Expulsión y multa en el procedimiento sancionador en materia de extranjería

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 03/10/2016

Imposición de las infracciones de expulsión y multa

NORMAS PROCEDIMENTALES PARA LA IMPOSICIÓN DE LA EXPULSIÓN

Supuestos en que procede el procedimiento de expulsión

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el aprts. 5 y 6 Art. 57 ,Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, cuando el infractor sea extranjero y realice alguna o algunas de las conductas tipificadas como muy graves o conductas graves de las previstas en las letras a), b), c), d) y f) del apartado 1 del artículo 53 de esta Ley Orgánica, PODRÁ APLICARSE EN LUGAR DE LA SANCIÓN DE MULTA LA EXPULSIÓN DEL TERRITORIO ESPAÑOL. Asimismo, constituirá causa de expulsión la condena, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados (Art. 242 ,Real Decreto 557/2011, de 20 de abril).

2. En caso de concurrencia de la infracción prevista en el aprts.1.a) y b) Art. 53 ,LOEX, cuando el infractor sea titular de un permiso de residencia válido u otra autorización que otorgue un derecho de estancia expedido por otro Estado miembro de la Unión Europea, se le advertirá mediante diligencia en el pasaporte de la obligación de dirigirse de inmediato al territorio de dicho Estado. En caso de que el extranjero no cumpla esta exigencia, o si fuera necesaria su salida inmediata por motivos de orden público o de seguridad nacional, se incoará procedimiento sancionador en base a lo previsto en este Reglamento.

Contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento de expulsión

Además del contenido mínimo que ha de incluir el acuerdo de iniciación (1) se indicarán expresamente los siguientes particulares (Art. 243 ,Real Decreto 557/2011, de 20 de abril):

  • a) El derecho del interesado a la asistencia jurídica gratuita en el caso de que carezca de recursos económicos suficientes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del derecho de asistencia jurídica gratuita.
  • b) El derecho del interesado a la asistencia de intérprete si no comprende o habla las lenguas oficiales que se utilicen.
  • c) Que el acuerdo de expulsión que pueda dictarse conllevará la prohibición de entrada en España, cuya duración se determinará en consideración a las circunstancias que concurran en cada caso y su vigencia no excederá de cinco años y que será extensiva a los territorios de los Estados con los que España haya suscrito acuerdo en ese sentido (245.2 ,Real Decreto 557/2011, de 20 de abril).

(1) El acuerdo de iniciación del procedimiento se formalizará con el contenido mínimo siguiente:
     a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.
     b) Hechos que motivan la incoación del procedimiento sucintamente expuestos, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.
      c) Instructor y, en su caso, secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de éstos.
      d) Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuye tal competencia.
      e) Indicación de la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad.
      f) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante éste (Art. 55,Art. 61 ,LOEX).
      g) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.

Medidas cautelares en el procedimiento de expulsión

1. El instructor podrá adoptar en cualquier momento mediante acuerdo motivado las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer (Art. 55,Art. 61,Art. 244 ,Real Decreto 557/2011, de 20 de abril).

2. serán objeto de decomiso los vehículos, embarcaciones, aeronaves y cuantos bienes muebles o inmuebles de cualquier naturaleza hayan servido como instrumento para la comisión de la infracción muy grave de inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito (54.1,55.5,Art. 221 ,Real Decreto 557/2011, de 20 de abril)..

IMPORTANTE: En caso de que el procedimiento tramitado fuera de carácter ordinario no podrá adoptarse la medida cautelar de internamiento.

