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La ejecución de los actos administrativos según la Ley 39/2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 19/01/2017

La ejecución del acto administrativo se regula en el Capítulo VII del Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Dicha regulación se ocupa de las siguientes cuestiones: título, ejecutoriedad y los medios de ejecución forzosa (apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas).

Los Art. 97-105 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, integrantes del Capítulo VIII del Título IV de la norma, se ocupan de regular la ejecución de los actos administrativos centrándose en los siguientes aspectos:

Título: El Art. 97 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre establece que “las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico. El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa”.

 Ejecutoriedad: Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que (Apartado 1 del Art. 98 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre):

  • Se produzca la suspensión de la ejecución del acto.

  • Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición.

  • Una disposición establezca lo contrario.

  • Se necesite aprobación o autorización superior.

Por su parte, en el apartado 2 del Art. 98 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre se señala que cuando de una resolución administrativa, o de cualquier otra forma de finalización del procedimiento administrativo prevista en esta ley, nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando alguno de los medios electrónicos siguientes:

  • Tarjeta de crédito y débito.

  • Transferencia bancaria.

  • Domiciliación bancaria.

  • Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de Hacienda Pública.

Medios de ejecución forzosa: El Art. 99 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, señala que “las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial”. Seguidamente, el Art. 100 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre establece cuáles son los medios de ejecución forzosa de los que puede valerse la Administración, respetando siempre el principio de proporcionalidad, precisando que, entre los admisibles, se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial (Apartado 3 del Art. 100 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre). Los medios de ejecución forzosa relacionados son:

  • Apremio sobre el patrimonio:

El apartado 1 del Art. 101 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre dispone que “si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio”. Tales normas reguladoras del procedimiento de apremio son la LGT y el Reglamento General de Recaudación. 

  • Ejecución subsidiaria:

La ejecución subsidiaria (Art. 100 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre) consiste en la realización de lo dispuesto en el acto administrativo, por parte de persona distinta a la obligada pero por cuenta de ésta. Sólo procede en los casos que no sean personalísimos y siempre, recuérdese, como señala el Art. 99 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, previo apercebimiento.

El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo Art. 101 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre; es decir, que el no cumplimiento podrá comportar la satisfacción de la deuda por la vía de apremio (Cfr. Apartado 3 del Art. 102 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre). Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva (Apartado 4 del Art. 102 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

  • Multa coercitiva:

Como dispone el Art. 103 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos:

  • Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado.

  • Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente.

  • Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.

Tal y como aclara el apartado 2 del Art. 103 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, “la multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas”; esto es, las multas coercitivas no son sanciones propiamente dichas y por tanto, son compatibles con las multas-sanción sin que pueda alegarse vulneración del principio non bis in idem. Así lo expresa el Tribunal Constitucional en la Tribunal Constitucional, nº 239/1988, de 14/12/1988, Rec. Recurso de amparo 609/1987 817/1987 (acumulados)):

“En dicha clase de multas, cuya independencia de la sanción queda reflejada en el párrafo 2 del indicado art. 107 de la LPA no se impone una obligación de pago con un fin represivo o retributivo por la realización de una conducta que se considere administrativamente ilícita, cuya adecuada previsión normativa desde las exigencias constitucionales del derecho a la legalidad en materia sancionadora pueda cuestionarse, sino que consiste en una medida de constreñimiento económico, adoptada previo el oportuno apercibimiento, reiterada en lapsos de tiempo y tendente a obtener la acomodación de un comportamiento obstativo del destinatario del acto a lo dispuesto en la decisión administrativa previa. No se inscriben, por tanto, estas multas en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora, sino en el de la autotutela ejecutiva de la Administración, previstas en nuestro ordenamiento jurídico con carácter general por el art. 102 de la LPA cuya constitucionalidad ha sido expresamente reconocida por este Tribunal (Tribunal Constitucional, nº 22/1984, de 17/02/1984, Rec. Recurso de amparo 59/1983; Tribunal Constitucional, nº 137/1985, de 17/10/1985, Rec. Recurso de amparo 124/1985 y Tribunal Constitucional, nº 144/1987, de 23/09/1987, Rec. Recurso de amparo 858/1986), y respecto de la que no cabe predicar el doble fundamento de la legalidad sancionadora del art. 25.1 C.E. a que se refiere la Tribunal Constitucional, nº 101/1988, de 08/06/1988, Rec. Recurso de amparo 654/1987, esto es: de la libertad (regla general de la licitud de lo no prohibido) y de seguridad jurídica (saber a qué atenerse), ya que, como se ha dicho, no se castiga una conducta realizada porque sea antijurídica, sino que se constriñe a la realización de una prestación o al cumplimiento de una obligación concreta previamente fijada por el acto administrativo que se trata de ejecutar, y mediando la oportuna conminación o apercibimiento”.

  • Compulsión sobre las personas:

El Art. 104 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre señala que “los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución. Si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la prestación, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía administrativa”.

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