Regulación de la ejecución provisional de condenas dictadas en primera instancia en el orden civil

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Civil
  • Fecha última revisión: 22/09/2017

El Art. 526 al Art. 534 de la LEC se ocupan de regular la ejecución provisional de sentencias en primera instancia, abordando asuntos como la legitimación para proponerla, el despacho de la misma, el régimen de recursos, la oposición a ésta... Especial interés tiene la cuestión de la revocación o confirmación de la sentencia provisionalmente ejecutada ( Art. 532 al Art. 534 de la LEC).

 

 

Para conocer el régimen de la ejecución provisional de sentencias de condena dictadas en primera instancia se debe acudir a lo establecido en el Art. 526 al Art. 534 de la LEC.

Legitimación

Así, y en cuanto a la legitimaciónpara pedir y obtener ejecución provisional, el Art. 536 de la LEC la circunscribe, siempre que ésta sea posible de acuerdo al Art. 525 de la LEC, a quien haya obtenido un pronunciamiento a su favor en sentencia de condena. No es necesaria una simultánea prestación de caución.

Véase, a título de ejemplo la Sentencia Civil Nº 162/2011, AP - Madrid, Sec. 20, Rec 807/2009, 08-03-2011, en la que el Juez asevera que "la ejecución provisional se configura en torno a "una facultad o beneficio que la Ley le confiere a quien haya obtenido una sentencia a su favor en primera instancia; pero sin olvidar que los pronunciamientos que contiene no son de carácter firme y están sometidos a revisión por el tribunal competente".

Solicitud de ejecución provisional, despacho de ésta y recursos

Por su parte, el Art. 527 de la LEC indica lo siguiente:

  • La ejecución provisional podrá pedirse en cualquier momento desde la notificación de la resolución en que se tenga por interpuesto el recurso de apelación, o en su caso, desde el traslado a la parte apelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso, y siempre antes de que haya recaído sentencia en éste.
    "La única vía que tiene el apelado para ejecutar la sentencia es acudir a la ejecución provisional de la misma, y ello con independencia de que la sentencia contenga pronunciamientos no recurridos y otros sí, ..." (Sentencia Civil Nº 36/2012, AP - Murcia, Sec. 5, Rec 462/2011, 02-02-2012 )
  • Cuando se solicite la ejecución provisional después de haberse remitido los autos al Tribunal competente para resolver la apelación, el solicitante deberá obtener previamente de éste testimonio de lo que sea necesario para la ejecución y acompañar dicho testimonio a la solicitud.
  • Si la ejecución provisional se hubiere solicitado antes de la remisión de los autos a que se refiere el párrafo anterior, el Secretario judicial expedirá el testimonio antes de hacer la remisión.
  • Solicitada la ejecución provisional, el tribunal la despachará salvo que se tratare de sentencia comprendida en el Art. 525 de la LEC o que no contuviere pronunciamiento de condena en favor del solicitante. 
  • Contra el auto que deniegue la ejecución provisional se dará recurso de apelación, que se tramitará y resolverá con carácter preferente. Contra el auto que despache la ejecución provisional no se dará recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formular el ejecutado conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Oposición

 En lo que concierne a la oposición a la ejecución provisional, el Art. 528 de la LEC señala lo que se transcribe a continuación:

  • El ejecutado sólo podrá oponerse a la ejecución provisional una vez que ésta haya sido despachada.
  • La oposición a la ejecución provisional podrá fundarse únicamente, y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 de este artículo, en las siguientes causas:
    • En todo caso, haberse despachado la ejecución provisional con infracción del artículo anterior.
    • Si la sentencia fuese de condena no dineraria, resultar imposible o de extrema dificultad, atendida la naturaleza de las actuaciones ejecutivas, restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente al ejecutado mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le causaren, si aquella sentencia fuese revocada.
    • Si la sentencia fuese de condena dineraria, el ejecutado no podrá oponerse a la ejecución provisional, sino únicamente a actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio, cuando entienda que dichas actuaciones causarán una situación absolutamente imposible de restaurar o de compensar económicamente mediante el resarcimiento de daños y perjuicios.
  • Al formular esta oposición a medidas ejecutivas concretas, el ejecutado habrá de indicar otras medidas o actuaciones ejecutivas que sean posibles y no provoquen situaciones similares a las que causaría, a su juicio, la actuación o medida a la que se opone, así como ofrecer caución suficiente para responder de la demora en la ejecución, si las medidas alternativas no fuesen aceptadas por el tribunal y el pronunciamiento de condena dineraria resultare posteriormente confirmado.
  • Si el ejecutado no indicara medidas alternativas ni ofreciese prestar caución, no procederá en ningún caso la oposición a la ejecución y así se decretará de inmediato por el Secretario judicial. Contra dicho decreto cabrá recurso directo de revisión que no producirá efectos suspensivos.
  • Además de las causas citadas en los apartados que preceden, la oposición podrá estar fundada en el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, que habrá de justificarse documentalmente, así como en la existencia de pactos o transacciones que se hubieran convenido y documentado en el proceso para evitar la ejecución provisional. Estas causas de oposición se tramitarán conforme a lo dispuesto para la ejecución ordinaria o definitiva.

Por lo que respecta a la sustanciación de la oposición a la ejecución provisional y a la decisión sobre la misma, el Art. 529 y Art. 530 de la LEC recogen los siguientes enunciados:

  • El escrito de oposición a la ejecución provisional habrá de presentarse al tribunal de la ejecución dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución que acuerde el despacho de ejecución o las actuaciones concretas a que se oponga.
  • Del escrito de oposición a la ejecución y de los documentos que se acompañen se dará traslado al ejecutante y a quienes estuvieren personados en la ejecución provisional, para que manifiesten y acrediten, en el plazo de cinco días, lo que consideren conveniente.
  • Si se tratase de ejecución provisional de sentencia de condena no dineraria y se hubiere alegado la causa segunda del apartado 2 del Art. 528 de la LEC, de oposición a la ejecución provisional, el que la hubiere solicitado, además de impugnar cuanto se haya alegado de contrario, podrá ofrecer caución suficiente para garantizar que, en caso de revocarse la sentencia, se restaurará la situación anterior o, de ser esto imposible, se resarcirán los daños y perjuicios causados. La caución podrá constituirse en dinero efectivo, mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad de que se trate.
  • Cuando se estime la oposición fundada en la causa primera del apartado 2 del Art. 528 de la LEC, la oposición a la ejecución provisional se resolverá mediante auto en el que se declarará no haber lugar a que prosiga dicha ejecución provisional, alzándose los embargos y trabas y las medidas de garantía que pudieran haberse adoptado.
  • Si la oposición se hubiese formulado en caso de ejecución provisional de condena no dineraria, cuando el tribunal estimare que, de revocarse posteriormente la condena, sería imposible o extremadamente difícil restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o garantizar el resarcimiento mediante la caución que el solicitante se mostrase dispuesto a prestar, dictará auto dejando en suspenso la ejecución, pero subsistirán los embargos y las medidas de garantía adoptadas y se adoptarán las que procedieren, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 700 de la LEC.
  • Cuando, siendo dineraria la condena, la oposición se hubiere formulado respecto de actividades ejecutivas concretas, se estimará dicha oposición si el tribunal considerara posibles y de eficacia similar las actuaciones o medidas alternativas indicadas por el provisionalmente ejecutado o si, habiendo éste ofrecido caución que se crea suficiente para responder de la demora en la ejecución, el tribunal apreciare que concurre en el caso una absoluta imposibilidad de restaurar la situación anterior a la ejecución o de compensar económicamente al ejecutado provisionalmente mediante ulterior resarcimiento de daños y perjuicios, en caso de ser revocada la condena. La estimación de esta oposición únicamente determinará que se deniegue la realización de la concreta actividad ejecutiva objeto de aquélla, prosiguiendo el procedimiento de apremio según lo previsto en la presente Ley.
  • Contra el auto que decida sobre la oposición a la ejecución provisional o a medidas ejecutivas concretas no cabrá recurso alguno.