Aun sin negar, la existencia de los perjuicios que para un extranjero pueda suponer el abandono de su residencia en España, la STSJ Castilla y Leon  31/07/2008 (R. 208/2008  - TSJ Castilla y Leon (Valladolid), Sala de lo Contencioso, nº 1901/2008, de 31/07/2008, Rec. 208/2008 -), ha aclarado que no procede la suspensión de la ejecución de todo acuerdo de expulsión, pues, de un lado "ello supondría vaciar de contenido el principio de ejecutividad de los actos administrativos" (STS 18/02/2002 (R.  8739/1999 - TS, Sala de lo Contencioso, de 18/02/2002, Rec. 8739/1999 -)) ex artículos 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (la referencia debe entenderse hecha al Art. 39 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre), y 21.2 y 65 de la LOEx, y de otro, que es necesario ponderar los intereses concurrentes en cada caso, de manera que frente al interés individual de la parte recurrente en permanecer en España debe valorarse también el interés público o general, concretado en el respeto a la normativa vigente y en que la estancia en España de extranjeros se produzca dentro de la legalidad (STS 26/11/2001 se declara que existe un interés general en poner fin a la permanencia en territorio español de extranjeros que no se encuentren en él legalmente), sin que, por lo demás, la denegación de la medida cautelar conculque necesariamente el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva pues la suspensión del acto impugnado no viene obligada por el derecho a la tutela judicial efectiva, que proclama el 24.1 ,Constitución Española, pues, como ha señalado el Tribunal Constitucional (sentencia 66/1984 -Tribunal Constitucional, nº 66/1984, de 06/06/1984, Rec. Recurso de amparo 487/1983-, entre otras), este derecho se satisface facilitando que la ejecutividad del acto administrativo pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal y que éste con la información y contradicción que resulte menester resuelva sobre ella, pero sin que este derecho imponga "en todos los casos la suspensión del acto administrativo recurrido" (STC 115/1987 - Tribunal Constitucional, nº 115/1987, de 07/07/1987, Rec. Recurso de inconstitucionalidad 880/1985 -). En este sentido se expresa también el Tribunal Supremo en el Auto de 12 de junio de 1995 , entre otros.

Contenido y efectos de la resolución del procedimiento de expulsión

1. La resolución que ponga fin al procedimiento habrá de ser motivada, con indicación de los recursos que contra ella puedan interponerse, órgano ante el que hubiera de presentarse y plazo para su presentación.  (Art. 222,Art. 245 ,Real Decreto 557/2011, de 20 de abril).

Como ha matizado, entre muchasl la STS 22/12/2005 (R. 6096/2003 - TS, Sala de lo Contencioso, nº S/S, de 22/12/2005, Rec. 6096/2003 -), la expulsión requiere una MOTIVACIÓN ESPECÍFICA, y distinta o complementaria de la pura permanencia ilegal, ya que ésta es castigada simplemente, como hemos visto, con multa. Según lo que dispone el 55.3 ,LOEX, (que alude a la graduación de las sanciones, pero que ha de entenderse que resulta aplicable también para elegir entre multa y expulsión), la Administración ha de especificar, si impone la expulsión, cuáles son las razones de proporcionalidad, de grado de subjetividad, de daño o riesgo derivado de la infracción y, en general, añadimos nosotros, cuáles son las circunstancias jurídicas o fácticas que concurren para la expulsión y prohibición de entrada, que es una sanción más grave que la de multa. Noobstante, resultaría en exceso formalista despreciar esa motivación por el hecho de que no conste en la resolución misma, siempre que conste en el expediente administrativo. En efecto:

  • A) Tratándose de supuestos en que la causa de expulsión es, pura y simplemente, la permanencia ilegal, sin otros hechos negativos, es claro que la Administración habrá de motivar de forma expresa por qué acude a la sanción de expulsión, ya que la permanencia ilegal, en principio, como veíamos, se sanciona con multa.
  • B) Pero en los supuestos en que en el expediente administrativo consten, además de la permanencia ilegal, otros datos negativos sobre la conducta del interesado o sus circunstancias, y esos datos sean de tal entidad que, unidos a la permanencia ilegal, justifiquen la expulsión, no dejará ésta de estar motivada porque no se haga mención de ellos en la propia resolución sancionadora.

