Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor: efectos patrimoniales, efectos personales, efectos de la declaración de concurso sobre los órganos de las personas jurídicas deudoras, embargo de bienes, obligaciones del deudor concursado

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 01/02/2016

Desde el punto de vista del deudor, el mismo no va a poder desarrollar su actividad tal y como lo venía haciendo con anterioridad a la declaración de concurso, pues la misma se traduce para él en una limitación de facultades, tanto desde el punto de vista patrimonial como desde un punto de vista personal.

 

Efectos patrimoniales:

En caso de concurso voluntario, tal y como dispone el Art. 40 ,Ley Concursal, el deudor conservará las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de la administración concursal, mediante su autorización o conformidad.

Si se trata de concurso necesario, se suspenderá el ejercicio por el deudor de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, siendo sustituido por la administración concursal.

No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá el juez acordar la suspensión en caso de concurso voluntario o la mera intervención cuando se trate de concurso necesario. En ambos casos, deberá motivarse el acuerdo señalando los riesgos que se pretendan evitar y las ventajas que se quieran obtener.

Si la administración concursal lo solicitase, y una vez oído el concursado, el juez, mediante auto, podrá acordar en cualquier momento el cambio de las situaciones de intervención o de suspensión de las facultades del deudor sobre su patrimonio.

El cambio de las situaciones de intervención o de suspensión y la consiguiente modificación de las facultades de la administración concursal se someterá al régimen de publicidad de los Art. 23,Art. 24 ,Ley Concursal

En caso de concurso de la herencia, corresponderá a la administración concursal el ejercicio de las facultades patrimoniales de administración y disposición sobre el caudal relicto, sin que pueda cambiarse esta situación.

La intervención y la suspensión se referirán a las facultades de administración y disposición sobre los bienes, derechos y obligaciones que hayan de integrarse en el concurso y, en su caso, a las que correspondan al deudor de la sociedad o comunidad conyugal.

El deudor conservará la facultad de testar, sin perjuicio de los efectos del concurso sobre la herencia.

Los actos del deudor que infrinjan las limitaciones establecidas en este artículo sólo podrán ser anulados a instancia de la administración concursal y cuando ésta no los hubiese convalidado o confirmado. Cualquier acreedor y quien haya sido parte en la relación contractual afectada por la infracción podrá requerir de la administración concursal que se pronuncie acerca del ejercicio de la correspondiente acción o de la convalidación o confirmación del acto. La acción de anulación se tramitará, en su caso, por los cauces del incidente concursal y caducará, de haberse formulado el requerimiento, al cumplirse un mes desde la fecha de éste. En otro caso, caducará con el cumplimiento del convenio por el deudor o, en el supuesto de liquidación, con la finalización de ésta.

Los referidos actos no podrán ser inscritos en registros públicos mientras no sean confirmados o convalidados, o se acredite la caducidad de la acción de anulación o su desestimación firme.

De la regulación establecida en el Art. 40 ,Ley Concursal se pueden extraer las siguientes conclusiones:

  • La declaración de concurso no lleva aparejada restricciones a la capacidad jurídica del deudor para ser titular de derechos y obligaciones. Tampoco se va a ver modificada su capacidad procesal.
  • Limitación a la capacidad de obrar del deudor: se trata de restricciones a la capacidad de obrar del concursado, con distinta intensidad según los casos. Esta limitación puede ir desde la suspensión del ejercicio de las facultades patrimoniales como la más intensa, hasta la menos intensa que es la sujeción del deudor a un régimen de simple intervención.

 

Derecho a alimentos:

Durante todo el proceso de tramitación del concurso, según lo establecido por el Art. 47 ,Ley Concursal, el concursado persona natural que se encuentre en estado de necesidad tendrá derecho a percibir alimentos durante la tramitación del concurso, con cargo a la masa activa, siempre que en ella existan bienes bastantes para atender sus necesidades y las de su cónyuge, pareja de hecho inscrita cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el 25.3 ,Ley Concursal y descendientes bajo su potestad.

