Concepto de expropiado

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El expropiado, según lo dispuesto en el el Art. 3 ,Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, es el "propietario o titular de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable, o titular del derecho objeto de la expropiación".

El expropiado es, según el apartado 1 in fine del Art. 3 ,Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, el “propietario o titular de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable, o titular del derecho objeto de la expropiación”.

Entre los derechos del expropiado, sintetizando lo establecido en la Ley y en el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, pueden señalarse los siguientes:

  • Derecho a que el bien expropiado esté justamente valorado (siguiendo las normas para establecer el justiprecio, Art. 24-47 ,LEF).

  • Derecho a que, una vez fijado el justiprecio, éste se abone en el plazo máximo de seis meses (Art. 48 ,LEF).

  • Derecho a indemnización y a retasación en los casos de demora por parte de la Administración:

    • Transcurrido el plazo de seis meses desde que se declare la necesidad de ocupación sin resolución definitiva del justiprecio, tendrá derecho a una indemnización que consistirá en su interés legal, que se liquidará con efectos retroactivos (Cfr. Art. 56 ,LEF

    • La cantidad que se fije definitivamente como justo precio devengará el interés legal correspondiente a favor del expropiado hasta que se proceda a su pago y desde el momento en que hayan transcurrido los seis meses a que se refiere el Art. 48 ,LEF (Cfr. Art. 56 ,LEF)

    • Si transcurren cuatro años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se haga efectivo o se consigne, habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación, con arreglo a los preceptos contenidos en el Capítulo III del presente Título (Art. 58 ,LEF, nueva redacción dada tras la modificación operada por la Ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado, que sustituye el plazo de 2 años por el de cuatro, y además establece la improcedencia de la retasación transcurrido dicho plazo de cuatro años).

  • Derecho a reversión del bien expropiado o de parte del mismo de no dedicarse al uso previsto (Apartado 1 del Art. 54 ,LEF).

Como obligaciones del expropiado se pueden citar las siguientes: 

  • Remitir la hoja de aprecio al organismo que realiza la expropiación en el plazo fijado (Art. 29 ,LEF).

  •  Como correlato al derecho que tiene la Administración de ocupar los bienes afectados por la expropiación (Cfr. Art. 51-52 ,LEF), permitir la misma (lo que se relacionaría, en todo caso, con el deber genérico de los ciudadanos de soportar los efectos de la actuación administrativa. 

En relación a lo anterior, cabría detenerse en las siguientes cuestiones de interés en relación con la figura del expropiado y su correspondiente "solución" jurisprudencial: 

Acreditación de la condición de propietario: Según establece la TS, Sala de lo Contencioso, de 06/02/2012, Rec. 5700/2008:

(…) En la materia constituye regla general que el expediente se entienda con el propietario del bien expropiado, esto es, con quien, salvo prueba en contrario, aparezca como tal en los registros públicos que, como el de la Propiedad, producen presunción de titularidad únicamente destruible mediando intervención judicial ( artículo 38 de la Ley Hipotecaria ). En su defecto, con las personas a las que los registros fiscales y administrativos atribuyan esa condición o, en último término, con las que lo sean pública y notoriamente. Así se expresa, con parecidos términos, el artículo 3 de la Ley de Expropiación Forzosa. Ahora bien, si existe controversia, si se presentan propietarios que esgrimen «títulos contradictorios», el trámite ha de entenderse con todos ellos, según dispone el artículo 5, apartado 2, de la Ley citada en segundo término. En tal caso, el justiprecio debe consignarse [artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento de Expropiación Forzosa].
De los preceptos considerados se colige que, tratándose de bienes inmuebles, cual es el caso, en primer lugar se reputa dueño o titular de derechos sobre los mismos a quien resulte serlo conforme al Registro de la Propiedad. Sólo en su defecto, esto es, subsidiariamente, merece esa condición quien la acredite en virtud de registros administrativos y en último lugar, a falta también de los mismos, a quien notoria y públicamente se le tenga por tal (véase en este sentido la Sentencia de 26 de enero de 2005 - recurso 2026/01 -).
Ahora bien, la normativa expropiatoria, a efectos de constituir el elemento subjetivo del procedimiento expropiatorio, no jerarquiza aquellas categorías, de modo que, confluyendo sobre un mismo bien varios interesados habilitados por títulos diversos, los amparados por el Registro de la Propiedad desplazan automáticamente a quienes hacen valer una matrícula administrativa o la general y pública reputación. El legislador ha querido que, en tales casos, dado que se trata de transmitir forzosamente el dominio o los correspondientes derechos reales, las diligencias se entiendan con las personas que presentan títulos, en principio, justificativos, para que, en tanto se dilucida ante la jurisdicción competente la titularidad, el procedimiento siga su curso y, llegado el caso, se consigne el justo precio a fin de que, en su momento, lo reciba quien resulte ser el legítimo dueño. Se evita así una demora que no haría más que perjudicar el fin de la expropiación.
Por ello, el artículo 5 de la Ley dispone que también serán parte en el expediente quienes presenten «títulos contradictorios» sobre el objeto a expropiar, expresión que alude a una contraposición irresoluble prima facie porque las diferentes credenciales se niegan mutuamente, aunque alguna de ellas se beneficie de una presunción que no deja de ser iuris tantum ( artículos 38, párrafo primero, y 97, en relación con el 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria ) y que, por consiguiente, puede destruirse ante quien tenga la potestad jurisdiccional y la competencia para decidir de forma definitiva y firme sobre la titularidad. En otras palabras, debe darse por existente el derecho que figure inscrito mientras no exista contradicción; derecho que, de haber oposición, puede ser destruido, pero no en un recurso contencioso-administrativo sino en un proceso civil en el que se ventile la cuestión (véanse, por todas, las Sentencias de 17 de noviembre de 2004 -recurso 5402/2000 -; 15 de noviembre de 2006 -recurso 7726/03 -; y 1 de diciembre de 2008 -recurso 3910/2005 -). (…) Hay títulos contradictorios cuando dos documentos atribuyen claramente la propiedad de un mismo objeto a personas distintas, de manera que no pueden ambos ser eficaces a la vez.