2. La resolución que acuerde la expulsión llevará consigo la prohibición de entrada al territorio español. Dicha prohibición de entrada se hará extensiva a los territorios de los Estados con los que España haya suscrito acuerdo en ese sentido.

La duración de la prohibición se determinará en consideración a las circunstancias que concurran en cada caso y su vigencia no excederá de cinco años.

Excepcionalmente, cuando el extranjero suponga una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública, podrá imponerse un periodo de prohibición de entrada de hasta diez años, previo informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano competente no impondrá prohibición de entrada en caso de que el extranjero abandone el territorio nacional durante la tramitación del expediente o revocará la prohibición de entrada impuesta si el extranjero lo abandona en el plazo de cumplimiento voluntario previsto en la orden de expulsión.

La salida del territorio deberá ser oportunamente comunicada al órgano competente para la no imposición o revocación de la prohibición de entrada, siempre que el expediente sancionador haya sido tramitado por alguno de los siguientes supuestos (letras a) y b), 53.1 ,LOEX): (2)

  • a) Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente.
  • b) Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida.

La autoridad fronteriza o consular a la que se haya comunicado la salida de territorio español de acuerdo con lo establecido en este apartado dará traslado, a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, de dicha información al órgano que haya impuesto la sanción de expulsión o que sea competente para su imposición, a los efectos, respectivamente, de la revocación o no imposición de la prohibición de entrada.

STSJ Andalucía 27-1-2006 (R. 292/2005), afirma que la expulsión es medida proporcionada cuando, si bien la entrada se hace legalmente, la permanencia en nuestro territorio deviene absolutamente irregular al no haber instado el pronunciamiento oportuno de la Administración en orden a su situación y permanece en la ilegalidad sin proyecto alguno de vida en el territorio. En consonancia con la posición jurisprudencial que acabamos de analizar (seguida también, entre otras por la STSJ Andalucía (Sevilla) de 7/06/2005 (R. 144/2005), STSJ Valencia 13-6-2002 (R. 51/2002), o la STSJ Castilla-La Mancha de 7-10-2002 (R. 141/2002), la sanción de expulsión es la que mejor se adapta en principio a supuestos como el de autos de situación irregular, constituyéndose en la sanción principal, de suerte que sólo cuando concurran razones excepcionales, en las que la imposición de la multa posibilite también el cumplimiento de la función y finalidad prevenida, podrá optarse por la imposición de multa. Entre esas circunstancias especiales se encuentra el arraigo personal, familiar, laboral o económico (STSJ Cataluña de 4-2-2005, (R. 133/2004), entendiéndose el arraigo familiar como la existencia de vínculos con familiares extranjeros residentes legales o españoles (STSJ Cataluña 30-12-2004 (R. 1144/2002).

3. La resolución conllevará, en todo caso, la extinción de cualquier autorización para permanecer en España de la que fuese titular el extranjero expulsado, así como el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España.

4. Si la resolución se adoptase por infracción muy grave de inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito, y se hubiese procedido a la aprehensión de bienes, efectos o instrumentos que hubiesen sido utilizados para la comisión de la citada infracción, aquélla conllevará el decomiso de dichos bienes o efectos salvo cuando haya quedado acreditado que los bienes pertenecen a un tercero de buena fe no responsable de la infracción que los haya adquirido legalmente.

Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por resolución administrativa o judicial firme se adjudicarán al Estado en los términos fijados por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

5. Si la resolución se adoptase por consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal por parte del titular de una vivienda habilitado para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero. Se incurrirá en una infracción por cada persona indebidamente inscrita, y sin perjuicio de la expulsión acordada, podrá contener pronunciamiento por el que se adopte la clausura del establecimiento o local desde seis meses a cinco años.

(2) Se entenderá que la salida ha sido debidamente comunicada:
    a) Mediante cumplimentación en los servicios policiales responsables del control fronterizo del impreso previsto para dejar constancia de la salida del extranjero de territorio español.
    b) Mediante personación en la misión diplomática u oficina consular española en el país de origen o de residencia en la que conste documentación acreditativa de que la salida de territorio español se produjo antes de la resolución del procedimiento sancionador o durante el plazo dado para el cumplimiento voluntario de la sanción impuesta.

