El procedimiento especial de expropiación por razones de defensa nacional y seguridad del Estado

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La regulación de la expropiación por razones de defensa nacional y seguridad del Estado se encuentra en los Art. 100-107 ,LEF y, en realidad, alcanza dos supuestos distintos:

 

La Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, dedica al procedimiento especial de expropiación por razones de defensa nacional y seguridad del Estado dos secciones distintas:

  • Sección 1ª, “De las expropiaciones por necesidades militares” (Art. 100 ,LEF).
  • Sección 2ª, “De las requisas militares” (Art. 101-107 ,LEF.



Por lo que respecta a las expropiaciones por necesidades militares  el Art. 100 ,LEF dispone lo siguiente:

  • Cuando el Gobierno acuerde la adquisición de inmuebles situados en la zona militar de costas y fronteras, o por otras necesidades urgentes de la defensa y seguridad nacional, las expropiaciones que a tales fines fuere preciso realizar se ajustarán a lo dispuesto en los Art. 52-53 ,LEF, y el expediente respectivo será tramitado por la Administración militar que corresponda en razón al ejército a cuyos servicios queden afectos los bienes ocupados y con sujeción al Reglamento que se dicte en aplicación de esta Ley.

  • En estas expropiaciones, el funcionario técnico comprendido en el apartado b) del Art. 32 ,LEF será sustituido en el Jurado Provincial de Expropiación por un técnico militar del Departamento respectivo, que formará parte de aquél como Vocal siempre que al ser remitido el expediente en cumplimiento del artículo 31, se comunique al mismo tiempo por el Gobierno Militar de la provincia el nombramiento correspondiente.

En relación a las requisas:

Supuestos de procedencia de las requisas:

  • En tiempo de guerra y en caso de movilización total o parcial que no sea para maniobras, las autoridades militares podrán utilizar, previa requisa, toda clase de bienes muebles, inmuebles, derechos, empresas, industrias, alojamientos, prestaciones personales y, en general, todo cuanto sirva directa o indirectamente a los fines militares (Art. 101 ,LEF).

  • Fuera de los casos anteriores, únicamente podrán ser objeto de requisa (Apartado 1 del Art. 102 ,LEF):

    • Los alojamientos para personal.
    • Ganado y material.
    • Las raciones de pan y pienso.
    • El combustible y el alumbrado.
    • El alojamiento y cuanto sea necesario para la asistencia a enfermos o heridos (duración máxima no excederá de veinticuatro horas cada vez).
    • Los medios terrestres, marítimos o aéreos para locomoción o transporte de personal, ganado o material de los ejércitos o sus servicios (duración máxima no excederá de veinticuatro horas cada vez).

  • En períodos de grandes maniobras de concentración de fuerzas, se podrán también requisar por la autoridad militar correspondiente, propiedades rústicas y urbanas como medios auxiliares para las maniobras, con las limitaciones y formas señaladas en los Reglamentos especiales. Las requisas a que se refiere este párrafo sólo se podrán exigir en el territorio y en el período de tiempo que previamente se señale (Apartado 2 del Art. 102 ,LEF).

  • También se podrá acordar por Decreto, la requisa, en vía de ensayo, de todos los medios útiles de locomoción y transporte, tanto de índole animal como mecánica (Apartado 3 del Art. 102 ,LEF).

Supuesto de improcedencia de las requisas:

En ningún caso se podrá exigir la requisa de recursos superiores a los que posean los Municipios, debiéndoseles respetar siempre los víveres necesarios para alimentación civil durante un tiempo prudencial (Art. 103 ,LEF).

Autoridad competente para el ejercicio de la requisa:

El derecho de requisa corresponde a la autoridad militar reglamentariamente determinada, la cual podrá delegar su ejercicio dentro de los límites autorizados (Art. 104 ,LEF).

Indemnización:

 El Art. 105 ,LEF establece lo que se transcribe a continuación:

  • Toda prestación por requisa da derecho a una indemnización por el importe del servicio prestado, del valor objetivo de lo requisado, o de los daños y desperfectos que por su causa se produzcan.
  • Las cantidades que hayan de abonarse por este concepto y cuyo pago no se haya verificado en un plazo de tres meses, a partir de la fecha en que se efectuó la requisa, devengarán el interés legal.
  • No será indemnizable la prestación de alojamiento, tanto en casas particulares como en edificios públicos, de las fuerzas de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y demás personas afectas a los mismos.

Por su parte el Art. 106 ,LEF, respecto del importe de las indemnizaciones, señala lo siguiente:

  • El importe de las indemnizaciones se fijará por la Comisión Central de Valoraciones de Requisas y por las provinciales.

  • La Comisión Central de Valoraciones de Requisas Militares, que se nombrará por Decreto, estará compuesta por representantes de los Ministerios militares y de los civiles y demás Organismos más directamente relacionados con las requisas, formando parte de ella un General y un Jefe de los Cuerpos de Intendencia e Intervención de cada uno de los Ejércitos de Mar, Tierra y Aire, y un Auditor. Será misión de esta Comisión el establecer tarifas uniformes para las prestaciones que lo requieran, redactar las bases de valoración para que sirvan de norma a las Comisiones provinciales, examinar y aprovechar las tarifas que éstas les señalen, así como fijar a las mismas los precios que son objeto de consultas.

  • Las Comisiones provinciales estarán compuestas por cinco Diputados provinciales designados por el Presidente de la respectiva Diputación provincial, y un Jefe de Intendencia y otro de Intervención de cualquiera de los Ejércitos, y será presidida por quien designe la autoridad militar. Estas Comisiones señalarán los precios a las prestaciones para las que no exista tarifa general, elevándolas a la aprobación de la Central, señalando también con posterioridad las indemnizaciones de requisas que no figuren en tarifa alguna.

  • Podrán constituirse, en su caso, en territorios ocupados Comisiones especiales de valoración, limitando su actuación en las reclamaciones que se hayan presentado, a hacer las valoraciones con las comprobaciones pertinentes, a los fines de que, terminado el período de guerra, se resuelva sobre el derecho al percibo de indemnización.

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