Su cuantía y periodicidad serán, en caso de intervención, las que acuerde:

  • la administración concursal
  • en caso de suspensión, las que autorice el juez, oídos el concursado y la administración concursal. En este caso, el juez, con audiencia del concursado o de la administración concursal y previa solicitud de cualquiera de ellas, podrá modificar la cuantía y la periodicidad de los alimentos.

Las personas respecto de las cuales el concursado tuviere deber legal de alimentos, con excepción de su cónyuge, pareja de hecho inscrita cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el 25.3 ,Ley Concursal y descendientes bajo su potestad, sólo podrán obtenerlos con cargo a la masa si no pudieren percibirlos de otras personas legalmente obligadas a prestárselos y siempre que hubieran ejercido la acción de reclamación en el plazo de un año a contar desde el momento en que debió percibirse, previa autorización del juez del concurso, que resolverá sobre su procedencia y cuantía.

La obligación de prestar alimentos impuestos al concursado por resolución judicial dictada con anterioridad a la declaración de concurso se satisfará con cargo a la masa activa en la cuantía fijada por el juez de concurso, teniendo en cuanto al exceso la consideración de crédito concursal ordinario.

Tienen la consideración de créditos contra la masa, los de alimentos del deudor y de las personas respecto de las cuales tuviera el deber legal de prestarlos, conforme a lo dispuesto en esta ley sobre su procedencia y cuantía así como, en toda la extensión que se fije en la correspondiente resolución judicial posterior a la declaración del concurso, los de los alimentos a cargo del concursado acordados por el juez de primera instancia en alguno de los procesos a que se refiere el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. (84.2 ,Ley Concursal)

 

Efectos personales:

La ley concursal, en su Art. 41 ,Ley Concursal, hace mención a los derechos fundamentales del deudor que pueden verse afectados por la declaración de concurso:

  • correspondencia
  • residencia
  • libre circulación

En relación con la afectación de derechos fundamentales del deudor, la  Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece, en su artículo primero que el juez podrá acordar en cualquier estado del procedimiento las siguientes medidas:

  • La intervención de las comunicaciones del deudor, con garantía del secreto de los contenidos que sean ajenos al interés del concurso.
  • El deber de residencia del deudor persona natural en la población de su domicilio. Si el deudor incumpliera este deber o existieran razones fundadas para temer que pudiera incumplirlo, el juez podrá adoptar las medidas que considere necesarias, incluido el arresto domiciliario.
  • La entrada en el domicilio del deudor y su registro.

Si se tratare del concurso de una persona jurídica, las medidas previstas en el apartado anterior podrán acordarse también respecto de todos o alguno de sus administradores o liquidadores, tanto de quienes lo sean en el momento de la solicitud de declaración de concurso como de los que lo hubieran sido dentro de los dos años anteriores.

La adopción de cualquiera de las medidas anteriores se acordará previa audiencia del Ministerio Fiscal y mediante decisión judicial motivada, conforme a los siguientes criterios:

  • idoneidad de la medida en relación con el estado del procedimiento de concurso;
  • resultado u objetivo perseguido, que se expondrá de manera concreta;
  • proporcionalidad entre el alcance de cada medida y el resultado u objetivo perseguido;
  • duración de la medida, con fijación del tiempo máximo de vigencia, que no podrá exceder del estrictamente necesario para asegurar el resultado u objetivo perseguido, sin perjuicio de que, de persistir los motivos que justificaron la medida, el juez acuerde su prórroga con los mismos requisitos que su adopción.

Durante el tiempo de vigencia de la medida, el juez podrá acordar en cualquier momento su atenuación o cese.