Ejecución de la resolución en el procedimiento de expulsión

1. Las resoluciones de expulsión del territorio nacional que se dicten en procedimientos de tramitación preferente se ejecutarán de forma inmediata de acuerdo con las normas específicasen el comentario Procedimiento preferente sancionador en materia de extranjería

2. Las resoluciones de expulsión del territorio nacional que se dicten en procedimientos de tramitación ordinaria contendrán el plazo de cumplimiento voluntario para que el extranjero abandone el territorio nacional ((Art. 246 ,Real Decreto 557/2011, de 20 de abril):).

La duración de dicho plazo oscilará entre siete y treinta días y comenzará a transcurrir desde el momento de la notificación de la citada resolución. La imposición de un plazo inferior a quince días tendrá carácter excepcional y habrá de estar debidamente motivada en el escrito por el que se comunique su duración.

Con carácter previo a su finalización, el plazo de cumplimiento voluntario de la orden de expulsión podrá prorrogarse en atención a las circunstancias que concurran en cada caso concreto, tales como la duración de la estancia, tener a cargo menores escolarizados o la existencia de otros vínculos familiares y sociales.

En el caso de que el extranjero tenga a cargo menores escolarizados, no procederá la ejecución de la sanción de expulsión hasta la finalización del curso académico salvo que el otro progenitor sea residente en España y pueda hacerse cargo de ellos.

3. Transcurrido dicho plazo sin que el extranjero haya abandonado el territorio nacional, los funcionarios policiales competentes en materia de extranjería procederán a su detención y conducción hasta el puesto de salida por el que haya de hacerse efectiva la expulsión.

Si la expulsión no se pudiera ejecutar en el plazo de setenta y dos horas desde el momento de la detención, el instructor o el responsable de la unidad de extranjería del Cuerpo Nacional de Policía ante la que se presente el detenido podrá solicitar de la autoridad judicial el ingreso del extranjero en los centros de internamiento establecidos al efecto

El periodo de internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para ejecutar la expulsión, que no podrá prolongarse en ningún caso más allá de sesenta días, o hasta que se constate la imposibilidad de ejecutarla en dicho plazo. No podrá acordarse un nuevo internamiento sobre la base del mismo expediente de expulsión.

4. La salida del territorio nacional podrá acreditarse mediante certificado emitido por funcionario del puesto fronterizo, en el que conste la identidad del extranjero, su número de pasaporte, datos del medio de transporte y fecha en que abandonó el territorio nacional.

5. Si el extranjero formulase petición de protección internacional, se suspenderá la ejecución de la resolución de expulsión hasta que se haya inadmitido a trámite o resuelto, de conformidad con lo establecido en la normativa de protección internacional.

Igualmente, se suspenderá la ejecución de la expulsión en los casos de mujeres embarazadas cuando suponga un riesgo para la gestación o para la vida o la integridad física de la madre o cuando se trate de personas enfermas y la medida pueda suponer un riesgo para su salud.

Coste de la expulsión del extranjero

La ejecución de la resolución de expulsión se efectuará a costa del extranjero si éste dispusiera de medios económicos. En caso contrario, se comunicará dicha circunstancia al representante diplomático o consular de su país, a los efectos oportunos.

