Especialidades del procedimiento de extradición

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

 

La extradición según la Real Academia de la Lengua  Española, puede definirse como “el procedimiento por el que las autoridades de un Estado hacen entrega de una persona a las de otro que la reclama, para que pueda ser enjuiciada penalmente en este segundo o cumpla en él una pena ya impuesta.”

Este procedimiento se encuentra tipificado en la Ley Enjuiciamiento Criminal, en concreto, en los Art. 824-833 ,LECrim .

Las personas legitimadas para solicitar la extradición de los procesados o condenados por sentencia firme, cuando proceda en Derecho, serán los Fiscales de las Audiencias y el del Tribunal Supremo, los cuales deberán solicitar al Juez o Tribunal que se lo propongan al Gobierno correspondiente.

Es requisito necesario para poder proponer o solicitar la extradición, que se haya dictado auto motivado de prisión o recaído sentencia firme contra los acusados a que se refiera.

El Art. 826 ,LECrim señala los casos en que puede proponerse o pedirse la extradición, respecto a las siguientes personas:

  1. De los españoles que habiendo delinquido en España se hayan refugiado en país extranjero.
  2. De los españoles que habiendo atentado en el extranjero contra la seguridad exterior del Estado, se hubiesen refugiado en país distinto del en que delinquieron.
  3. De los extranjeros que debiendo ser juzgados en España se hubiesen refugiado en un país que no sea el suyo.

Esta extradición procederá en tres supuestos:

  1. En los casos que se determinen en los Tratados vigentes con la potencia en cuyo territorio se hallare el individuo reclamado.
  2. En defecto de Tratado, en los casos en que la extradición proceda según el derecho escrito o consuetudinario vigente en el territorio a cuya nación se pida la extradición.
  3. En defecto de los dos casos anteriores, cuando la extradición sea procedente según el principio de reciprocidad.

Será competente para solicitar la extradición, el Juez o Tribunal que conociera de la causa en que estuviese procesado el reo ausente en territorio extranjero. Lo acordará de oficio o a instancia de parte, en resolución fundada, cuando sea procedente conforme a lo estipulado anteriormente.

Contra el auto acordando o denegando pedir la extradición, podrá interponerse un recurso de apelación, si lo hubiese sido dictado por el Juez de Instrucción.

La petición de extradición se hará en forma de suplicatorio, dirigida al Ministerio de Justicia, como así establece el Art. 831 ,LECrim .En ese mismo artículo, se exceptúa el caso en que por el Tratado vigente con la nación en cuyo territorio se hallare el procesado, pueda pedir directamente la extradición el Juez o Tribunal que conozca de la causa.

Junto con el suplicatorio o comunicación, se unirá testimonio del auto de extradición y la pretensión o dictamen fiscal en que se hubiera pedido, y todas las diligencias necesarias que justifiquen la procedencia de la extradición.

Si se hubiese solicitado la extradición por medio del Ministro de Justicia, se le remitirá el suplicatorio y testimonio por medio del Presidente de la Audiencia respectiva, mientras que si se trata del Tribunal Supremo o su Sala Segunda, estos documentos se remitirán por medio del Presidente de dicho Tribunal.

Dentro de la legislación española, la extradición se encuentra regulada en una Ley del año 1985 sobre extradición pasiva, y también en el Convenio Europeo de Extradición del año 1957, que fue ratificado por España en el año 1982.

La Ley sobre extradición pasiva señala que “se podrá conceder la extradición por aquellos hechos para los que las Leyes Españolas y las de la parte requeriente señalen una pena o medida de seguridad cuya duración no sea inferior a un año de privación de libertad en su grado máximo o a una pena más grave; o cuando la reclamación tuviere por objeto el cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privación de libertad por hechos también tipificados en la Legislación Española.”

No se concederá la extradición de españoles, ni de los extranjeros por delitos de que corresponda conocer a los Tribunales Españoles, según el Ordenamiento Nacional. Si el delito se hubiere cometido fuera del territorio del país que solicite la extradición, ésta podrá ser denegada si la Legislación Española no autorizare la persecución de un delito del mismo género cometido fuera de España.

En esa misma Ley, en su artículo 4º y 5º, se enumeran los casos en que la extradición será denegada, destacando los siguientes:

- Cuando se trate de delitos de carácter político, no considerándose como tales los actos de terrorismo; los crímenes contra la Humanidad previstos por el Convenio para la Prevención y Penalización del Crimen de Genocidio adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni el atentado contra la vida de un Jefe de Estado o de un miembro de su familia.

- Cuando la persona reclamada haya sido juzgada o lo esté siendo en España por los mismos hechos que sirvan de base a la solicitud de extradición. Podrá, no obstante, accederse a ésta cuando se hubiere decidido no entablar persecución o poner fin al procedimiento pendiente por los referidos hechos y no haya tenido lugar por sobreseimiento libre o cualquier otra resolución que deba producir el efecto de cosa juzgada.
- Cuando el Estado requeriente no hubiera dado las garantías exigidas en esta Ley.

 

Si la resolución firme del Tribunal denegare la extradición, dicha resolución será definitiva y no podrá concederse aquélla.

Según el Convenio Europeo de Extradición, los hechos que dan lugar a la extradición son aquellos que las Leyes de la Parte requirente y de la Parte requerida castiguen, bien con pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea de un año por lo menos bien con pena más severa. Cuando en el territorio de la Parte requirente se hubiere pronunciado condena a una pena o se hubiere infligido una medida de seguridad, la sanción impuesta deberá tener una duración de cuatro meses cuando menos.

Este mismo convenio señala el principio “non bis indem”, por el cual no se concederá la extradición cuando la persona reclamada hubiera sido definitivamente sentenciada por las autoridades competentes de la Parte requerida, por el hecho o los hechos motivadores de la solicitud de extradición. Podrá ser denegada la extradición si las autoridades competentes de la Parte requerida hubieren decidido no entablar persecución, o poner fin a los procedimientos pendientes por el mismo o los mismos hechos.

La Ley de extradición pasiva, establece que la persona cuya extradición haya sido acordada se realizará por agente de la Autoridad Española, previa notificación del lugar y fecha fijados, observándose la Legislación Nacional vigente.

 

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