Además, la intervención de las comunicaciones telefónicas deberá realizarse conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La autorización judicial de entrada y registro en el domicilio del deudor o de las personas a las que se refiere el apartado 2 de este artículo, cuando nieguen su consentimiento, habrá de basarse en indicios racionales de existencia de documentos de interés para el procedimiento concursal, no aportados, o en la necesidad de esta medida para la adopción de cualquier otra procedente.

Las decisiones judiciales estimatorias podrán ser recurridas en apelación por el deudor en el plazo de cinco días, sin efectos suspensivos, ante la Audiencia Provincial. Este recurso tendrá tramitación preferente.”

 

Efectos de la declaración de concurso sobre los órganos de las personas jurídicas deudoras:

Durante la tramitación del concurso, se mantendrán los órganos de la persona jurídica deudora, sin perjuicio de los efectos que sobre su funcionamiento produzca la intervención o la suspensión de sus facultades de administración y disposición, tal y como establece el Art. 48 ,Ley Concursal

La administración concursal tendrá derecho de asistencia y de voz en las sesiones de los órganos colegiados de la persona jurídica concursada. A estos efectos, deberá ser convocada en la misma forma y con la misma antelación que los integrantes del órgano que ha de reunirse.

La constitución de junta o asamblea u otro órgano colegiado con el carácter de universal no será válida sin la concurrencia de la administración concursal. Los acuerdos de la junta o de la asamblea que puedan tener contenido patrimonial o relevancia directa para el concurso requerirán, para su eficacia, de la autorización o confirmación de la administración concursal.

Los administradores o liquidadores del deudor persona jurídica continuarán con la representación de la entidad dentro del concurso.

  • En caso de suspensión, las facultades de administración y disposición propias del órgano de administración o liquidación pasarán a la administración concursal.
  • En caso de intervención, tales facultades continuarán siendo ejercidas por los administradores o liquidadores, con la supervisión de la administración concursal, a quien corresponderá autorizar o confirmar los actos de administración y disposición.

Los apoderamientos que pudieran existir al tiempo de la declaración de concurso quedarán afectados por la suspensión o intervención de las facultades patrimoniales.

En relación con la retribución del cargo de administrador de la persona jurídica, si el mismo fuese retribuido, el juez del concurso podrá acordar que deje de serlo o reducir el importe de la retribución, a la vista del contenido y la complejidad de las funciones de administración y del patrimonio de la concursada.

El 48.5 ,Ley Concursal habilita a la administración concursal para que puede solicitar al juez el ejercicio de los derechos políticos que correspondan a ésta en otras entidades.

La declaración de concurso no afecta al regular funcionamiento de los órganos sociales y, singularmente, de la Junta General en cuanto órgano social de formación de la voluntad de la sociedad que no desarrolla funciones de administración ni actos de disposición, por lo que en modo alguno estuvo justificada la imposición por la Administración Concursal de la Presidencia de la Junta. Ver STS 258/2012 (TS, Sala de lo Civil, nº 258/2012, de 24/04/2012, Rec. 1004/2009 )

 

Embargo de bienes:

Desde la declaración de concurso de persona jurídica, el juez del concurso, de oficio o a solicitud razonada de la administración concursal, podrá acordar, como medida cautelar, el embargo de bienes y derechos de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquella declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación en los términos previstos en esta ley.

El embargo se acordará por la cuantía que el juez estime y podrá ser sustituido, a solicitud del interesado, por aval de entidad de crédito.

De igual manera, durante la tramitación del concurso, el juez, de oficio o a solicitud razonada de la administración concursal, podrá ordenar el embargo de bienes y derechos del socio o socios personalmente responsables por las deudas de la sociedad anteriores a la declaración de concurso, en la cuantía que estime bastante, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que la masa activa sea insuficiente para satisfacer todas las deudas, pudiendo, a solicitud del interesado, acordarse la sustitución del embargo por aval de entidad de crédito.

Contra el auto que resuelva sobre la medida cautelar no cabe recurso de apelación.