Expulsión de extranjero contratado en situación irregular

Con carácter preferente, la ejecución de la resolución de expulsión se efectuará a costa del empleador que:

  1. No haya dado de alta, en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, al trabajador extranjero cuya autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena hubiera solicitado, o no registrar el contrato de trabajo en las condiciones que sirvieron de base a la solicitud, cuando el empresario tenga constancia de que el trabajador se halla legalmente en España habilitado para el comienzo de la relación laboral. No obstante, estará exento de esta responsabilidad el empresario que comunique a las autoridades competentes la concurrencia de razones sobrevenidas que puedan poner en riesgo objetivo la viabilidad de la empresa o que, conforme a la legislación, impidan el inicio de dicha relación (infracción grave prevista en el aprt. a) 53.2 ,LOEX)
  2. La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de residencia y trabajo, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados, siempre que el hecho no constituya delito (infracción muy grave prevista en el aprt. d) 54.1 ,LOEX)

Todo ello sin perjuicio y de forma compatible con la sanción económica que corresponda de conformidad con el procedimiento establecido para la imposición de sanciones por infracciones del orden social.

Periodo de cumplimiento voluntario de la sanción y éste hubiera sido inatendido por el extranjero

Salvo en supuestos en que se hubiera impuesto un periodo de cumplimiento voluntario de la sanción y éste hubiera sido inatendido por el extranjero, en caso de que éste dispusiera de medios económicos y asumiera el coste de la repatriación de manera voluntaria, el Delegado o Subdelegado del Gobierno que hubiera dictado dicha resolución podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, su sustitución por la salida obligatoria si se cumplen las siguientes condiciones:

  • a) Que la infracción que haya motivado la resolución de expulsión sea la contenida en el aprt. a) y b) 53.1 ,LOEX;
  •  b) Que existan garantías suficientes o pueda comprobarse la realización de la oportuna salida obligatoria prevista en el aprt. c)  28.3 ,LOEX; y
  •  c) Que el extranjero esté por su nacionalidad sometido a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores en aplicación de un acuerdo de régimen común de visados, de carácter internacional, en el que España sea parte.

Extranjeros procesados o imputados en procedimientos por delitos o faltas

Cuando el extranjero se encuentre procesado o imputado en un procedimiento judicial por delito o falta para el que la ley prevea una pena privativa de libertad inferior a seis años o una pena de distinta naturaleza y conste este hecho acreditado en el expediente administrativo de expulsión, la autoridad gubernativa someterá al juez que, previa audiencia del Ministerio Fiscal y oído el interesado y las partes personadas, autorice en el plazo más breve posible y en todo caso no superior a tres días su expulsión, salvo que de forma motivada aprecie la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su denegación (Art. 247 ,Real Decreto 557/2011, de 20 de abril). (3)

En el caso de que el extranjero se encuentre sujeto a varios procesos penales tramitados en diversos juzgados y consten estos hechos acreditados en el expediente administrativo de expulsión, la autoridad gubernativa instará de todos ellos la autorización a que se refiere el párrafo anterior.

A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerará que consta acreditado en el expediente administrativo de expulsión la existencia de procesos penales en contra del expedientado, cuando sea el propio interesado quien lo haya acreditado documentalmente en cualquier momento de la tramitación, o cuando haya existido comunicación de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal al órgano competente para la instrucción o resolución del procedimiento sancionador, en cualquier forma o a través de cualquier tipo de requisitoria.

(3) De conformidad con lo dispuesto en el 57.7 ,LOEX

Comunicaciones en el procedimiento de expulsión

La resolución de expulsión será comunicada a la embajada o consulado del país del extranjero y a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, así como anotada en el Registro Central de Extranjeros. Esta comunicación se dirigirá al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación cuando no se haya podido notificar al consulado del país del extranjero o éste no radique en España (Art. 248 ,Real Decreto 557/2011, de 20 de abril).

NORMAS PROCEDIMENTALES PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS

Graduación de la sanción

Como ha especificado la  STSJ Andalucía 26/02/2007 (R. 407/2006 - TSJ Andalucia (Málaga), Sala de lo Contencioso, nº 396/2007, de 26/02/2007, Rec. 407/2006 -), la multa constituye una sanción alternativa menos restrictiva de derechos, pero también menos eficaz para la consecución de la finalidad de restablecimiento del orden jurídico perturbado perseguida por el Legislador.

