Regulación del contenido general, procedimiento y revisión de la evaluación y análisis de riesgos laborales

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en consonancia con la Directiva Marco 89/391/CEE, establece como una obligación empresarial la Planificación de la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de factores de riesgo y evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.
 
La evaluación de riesgos es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse (capítulo II, arts. 3 al 7, R.D 39/1997, de 17 de enero) .

 

Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto las situaciones en que sea necesario:

  1. Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de formación e información a los trabajadores.
  2. Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.
El empresario deberá consultar a los representantes de los trabajadores, o a los propios trabajadores en ausencia de representantes, acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa o centro de trabajo (art. 33, LPRL).

Contenido general de la evaluación

La evaluación inicial de los riesgos se debe hacer en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa y ha de ser completamente independiente y objetiva. Para ello, se tendrán en cuenta (art. 4, RD 39/1997, de 17 de enero):

  1. Las condiciones de trabajo existentes o previstas, tal como quedan definidas en el art. 7.4 de la LPRL.
  2. La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo en el futuro sea especialmente sensible, debido a sus características personales o estado biológico, a alguna de dichas condiciones.

A partir de la citada evaluación inicial, deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por:

  1. La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.
  2. Un cambio en las condiciones de trabajo.
  3. La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.

La evaluación de los riesgos se realizará mediante la intervención de personal competente, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo VI del RD 39/1997, de 17 de enero.

Según el RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (arts. 15-16, Ley 31/1995, de 8 de noviembre), el empresario, al evaluar los riesgos, prestará particular atención a los siguientes aspectos:

  1. El nivel, el tipo y la duración de la exposición, incluida la exposición a ruido de impulsos.
  2. La existencia de equipos de sustitución concebidos para reducir la emisión de ruido.
  3. Los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una acción previstos en el artículo 5 del RD 286/2006, de 10 de marzo.
  4. En la medida en que sea viable desde el punto de vista técnico, todos los efectos para la salud y seguridad de los trabajadores derivados de la interacción entre el ruido y las sustancias ototóxicas relacionadas con el trabajo, y entre el ruido y las vibraciones.
  5. Todos los efectos indirectos para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el riesgo de accidentes. Ver sentencia nº TS, de 16/05/2006, Rec. 5001/2004.
  6. La información sobre emisiones sonoras facilitada por los fabricantes de equipos de trabajo con arreglo a lo dispuesto en la normativa específica que sea de aplicación.
  7. Cualquier efecto sobre la salud y la seguridad de los trabajadores especialmente sensibles a los que se refiere el artículo 25 de la Ley 31/1995.
  8. La prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo bajo responsabilidad del empresario.
  9. La información apropiada derivada de la vigilancia de la salud, incluida la información científico-técnica publicada, en la medida en que sea posible.
  10. La disponibilidad de protectores auditivos con las características de atenuación adecuadas.

Procedimiento de la evaluación de riesgos

A partir de la información obtenida en la evaluación inicial se procederá a la determinación de los elementos peligrosos y los trabajadores expuestos a los mismos, valorando a continuación el riesgo existente en función de criterios objetivos de valoración, según los conocimientos técnicos existentes, o consensuados con los trabajadores, de manera que se pueda llegar a una conclusión sobre la necesidad de evitar o de controlar y reducir el riesgo (art. 5, R.D 39/1997, de 17 de enero).

La evaluación incluirá la realización de las mediciones, análisis o ensayos que se consideren necesarios, salvo que se trate de operaciones, actividades o procesos en los que la directa apreciación profesional acreditada permita llegar a una conclusión sin necesidad de recurrir a aquéllos.

El procedimiento de evaluación deberá ajustarse a lo expuesto en la normativa específica de aplicación, pero en caso de que la normativa no indique los métodos que deben emplearse para la citada evaluación, se utilizarán los métodos o criterios recogidos en:

  1. Normas UNE.
  2. Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Instituto Nacional de Silicosis y protocolos y guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, así como de Instituciones competentes de las Comunidades Autónomas.
  3. Normas internacionales.
  4. En ausencia de los anteriores, guías de otras entidades de reconocido prestigio en la materia u otros métodos o criterios profesionales descritos documentalmente que cumplan la normativa establecida.

La evaluación puede realizarla el propio empresario, un departamento interno de la empresa (delegados de prevención), o una empresa externa si se necesitan mediciones y controles específicos o conocimientos especializados.

Revisión de la evaluación de riesgos

Las evaluaciones iniciales deberán revisarse habitualmente con una periodicidad acordada entre empresa y trabajadores, teniendo en cuenta el deterioro de los elementos que integran el proceso productivo, o cuando así se requiera (art. 6 Ley 39/1997, de 17 de enero):

  1. Por detecta daños a la salud de los trabajadores.
  2. Cuando las actividades de prevención implantadas hayan sido inadecuadas o insuficientes.
  3. Cuando haya habido cambios en las actividades para el control de riesgos.
  4. Cuando haya nuevas incorporaciones de personal, de maquinaria, de sustancias químicas o materia prima, introducción de nuevas tecnologías, etc, etc.

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