Concepto de expropiante

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El expropiante, como titular de la potestad expropiatoria, según lo que dispone el Art. 3 ,Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, puede ser:

  • Los Delegados y Subdelegados de Gobierno, como regla general, en el ámbito estatal.
  • El Ingeniero Jefe, en su Servicios respectivos (Art. 98 ,LEF, como excepción a la regla general).
  • En el ámbito de la Comunidad Autónoma,  los miembros o representantes del Gobierno de la Comunidad Autónoma, que determinen las normas privativas que regulen su organización interna.
  • El Alcalde y el Presidente de la Diputación, en las Administraciones locales.

El expropiante es, según el apartado 1 del Art. 3 ,Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, “el titular de la potestad expropiatoria”, y ostentarán la condición de expropiantes, según el apartado 1 del Art. 2 ,LEF, el Estado, la Provincia o el Municipio, a los que hay que añadir, lógicamente, y dada la actual configuración del estado, la Comunidad Autónoma. 

Como dispone el Art. 3 ,Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, cuando es el Estado quien ejercita la potestad expropiatoria, éste lo hará por medio de sus órganos competentes en cada caso, que serán ("salvo en los casos en que la Ley, este Reglamento o norma especial con rango de Decreto hayan establecido la competencia de autoridad distinta"):

  • Los Delegados de Gobierno en las Comunidades Autónomas (Art. 72-73 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre) y los Subdelegados de Gobierno en las Provincias (Art. 74-75 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre), en el ámbito estatal.

  • En el ámbito de la Comunidad Autónoma, el Gobierno de la Comunidad Autónoma o los representantes del mismo que determinen las normas privativas que regulen su organización interna.

  • Ingenieros Jefes, en materia de servicios de Obras Públicas (Vid. Art. 98 ,LEF).

  •  A la Diputación provincial o al Ayuntamiento, cuando expropie la Provincia o el Municipio. 

En todo caso, la falta de competencia del expropiante, según la doctrina jurisprudencial, es motivo de nulidad de la expropiación. Así lo expresa, entre otras cuestiones, la TS, Sala de lo Contencioso, de 18/05/2011, Rec. 1105/2007:

“(…) En cualquier caso para la legitimidad del ejercicio de esta potestad exhorbitante desde el plano del sujeto expropiante no basta con que exista una causa expropiandi que fije la necesidad pública que con este instituto pretende satisfacerse, como tampoco es suficiente que la Administración que ejerce la potestad expropiatoria la tenga atribuida legalmente, como es el caso de la Administración autonómica. Es preciso, además, que la expropiación sea instrumento necesario para la consecución de aquellos concretos fines públicos que la Administración expropiante tiene encomendados, de manera que podamos considerarlos propios de su giro o tráfico, por estar recogidos dentro del ámbito de sus competencias. Lo expresa con precisión el art. 3.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa al señalar que el Estado, la Provincia y el Municipio, dentro de sus respectivas competencias, son los únicos titulares de la potestad de expropiar.

Quiere ello decir, en definitiva, que estando la expropiación forzosa, como potestad administrativa, ordenada a un fin de utilidad pública o interés social previamente delimitado mediante la “auctoritatis interpositio” de la Ley, solo puede ser ejercitada por aquella Administración que, entre todas las posibles, la Ley ha decidido que se encargue de su concreta satisfacción, pues solo de esta manera se respeta el ejercicio lícito ( agere licere) de este enorme poder administrativo en que la expropiación consiste.

(...)

La falta de competencia del órgano expropiante -(...)- para llevar a cabo el establecimiento y construcción del "Complejo Ambiental de Residuos de Mazo" en la isla de La Palma -fin público que justifica la utilización del instituto expropiatorio- necesariamente acarrea la nulidad de la expropiación.  

 

 

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