Suspensión de la ejecución provisional

A) Condenas dinerarias:

El Art. 531 de la LEC  trata de la suspensión de la ejecución provisional en caso de condenas dinerarias, indicando que el Secretario judicial suspenderá mediante decreto la ejecución provisional de pronunciamientos de condena al pago de cantidades de dinero líquidas cuando el ejecutado pusiere a disposición del Juzgado, para su entrega al ejecutante, sin perjuicio de lo dispuesto en la sección siguiente, la cantidad a la que hubiere sido condenado, más los intereses correspondientes y las costas por los que se despachó ejecución. Liquidados aquéllos y tasadas éstas, se decidirá por el Secretario judicial responsable de la ejecución provisional sobre la continuación o el archivo de la ejecución. El decreto dictado al efecto será susceptible de recurso directo de revisión ante el Tribunal que hubiera autorizado la ejecución.

Por su parte, el Art. 532 de la LEC indica que si se dictase sentencia que confirme los pronunciamientos provisionalmente ejecutados, la ejecución continuará si aún no hubiera terminado, salvo desistimiento expreso del ejecutante; si la sentencia confirmatoria no fuera susceptible de recurso o no se recurriere, la ejecución, salvo desistimiento, seguirá adelante como definitiva. 

Finalmente, el Art. 533 y el Art. 534 de la LEC se ocupan, respectivamente, de los efectos en la ejecución provisional de la revocación de condenas al pago de cantidad de dinero y de la revocación en casos de condenas no dinerarias. Así, en el primer caso:

  • Si el pronunciamiento provisionalmente ejecutado fuere de condena al pago de dinero y se revocara totalmente, se sobreseerá por el Secretario judicial la ejecución provisional y el ejecutante deberá devolver la cantidad que, en su caso, hubiere percibido, reintegrar al ejecutado las costas de la ejecución provisional que éste hubiere satisfecho y resarcirle de los daños y perjuicios que dicha ejecución le hubiere ocasionado.
  • Si la revocación de la sentencia fuese parcial, sólo se devolverá la diferencia entre la cantidad percibida por el ejecutante y la que resulte de la confirmación parcial, con el incremento que resulte de aplicar a dicha diferencia, anualmente, desde el momento de la percepción, el tipo del interés legal del dinero.
  • Si la sentencia revocatoria no fuera firme, la percepción de las cantidades e incrementos previstos en los apartados anteriores de este artículo, podrá pretenderse por vía de apremio ante el tribunal que hubiere sustanciado la ejecución provisional. La liquidación de los daños y perjuicios se hará según lo dispuesto en los Art. 712 de la LEC y siguientes.
  • El obligado a devolver, reintegrar e indemnizar podrá oponerse a actuaciones concretas de apremio, en los términos del apartado 3 del Art. 528 de la LEC.

B) Condenas no dinerarias:

En lo que respecta a la revocación en casos de condenas no dinerarias, el Art. 534 de la LEC establece lo siguiente:

  • Si la resolución provisionalmente ejecutada que se revocase hubiere condenado a la entrega de un bien determinado, se restituirá éste al ejecutado, en el concepto en que lo hubiere tenido, más las rentas, frutos o productos, o el valor pecuniario de la utilización del bien.Si la restitución fuese imposible, de hecho o de derecho, el ejecutado podrá pedir que se le indemnicen los daños y perjuicios, que se liquidarán por el procedimiento establecido en los Art. 712 de la LEC y siguientes.
  • Si se revocara una resolución que contuviese condena a hacer y éste hubiese sido realizado, se podrá pedir que se deshaga lo hecho y que se indemnicen los daños y perjuicios causados.
  • Para la restitución de la cosa, la destrucción de lo mal hecho o la exacción de daños y perjuicios, previstas en los apartados anteriores, procederá, en caso de que la sentencia revocatoria no sea firme, la vía de ejecución ante el tribunal competente para la provisional.
  • En los casos previstos en los apartados anteriores, el obligado a restituir, deshacer o indemnizar podrá oponerse, dentro de la vía de ejecución, con arreglo a lo previsto en el Art. 528 de la LEC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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