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, establece una norma especial para la graduación de las sanciones en materia de régimen de extranjería. A su tenor, el órgano competente en la imposición de la sanción debe ajustarse a criterios de proporcionalidad, valorando el grado de culpabilidad y, en su caso, el daño producido o el riesgo derivado de la infracción y su trascendencia.

La Administración puede legítimamente imponer una sanción, dentro de las opciones prevenidas legalmente, ya que es precisamente la que restablece el orden jurídico perturbado. Incumbiendo a la parte que impugne la sanción, acreditar la concurrencia de circunstancias especiales que concurran en su caso concreto  que puedan determinar la proporcionalidad de la misma o no.

La STSJ País Vasco 17/05/2002 ha afirmado que "No se aprecia vulneración del principio de proporcionalidad en la determinación de la sanción, de conformidad con los criterios establecidos para la graduación de las sanciones en el 55.3 ,Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero".

Y sin ánimo exhaustivo, la STSJ Andalucía de 20/12/2005 (R. 84/2005), afirma que "es al legislador al que corresponde configurar la proporción entre las conductas que pretende evitar y las sanciones con las que intente conseguirlo, optando por la alternativa que considere más adecuada, en función de numerosos factores y circunstancias, mientras no resulten arbitrarias o desmesuradas en atención a los fines perseguidos o los bienes que trata de proteger. Y si en el caso que nos ocupa, existe una finalidad de evitar situaciones irregulares dentro de los países de la Unión Europea, nos resulta adecuada y legitima la previsión de sanciones como la expulsión.

Lo procedente es analizar, por tanto, continúa la Sala, si en cada caso concreto la aplicación de esta sanción es proporcionada; y dado los fines perseguidos pro la norma, brevemente apuntados, y los bienes a proteger, es errónea la pretendida jerarquización, en el sentido de multa-sanción más leve, expulsión-sanción más grave; puesto que la peculiaridad de la regulación que nos ocupa no permite esta distinción. "La expulsión de nos muestra como una opción sancionadora legítima en estos supuestos específicos en los que el extranjero se encuentra en situación irregular y, desde luego, las más eficaz y efectiva para restablecer el orden que se pretende proteger" y que en gran medida constituye el núcleo fundamental de la regulación jurídica que se hace sobre la materia. De otro modo, no encontraríamos con la paradoja que quien se encuentra en situación irregular, quien no puede permanecer en España por carecer de autorización o título adecuado, va a lograr por medio de la realidad fáctica contraria al orden jurídico, la permanencia irregular en España por tiempo indefinido, logrando a través de la comisión de la infracción, lo que jurídicamente le está vedado y sólo por el pago de una multa, lo que evidentemente resulta contradictorio con la regulación legal que nos ocupa" Por tanto, finaliza la Sala, la conclusión a la que debemos llegar es que con carácter general "la sanción de expulsión no sólo es adecuada, sino que además es la que mejor se adapta al caso concreto (situación irregular) en función de la finalidad y bienes que trata de proteger la norma; se constituye en la sanción principal", de ahí que el Reglamento le otorgue preferencia, sin que, por las razones apuntadas pueda tacharse al reglamento por ello de contravenir el principio de jerarquía normativa, puesto que es precisamente de la regulación legal de la que se deriva esta preferencia.

Por lo tanto, "sólo cuando concurran razones excepcionales, de suerte que la imposición de la multa posibilite también el cumplimiento de la función y finalidad prevenida, podrá optarse por la imposición de multa; en cuyo caso es a la parte actora a la que incumbe acreditar la concurrencia de circunstancias especiales que justifiquen que mediante la imposición de la multa se cumple dicha finalidad y que en ese caso concreto la imposición de la expulsión resulta desproporcionada".

