lo que alcanza a cualesquiera otros arrendamientos, como al de una vivienda arrendada por el concursado o a un local de negocio no relacionado directamente con su actividad empresarial.

 

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