 

Obligaciones del deudor concursado (Art. 42 ,Ley Concursal)

Las obligaciones impuestas al deudor persona jurídica se extienden a los administradores o liquidadores y a quienes lo fuesen dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. Además, la ley  extiende los efectos a los apoderados del deudor así como a quienes lo fuesen en los dos años anteriores a la declaración de concurso.

Por otro lado, los sujetos obligados a estos deberes tienen el derecho a que se les compense con cargo a la masa de los gastos realizados para el cumplimiento de dicho deber.

El deudor va a estar sujeto a las siguientes obligaciones y deberes:

  • Transmitir al juez y a la administración concursal la información que resulte conveniente que estos conozcan, a efectos de la correcta tramitación del concurso. Este deber está sujeto a los límites marcados por la constitución, en relación con la posible vulneración de derechos fundamentales, o bien, cuando concurra un deber de secreto profesional.
  • Comparecer ante el juez y la administración, de manera personal, siempre que sea requerido para ello. En relación con la comparecencia judicial, el deudor El deudor actuará representado por procurador y asistido de letrado, tal y como dispone el 184.2 ,Ley Concursal.
  • Colaborar en todo lo que sea necesario para la tramitación del concurso, lo cual se entenderá de manera genérica y amplia, como referencia a un comportamiento basado en la lealtad y la buena fe.
  • Formular las cuentas anuales

 

Continuación de la actividad del deudor concursado y cese de actividad

Como norma general, y en virtud de lo establecido en el Art. 44 ,Ley Concursal se apuesta por mantener la actividad profesional del concursado.

En caso de intervención, y con el fin de facilitar la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor, la administración concursal podrá determinar los actos u operaciones propios del giro o tráfico de aquella actividad que, por razón de su naturaleza o cuantía, quedan autorizados con carácter general.

No obstante lo establecido en el apartado anterior, y sin perjuicio de las medidas cautelares que hubiera adoptado el juez al declarar el concurso, hasta la aceptación de la administración concursal el deudor podrá realizar los actos propios de su giro o tráfico que sean imprescindibles para la continuación de su actividad, siempre que se ajusten a las condiciones normales del mercado.

En caso de suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, corresponderá a la administración concursal adoptar las medidas necesarias para la continuación de la actividad profesional o empresarial.

Como excepción a lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez, a solicitud de la administración concursal y previa audiencia del deudor y de los representantes de los trabajadores de la empresa, podrá acordar mediante auto el cierre de la totalidad o de parte de las oficinas, establecimientos o explotaciones de que fuera titular el deudor, así como, cuando ejerciera una actividad empresarial, el cese o la suspensión, total o parcial, de ésta.

Cuando las medidas supongan la extinción, suspensión o modificación colectivas de los contratos de trabajo, incluidos los traslados colectivos, el juez actuará conforme a lo establecido en el artículo 8.2.º y simultáneamente iniciará el expediente del Art. 64 ,Ley Concursal. La administración concursal en su solicitud deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el 64.4 ,Ley Concursal.

Los actos del deudor que infrinjan las limitaciones establecidas en el Art. 40 ,Ley Concursal sólo podrán ser anulados a instancia de la administración concursal y cuando ésta no los hubiese convalidado o confirmado.

Cualquier acreedor y quien haya sido parte en la relación contractual afectada por la infracción podrá requerir de la administración concursal que se pronuncie acerca del ejercicio de la correspondiente acción o de la convalidación o confirmación del acto. La acción de anulación se tramitará, en su caso, por los cauces del incidente concursal y caducará, de haberse formulado el requerimiento, al cumplirse un mes desde la fecha de éste. En otro caso, caducará con el cumplimiento del convenio por el deudor o, en el supuesto de liquidación, con la finalización de ésta.

Los referidos actos no podrán ser inscritos en registros públicos mientras no sean confirmados o convalidados, o se acredite la caducidad de la acción de anulación o su desestimación firme.

 

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