El procedimiento especial de expropiación en materia de propiedad industrial

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El procedimiento especial de expropiación en materia de propiedad industrial se rige por lo dispuesto en la legislación de patentes y, concretamente, en la Ley 24/2015, de 24 de julio, que sustituye, con efectos desde el día 1 de abril de 2017, a la Ley 11/1986, de 20 de marzo. No obstante, tales normas acaban por disponer que el expediente que haya de instruirse se ajustará en todo, incluida la fijación del justiprecio, al procedimiento general establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa.

Originalmente, la regulación del procedimiento especial de expropiación en materia de propiedad industrial se encontraba en el Art. 99 ,LEF y en los Art. 121-123 ,Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. Esto fue así hasta el día 26-06-1986, fecha en la que dichos preceptos fueron derogados por la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, habiéndose operado con la misma un desplazamiento hacia la legislación especial que se mantiene en la actualidad, aunque limitado, como se verá, a dos sencillos enunciados, pues la instrucción del expediente sigue en todo el procedimiento general de la LEF a la que se acaba remitiendo de nuevo.

Así, el Art. 81 ,Ley 24/2015, de 24 de julio, repitiendo literalmente lo dispuesto por el Art. 73 ,Ley 11/1986, de 20 de marzo, dispone lo siguiente en relación a la expropiación en materia de propiedad industrial: 

  • Cualquier solicitud de patente o patente ya concedida podrá ser expropiada por causa de utilidad pública o de interés social, mediante la justa indemnización.

  • La expropiación podrá hacerse con el fin de que la invención caiga en el dominio público y pueda ser libremente explotada por cualquiera, sin necesidad de solicitar licencias, o con el fin de que sea explotada en exclusiva por el Estado, el cual adquirirá, en este caso, la titularidad de la patente.

  • La utilidad pública o el interés social será declarado por la Ley que ordene la expropiación, la cual dispondrá si la invención ha de caer en el dominio público o si ha de adquirir el Estado la titularidad de la patente o de la solicitud. El expediente que haya de instruirse se ajustará en todo, incluida la fijación del justiprecio, al procedimiento general establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa.

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