Excepciones al principio de territorialidad: la extraterritorialidad o la ultraterritorialidad de la ley penal

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En la mayoría de los países para llevar a cabo la aplicación de la ley penal, va a regir como regla general el denominado principio de territorialidad de la ley penal, es decir, que la ley penal se va a aplicar a los hechos que se cometen dentro del territorio de ese Estado, independientemente de la nacionalidad de aquellos sujetos que cometieran el delito. Existen diversas excepciones, que se denominan como la extraterritorialidad o la ultraterritorialidad de la ley penal.

La extraterritorialidad de la ley penal se refiere a la posibilidad de aplicación de las leyes penales españolas a conductas que se realizan fuera del territorio español, según las características del hecho, el autor o lo relativo a la perseguibilidad procesal.

Este tema aparece regulado en nuestro ordenamiento jurídico dentro de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985.

 

 

Hay que tener en cuenta que la extraterritorialidad de la ley penal se basa en ciertos principios, que son el principio personal o de la nacionalidad, el principio real o de protección de intereses, el principio de universalidad o de justicia universal o mundial y el principio de justicia supletoria o subsidiaria. Sin embargo, en el caso español, sólo podemos hablar de los principios personal, real y de justicia universal y no podemos hacer referencia al principio de justicia supletoria.

- El principio personal o de la nacionalidad: es el que se refiere a la condición personal del delincuente, que se le puede aplicar en otro Estado (aquel en el que cometa el delito), la ley penal del Estado del que tiene la nacionalidad.

Dicho principio en nuestro ordenamiento jurídico viene recogido en el 23.2 ,LOPJ, que determina que la jurisdicción española va a poder conocer de los hechos que se recojan en leyes penales españolas como delitos, aunque los mismos hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, si los que fueran responsables de la consecución de dicho delito fueran españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y se dieran los siguientes requisitos:

1) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución (es el requisito de la doble incriminación), que limita dicho principio personal, porque va a encargarse de restringir la perseguibilidad a aquellos hechos cometidos que en el lugar de comisión fueran ilícitos.

2) Tiene que hacerse denuncia o interponerse querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal frente a los Tribunales Españoles.

3) Se exige que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero o de haber sido penado en el extranjero, que no haya cumplido la condena que se le impuso. En el caso de que hubiera cumplido en parte la condena, se le rebajará proporcionalmente la pena que le corresponda.

- El principio real o de protección de intereses: este principio se refiere a aquellos supuestos en los cuales, pese a estar el hecho cometido en el extranjero e independientemente de cual sea la nacionalidad de los delincuentes, le es aplicable la ley penal del Estado, por afectar a bienes jurídicos importantes para el mismo. Esto se produce  en aquellos casos en los que los bienes jurídicos vulnerados tienen especial interés para el propio Estado.

En nuestro Derecho viene recogido este principio en el 23.3 ,LOPJ, pero se restringe a aquellos casos en los que exista un importante interés estatal, estos delitos a los que se refiere dicho artículo son:

1) De traición y contra la paz o independencia del Estado.

2) Contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o el Regente.

3) De rebelión y sedición.

4) De falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los Ministros y de los sellos públicos u oficiales.

5) De cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o intereses del Estado, e introducción o expedición de lo falsificado.

6) De atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles.

7) Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la Administración pública española.

8) Los relativos al control de cambios.

- El principio de universalidad o de justicia universal o mundial: actúa en aquellos casos en los que se puede aplicar la ley de un Estado a ciertos hechos, pese a que los mismos hubieran sido cometidos fuera del territorio de dicho Estado, aunque los delincuentes no sean nacionales y aunque los hechos no vayan a afectar a los bienes jurídicos esenciales de ese Estado. Con la reforma de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, esta queda muy limitada. La regulación contenida en el 23.4 ,LOPJ sobre la jurisdicción de los tribunales españoles se ve muy limitada, cuando el delito es cometido:

- Por un español.

- Por un extranjero que resida habitualmente en España o se encuentra en España, o se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas, siempre que así lo imponga un Tratado vigente para España.

O si la víctima tuviera la nacionalidad española en el momento de la comisión del delito, o si se fuera cometido por una persona jurídica, ésta tuviera domicilio en España.

En el caso de que el delito fuera cometido por grupo u organizaciones criminales, se establece que actúen con miras a la comisión en España de delitos.

Los delitos a los que hace referencia este 23.4 ,LOPJ:

a) Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado

b) Delitos de tortura y contra la integridad moral de los Art. 174-177 ,CP

c) Delitos de desaparición forzada incluidos en la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006

d) Delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la seguridad de la navegación marítima que se cometan en los espacios marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados por España o en actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea parte.

e) Terrorismo

f) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, hecho en La Haya el 16 de diciembre de 1970

g) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971, y en su Protocolo complementario hecho en Montreal el 24 de febrero de 1988, en los supuestos autorizados por el mismo.

h) Los delitos contenidos en el Convenio sobre la protección física de materiales nucleares hecho en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980, siempre que el delito se haya cometido por un ciudadano español.

i) Tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas

j) Delitos de constitución, financiación o integración en grupo u organización criminal o delitos cometidos en el seno de los mismos.

k) Delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre víctimas menores de edad.

l) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica

m) Trata de seres humanos

n) Delitos de corrupción entre particulares o en las transacciones económicas internacionales

o) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de octubre de 2011, sobre falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pública

p) Cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un Tratado vigente para España o por otros actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determine en los mismos.

 - El principio de justicia supletoria o de justicia subsidiaria: tiene sus efectos en aquellos casos en los cuales se puede aplicar la ley penal del Estado a determinados hechos que se cometen en un lugar fuera del ius puniendi de cualquier Estado, o bien en el territorio de otro Estado y sin embargo, no es necesario que el mismo solicite la extradición o incluso esto puede hacerse cuando no sea posible solicitar la misma. Este principio no existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

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