Entidades públicas empresariales de ámbito estatal

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Las entidades públicas empresariales son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación. Su regulación se encuentra en los Art. 103-108 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre.

 

De las entidades públicas empresariales de ámbito estatal se ocupan los Art. 103-108 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, integrantes de la Sección 3ª del Capítulo III del Título II del texto legal. Los preceptos antes citados ofrecen el esquema de estudio acerca que se desarrolla a continuación.

Definición

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, define las entidades públicas empresariales como entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación (Apartado 1 del Art. 103 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre).


Adscripción

El apartado 2 del Art. 103 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre dispone que “las entidades públicas empresariales dependen de la Administración General del Estado o de un Organismo autónomo vinculado o dependiente de ésta, al que le corresponde la dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia”.

Nomenclatura

En el apartado 3 del Art. 103 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre se establece que “con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga naturaleza jurídica de entidad pública empresarial deberá figurar en su denominación la indicación de «entidad pública empresarial» o su abreviatura «E.P.E»”.

Régimen jurídico

Tal y como señala el Art. 104 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, “las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta Ley, en su Ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación”.

Ejercicio de potestades administrativas

El ejercicio de las potestades administrativas por parte de las entidades empresariales de ámbito estatal, se ejercerá respetando las disposiciones del Art. 105 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre:

  • Las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas a los que los estatutos se les asigne expresamente esta facultad.

  • No obstante, a los efectos de esta Ley, los órganos de las entidades públicas empresariales no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración General del Estado, salvo las excepciones que, a determinados efectos se fijen, en cada caso, en sus estatutos.

Régimen jurídico del personal

El régimen jurídico del personal de las entidades públicas empresariales de ámbito estatal se encuentra establecido en el Art. 106 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, y queda configurado como sigue:

  • El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral, con las especificaciones dispuestas en este artículo y las excepciones relativas a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado, "quienes se regirán por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos" (la referencia debe entenderse hecha al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) o por la normativa laboral.

  • La selección del personal laboral de estas entidades se realizará conforme a las siguientes reglas:

    • El personal directivo, que se determinará en los estatutos de la entidad, será nombrado con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 11 del Art. 55 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.

    • El resto del personal será seleccionado mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

  • La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo como del resto del personal, requerirán el informe conjunto, previo y favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

  • El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectuará, con la periodicidad adecuada, controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos, conforme a los criterios previamente establecidos por los mismos.

  • La Ley de creación de cada entidad pública empresarial deberá determinar las condiciones conforme a las cuales, los funcionarios de la Administración General del Estado, podrán cubrir destinos en la referida entidad, y establecerá, asimismo, las competencias que a la misma correspondan sobre este personal que, en todo caso, serán las que tengan legalmente atribuidas los Organismos autónomos.

Régimen de contratación

La contratación de las entidades públicas empresariales se rige por las previsiones contenidas al respecto en la legislación de contratos del sector público, tal y como establece el apartado 6 del Art. 106 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Régimen económico-financiero y patrimonial

El régimen económico-financiero y patrimonial de las entidades públicas empresariales de ámbito estatal es el que dispone el Art. 107 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre:

  • Las entidades públicas empresariales tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares.

    La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del Patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.

  • Las entidades públicas empresariales podrán financiarse con los ingresos que se deriven de sus operaciones, obtenidos como contraprestación de sus actividades comerciales, y con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes:

    • Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.

    • Los productos y rentas de dicho patrimonio y cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.

  • Excepcionalmente, cuando así lo prevea la Ley de creación, podrá financiarse con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes:

    • Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos Generales del Estado.
       
    • Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o entidades públicas. 

    • Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares.

  • Las entidades público empresariales se financiarán mayoritariamente con ingresos de mercado. Se entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan la consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas. 

    A tales efectos se tomará en consideración la clasificación de las diferentes entidades públicas a los efectos de la contabilidad nacional que efectúe el Comité Técnico de Cuentas Nacionales y que se recogerá en el Inventario de Entidades del sector Público estatal, Autonómico y Local.

Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero

Según como manifiesta el Art. 108 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre “las entidades públicas empresariales aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre”.

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