Carácter subsidiario de la información catastral para identificar al expropiado (TSJ Extremadura, Sala de lo Contencioso, nº 289/2014, de 25/03/2014, Rec. 855/2012):

“El problema a dilucidar es, como se ha visto, si es lícito utilizar la información catastral para identificar a la persona -con su correspondiente domicilio- a quien se debe notificar la iniciación del procedimiento expropiatorio. La respuesta es, sin sombra de duda, que ello sólo es legalmente posible de manera subsidiaria. El apartado segundo del art. 3 LEF establece: "Salvo prueba en contrario, la Administración expropiante considerará propietario o titular a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente, o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros fiscales o, finalmente, al que lo sea pública y notoriamente." Pues bien, siendo pacífico que el Registro de la Propiedad es un registro público que produce presunción de titularidad y que el Catastro es un registro fiscal, es claro que, a efectos de determinar la persona con quien debe seguirse el procedimiento expropiatorio, sólo cabe acudir a la información catastral cuando la registral sea inexistente o insuficiente. No es legalmente posible acudir de entrada a los datos obrantes en el Catastro. No se procedió así en el presente caso, pues se acudió directamente a la información catastral sin utilizar previamente que la registral y, precisamente por esta razón, la notificación de iniciación del procedimiento expropiatorio fue defectuosa. Ello impidió a quien aparecía como titular registral del terreno expropiado -así como a los posteriores adquirentes del mismo- realizar las actuaciones que estimaran pertinentes para la defensa de sus intereses. De aquí que las resoluciones de la entidad pública Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana de 22 de marzo y 11 de mayo de 2006 deban ser anuladas, ordenando la reposición del procedimiento expropiatorio al momento en que ha de hacerse la notificación de su iniciación a los propietarios afectados".

Singular atención merece la figura del arrendatario como parte en el procedimiento expropiatorio, pues, tal y como se expresa en la definición que ofrece el apartado 1 del Art. 3 ,Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, la condición de expropiado puede ir más allá de la de los sujetos que tengan el carácter de propietario. Así, y según se puede extraer de la jurisprudencia:

  • Es necesario que acredite la titularidad del correspondiente derecho real o arrendaticio y que soliciten que la Administración los tenga como parte interesada en el procedimiento expropiatorio, pues la Administración no está obligada de oficio a tenerlos como parte. Sin embargo, si el arrendatario solicita que lo tengan como parte interesada y no ofrece documentación justificativa de ello, la Administración, en este caso, tiene la obligación de requerirle para que subsane dicha falta. Dicho requerimiento, ha de reunir las formalidades legalmente previstas, no bastando la publicación del acta previa a la ocupación para conocimiento general, sino que será necesaria la comunicación personal. (Cfr. TS, Sala de lo Contencioso, de 12/04/2011, Rec. 4719/2007).

  • La solicitud del arrendatario para que se tenga como parte interesada, ha de hacerse en defecto de su constancia en asientos registrales, pues la Administración expropiante sólo está legalmente obligada a notificar de oficio a la iniciación del procedimiento expropiatorio de un finca a los arrendatarios de la misma cuando la existencia de éstos resulte del Registro de la Propiedad o, en su caso, de los registros fiscales (Cfr. TS, Sala de lo Contencioso, de 15/06/2010, Rec. 5462/2006).

  • La normativa expropiatoria configura la expropiación del derecho de propiedad y el derecho de arrendamiento como privación de dos derechos diferentes, que comportan la correspondiente indemnización atendiendo a las circunstancias y condiciones de uno y otro, con la apertura del correspondiente expediente individual sobre determinación del justiprecio. Y, además, como consecuencia de lo anterior, el acuerdo alcanzado entre expropiante y expropiado/propietario en nada afectan al derecho que corresponde al arrendatario (Cfr. TS, Sala de lo Contencioso, de 05/04/2011, Rec. 1721/2007).

  • La condición de arrendatario no puede venir derivada de una mera relación obligacional suscrita con el expropiado, pues de ese modo no se estaría expropiando un derecho real o interés económico directo sobre la cosa expropiable, y siendo así no tendría derecho a la obtención de un justiprecio independiente en defensa de sus intereses económicos (Cfr. TS, Sala de lo Contencioso, de 04/11/2009, Rec. 3999/2006).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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