Las entidades de crédito

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La definición de entidad de crédito se encuentra en el Real Decreto Legislativo sobre Adaptación del Derecho vigente en materia de Entidades de Crédito al de las Comunidades Europeas.Establece el siguiente concepto:

"Toda empresa que tenga como actividad típica y habitual recibir fondos del público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas, que lleven aparejada la obligación de su restitución, aplicándolos por cuenta propia a la concesión de créditos u operaciones de análoga naturaleza."

- RD-Ley 5/2017 de 17 de Mar (Modificación del RD-Ley 6/2012, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y de la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social) (En vigor: 19/03/2017)

Se amplía hasta mayo de 2020, la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.

Se modifica el Código de Buenas Prácticas para dar la posibilidad de que aquellos beneficiarios de la suspensión de lanzamientos a la que se refiere el artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, que sean a su vez clientes de las entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas puedan solicitar a la entidad que les sea arrendada su vivienda en condiciones preferenciales por un periodo de hasta cinco años y cinco años más si así se acuerda con la entidad.

Esta solicitud deberá realizarse en el plazo de 6 meses a contar, bien desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, bien desde que la suspensión les sea aplicable, si esta fuera posterior a dicha entrada en vigor.

La DA1 prevé el procedimiento de adhesión de las entidades financieras a esta nueva versión del Código de Buenas Prácticas con un ámbito de aplicación más inclusivo y con el derecho al alquiler para los beneficiarios de la suspensión de lanzamientos cuya entidad esté adherida a dicho Código.

- RD-Ley 1/2017 de 20 de Ene (Medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo) (En vigor: 21/01/2017)

Este norma tiene por objeto, el establecimiento de medidas que faciliten la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.

Ver: Publicado el Decreto-ley que regula el mecanismo de reclamación extrajudicial para la devolución de las cláusulas suelo

Como entidades de crédito enumera las siguientes:

- El Instituto de Crédito Oficial.

- Los Bancos.

- Las Cajas de ahorros y la Confederación Española de Cajas de Ahorro.

- Las Cooperativas de Crédito.

- Los Establecimientos Financieros de Crédito.

Se reconoce a las entidades de crédito extranjeras la posibilidad de utilizar en el territorio nacional sus denominaciones propias, siempre que no ofrezcan dudas sobre su identidad.

Cualquier entidad de crédito con anterioridad al ejercicio de su actividad, deberá solicitar la autorización administrativa que le corresponderá dar al Banco de España.

Se denegará esa autorización cuando:

- La entidad de crédito carezca del capital mínimo requerido.

- Carezca de una buena organización administrativa y contable.

- Carezca de procedimientos de control interno que garantice una buena gestión.

- Cuando sus administradores y directivos no tengan la honorabilidad comercial y profesional requerida.

- Falta de idoneidad de los accionistas que vayan a tener una participación significativa.

En caso de que la nueva entidad vaya a estar controlada por una entidad de crédito, una empresa de servicios de inversión o una entidad aseguradora o reaseguradora autorizada en el Estado de la Unión Europea de que se trate, cuando su control vaya a ejercerse por la entidad dominante de una entidad de crédito, una empresa de servicios de inversión o una entidad aseguradora o reaseguradora autorizada en ese Estado miembro, o que su control vaya a realizarse por las mismas personas físicas o jurídicas que controlen una entidad de crédito, una empresa de servicios de inversión o una entidad aseguradora o reaseguradora autorizada en el Estado de la Unión Europea determinado, en estos casos, deberá realizarse una consulta previa con la autoridad supervisora competente del correspondiente Estado miembro de la Unión Europea antes de la concesión de la autorización para su creación.

Si esa autorización es concedida, la entidad de crédito tendrá el plazo de un año para comenzar a ejercer sus operaciones, ya que en el caso de que no lo haga, dicha autorización caducará.

Tras el otorgamiento de la autorización solicitada, la entidad de crédito deberá configurarse con una estructura concreta, ya sea como una sociedad anónima si se trata de un Banco, como una fundación en el caso de una Caja de Ahorros o, como una sociedad cooperativa en el supuesto de tratarse una Cooperativa de crédito.

Si una entidad de crédito comienza a realizar operaciones sin haber obtenido la autorización anterior, esa actividad realizada será considerada ilícita, y conllevará la imposición de las sanciones administrativas que correspondan. Sin embargo,  los contratos que se hubieran realizado con terceros de buena fe, se reputarán válidos y gozarán de eficacia.

Estas entidades de crédito serán supervisadas por el Banco de España, para ello podrá recabar de las mismas cuantas informaciones considere necesarias para la comprobar que cumplen con la normativa de ordenación y disciplina a la que estén sujetos.

Esas informaciones comprenderán, libros, registros, documentos, programas informáticos, ficheros, bases de datos, todo lo que considere conveniente.

El Banco de España, también podrá inspeccionar a entidades de crédito autorizadas en otros Estados miembros de la Comunidad Europea.

Las entidades de crédito podrán, libremente, abrir y cambiar de domicilio, así como cerrar sus establecimientos, oficinas o sucursales, con la obligación de comunicarlo al Banco de España.

El establecimiento de sucursales en Estados que no sean miembros de la Comunidad Europea, requerirá la autorización del Banco de España, en caso de que, dentro del plazo que establezca para concederla, no conteste, se entenderá denegada.

También quedará sujeta a previa autorización del Banco de España la creación por una entidad de crédito o un grupo de entidades de crédito españolas de una entidad de crédito extranjera, o la adquisición de una participación en una entidad ya existente, cuando dicha entidad de crédito extranjera vaya a ser constituida o se encuentre domiciliada en un Estado que no sea miembro de la Comunidad Europea. Reglamentariamente se determinará la información que deba incluirse en la solicitud.

En caso de que el Banco de España no contestara en el plazo de tres meses desde la recepción toda la información necesaria, significará que la pretensión ha sido denegada.

También podrá denegarla cuando atendiendo a la situación financiera o a la capacidad de la entidad de crédito, pueda afectarle negativamente o cuando no pueda asegurarse la efectiva supervisión del grupo.

Si una entidad de crédito tiene previsto abrir una sucursal o establecimiento, en un Estado miembro de la Comunidad Europea, es necesario que obtenga la autorización del Banco de España. Éste deberá resolver en el plazo de tres meses, salvo que el programa de actividades presentado recoja actividades no autorizadas a la entidad, o el Banco de España tenga razones para dudar, visto el proyecto en cuestión, de lo adecuado de las estructuras administrativas o de la situación financiera de la entidad de crédito, el Banco aprobará la solicitud. En caso de que no conteste, será denegada.

Si la entidad de crédito española quiera desempeñar otro tipo de actividad en un Estado miembro deberá comunicarlo con anterioridad al Banco de España, que en el plazo de un mes deberá darle traslado a la autoridad supervisora de dicho Estado miembro.

Cuestión importante también es, la relativa a la adquisición de participaciones significativas de entidades de crédito,  por parte de una persona física o jurídica o aumentar las que ya posee, o llegar a controlar la entidad con esa adquisición, en estos caso, deberá informar al Banco de España, de la cuantía y condiciones de dicha adquisición. De igual manera deberán hacerlo en caso de que dejen de poseer este tipo de participaciones.

El Banco de España podrá oponerse a la adquisición en el plazo de tres meses, y en este supuesto, el silencio tendrá efecto positivo.

 

 

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