Entidades públicas empresariales de ámbito estatal

Definición de las entidades públicas empresariales

El artículo 103 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, define a las entidades públicas empresariales de la siguiente manera:

"1. Las entidades públicas empresariales son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian con ingresos de mercado, a excepción de aquellas que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio propio personificado de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público, y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación.

2. Las entidades públicas empresariales dependen de la Administración General del Estado o de un Organismo autónomo vinculado o dependiente de ésta, al que le corresponde la dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia.

3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga naturaleza jurídica de entidad pública empresarial deberá figurar en su denominación la indicación de «entidad pública empresarial» o su abreviatura «E.P.E»".

Régimen jurídico (art. 104 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre)

El régimen jurídico de las entidades públicas empresariales es el Derecho privado, excepto para:

- la formación de la voluntad de sus órganos,

- el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas; y, 

- los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta Ley, en su Ley de creación, sus estatutos, la Ley 39/2015, de 1 de octubre; la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público; la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas; y, el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación.

Ejercicio de las potestades administrativas (art. 105 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre)

Las potestades administrativas con las que contarán los órganos que formen parte de las entidades públicas empresariales, vendrán expresamente atribuidas en los estatutos. No obstante, los órganos de las entidades públicas empresariales no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración General del Estado, salvo las excepciones que se fijen en sus estatutos.

Régimen jurídico del personal y de contratación (art. 106 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre)

En cuanto al régimen jurídico del personal, habrá que distinguir por un lado, el personal de las entidades públicas empresariales que se regirá por el Derecho laboral, y, los funcionarios públicos de la Administración General del Estado que se regirán por lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos o por la normativa laboral.

La selección del personal laboral de estas entidades, se realizará de la siguiente manera:

a) El personal directivo será nombrado según lo establecido en el artículo 55.11) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre: 

b) El resto del personal será seleccionado mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectuará periódicamente controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos.

La Ley de creación de cada entidad pública empresarial determinará las condiciones de acceso de los funcionarios de la Administración General del Estado para cubrir destinos en la referida entidad, así como las competencias que a la misma correspondan sobre este personal que, en todo caso, serán las que tengan legalmente atribuidas los Organismos autónomos.

Respecto a la contratación de las entidades públicas empresariales se rige por las previsiones contenidas al respecto en la Ley de Contratos del Sector Público, actualmente la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

Régimen económico-financiero y patrimonial (art. 107 de la 12pt;">Ley 40/2015, de 1 de octubre)

Como indicábamos en su definición las entidades públicas empresariales cuentan con un patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines, por lo que es un patrimonio distinto del de la Administración Pública. Este patrimonio, estará integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares. La gestión y la administración del patrimonio con el que cuenten para el cumplimiento de sus fines será ejercida conforme a lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre. 

Los recursos económicos de los organismos autónomos podrán provenir de las siguientes fuentes:

a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.

b) Los productos y rentas de dicho patrimonio y cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.

Excepcionalmente, cuando así lo prevea la Ley de creación, también serán fuentes:

a) Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos Generales del Estado.

b) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o entidades públicas.

c) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares.

A TENER EN CUENTA. Con la aprobación de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año 2021, se produce una modificación en relación a la forma de financiación de estas entidades. Se establece que se financiarán mayoritariamente con ingresos de mercado, a excepción de aquellas que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio propio personificado de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público. Se entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan la consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas. A tales efectos se tomará en consideración la clasificación de las diferentes entidades públicas a los efectos de la contabilidad nacional que efectúe el Comité Técnico de Cuentas Nacionales y que se recogerá en el Inventario de Entidades del sector Público estatal, Autonómico y Local.

Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero (art. 108 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre)

Las entidades públicas empresariales aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Un ejemplo de estas sociedades mercantiles estatales es la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. 

A TENER EN CUENTA. Tras la aprobación de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, se añaden nuevas disposiciones adicionales (D.A.23ª-D.A.27ª.) que incluyen excepciones en relación a ciertas entidades públicas empresariales.