Las normas procedimentales recogidas en esta sección serán de aplicación cuando el infractor, cualquiera que sea su nacionalidad, realice alguna de las siguientes conductas tipificadas como graves o muy graves (Art. 53-54 ,LOEX):

Son infracciones graves:

  1. Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente.
  2. Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida.
  3. Incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la obligación de poner en conocimiento de las autoridades competentes los cambios que afecten a nacionalidad, estado civil o domicilio, así como incurrir en falsedad en la declaración de los datos obligatorios para cumplimentar el alta en el padrón municipal, siempre que tales hechos no constituyan delito. Cuando cualquier autoridad tuviera conocimiento de una posible infracción por esta causa, lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes con el fin de que pueda instruirse el oportuno expediente sancionador.
  4. El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente.
  5. La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves de la misma naturaleza.
  6. La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
  7. Las salidas del territorio español por puestos no habilitados, sin exhibir la documentación prevista o contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas.
  8. Incumplir la obligación de obtener la tarjeta de identidad de extranjero
  9. No dar de alta, en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, al trabajador extranjero cuya autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena hubiera solicitado, o no registrar el contrato de trabajo en las condiciones que sirvieron de base a la solicitud, cuando el empresario tenga constancia de que el trabajador se halla legalmente en España habilitado para el comienzo de la relación laboral. No obstante, estará exento de esta responsabilidad el empresario que comunique a las autoridades competentes la concurrencia de razones sobrevenidas que puedan poner en riesgo objetivo la viabilidad de la empresa o que, conforme a la legislación, impidan el inicio de dicha relación.
  10. Contraer matrimonio, simular relación afectiva análoga o constituirse en representante legal de un menor, cuando dichas conductas se realicen con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que tales hechos no constituyan delito.
  11. Promover la permanencia irregular en España de un extranjero, cuando su entrada legal haya contado con una invitación expresa del infractor y continúe a su cargo una vez transcurrido el período de tiempo permitido por su visado o autorización. Para graduar la sanción se tendrán en cuenta las circunstancias personales y familiares concurrentes.
  12. Consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal por parte del titular de una vivienda habilitado para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero. Se incurrirá en una infracción por cada persona indebidamente inscrita.

Son infracciones graves:

  1.  Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países
  2. Estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
  3. Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito.
  4. La realización de conductas de discriminación por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos, en los términos previstos en el Art. 23 ,LOEX, siempre que el hecho no constituya delito.
  5. La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de residencia y trabajo, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados, siempre que el hecho no constituya delito.
  6. Realizar, con ánimo de lucro,  la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal por parte del titular de una vivienda habilitado para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero. Se incurrirá en una infracción por cada persona indebidamente inscrita.
  7. Simular la relación laboral con un extranjero, cuando dicha conducta se realice con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente derechos reconocidos en esta Ley, siempre que tales hechos no constituyan delito.
  8. La comisión de una tercera infracción grave siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas graves de la misma naturaleza.

Obligaciones de los transportistas

  1. El incumplimiento de las obligaciones previstas para los transportistas (aprtds 1 y 2, 66 ,LOEX).
  2. El transporte de extranjeros por vía aérea, marítima o terrestre, hasta el territorio español, por los sujetos responsables del transporte, sin que hubieran comprobado la validez y vigencia, tanto de los pasaportes, títulos de viaje o documentos de identidad pertinentes, como, en su caso, del correspondiente visado, de los que habrán de ser titulares los citados extranjeros.
  3.  El incumplimiento de la obligación que tienen los transportistas de hacerse cargo sin pérdida de tiempo del extranjero o transportado que, por deficiencias en la documentación antes citada, no haya sido autorizado a entrar en España, así como del extranjero transportado en tránsito que no haya sido trasladado a su país de destino o que hubiera sido devuelto por las autoridades de éste, al no autorizarle la entrada.

En el supuesto de comisión de conductas tipificadas como leves se aplicará lo dispuesto para el procedimiento simplificado (Procedimiento sancionador simplificado en materia de extranjería).

Para la determinación de la cuantía de la sanción se tendrá especialmente en cuenta la capacidad económica del infractor.

Contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento para la imposición de multas

El contenido mínimo del acuerdo de iniciación del procedimiento para la imposición de sanción de multa será conforme a lo dispuesto para la iniciación del procedimiento ordinario - Procedimiento sancionador en materia de extranjería - (Art. 227,Art. 250 ,Real Decreto 557/2011, de 20 de abril), con las siguientes excepciones:

Medidas cautelares en el procedimiento para la imposición de multas

1. En iguales términos que los establecidos en el Art. 221 ,Real Decreto 557/2011, de 20 de abril se podrá proceder a la aprehensión de los bienes, efectos o instrumentos que hayan sido utilizados para la comisión de la infracción prevista en el artículo 54.1.b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (Art. 251 ,Real Decreto 557/2011, de 20 de abril).

2. Cuando se siga expediente sancionador por alguna de las infracciones previstas en el aprts. b) y c) 54.2 ,Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y los transportistas infrinjan la obligación de tomar a cargo al extranjero transportado ilegalmente, la autoridad gubernativa podrá acordar alguna de las siguientes medidas:

  •     a) Suspensión temporal de sus actividades, que no podrá exceder de un periodo de seis meses.
  •     b) Prestación de fianza o avales, en atención al número de afectados y el perjuicio ocasionado.
  •     c) Inmovilización del medio de transporte utilizado hasta el cumplimiento de la referida obligación.

Resolución del procedimiento para la imposición de multas. Efectos y ejecutividad

1. La resolución que ponga fin al procedimiento habrá de ser motivada, con indicación de los recursos que contra ella puedan interponerse, el órgano ante el que hubiera de presentarse y el plazo para su presentación (Art. 222,Art. 252 ,Real Decreto 557/2011, de 20 de abril).

2. Si la resolución se adoptase en aplicación de la infracción prevista en el aprt. b) 54.1 ,Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y se hubiese procedido a la aprehensión de bienes, efectos o instrumentos que hubiesen sido utilizados para la comisión de la citada infracción, aquélla conllevará el decomiso de dichos bienes o efectos salvo cuando haya quedado acreditado que los bienes pertenecen a un tercero de buena fe no responsable de la infracción que los haya adquirido legalmente.

Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por resolución se adjudicarán al Estado en los términos fijados por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

3. Si la resolución se adoptase en aplicación de la infracción prevista en el aprt. d) 54.1 ,Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y sin perjuicio de la sanción de multa acordada, podrá contener pronunciamiento por el que se adopte la clausura del establecimiento o local desde seis meses a cinco años.

4. Las resoluciones administrativas de imposición de sanción de multa dictadas en aplicación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, serán inmediatamente ejecutivas una vez que hayan adquirido firmeza en vía administrativa, salvo que el órgano competente acuerde su suspensión.

5. Las multas deberán hacerse efectivas a los órganos de recaudación de la Administración gestora, directamente o a través de entidades de depósitos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su firmeza en vía administrativa.

Vencido el plazo de ingreso establecido en el párrafo anterior sin que se hubiese satisfecho la multa, la exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio. A tal efecto será título ejecutivo la certificación de descubierto expedida por el órgano competente de la Administración gestora.

Los órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos en el Reglamento General de Recaudación y demás normas de aplicación.

Los actos de gestión recaudatoria en vía de apremio dictados por los órganos de la Administración General del Estado respecto de las multas impuestas en aplicación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, serán impugnables en la vía económico-administrativa

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Procedimiento de expulsión
Responsabilidad
Autorización y permiso de residencia
Resolución de expulsión
Procedimiento sancionador
Expulsión del territorio español
Comisiones
Internamiento
Estancia
Decomiso
Ánimo de lucro
Asistencia jurídica gratuita
Plazo de ejecución voluntaria
Trabajador extranjero
Derecho a la tutela judicial efectiva
Ejecutividad de los actos administrativos
Inmigración clandestina
Pasaporte
Residencia
Imposición de multa
Salida de territorio español
Procedimiento sancionador extranjería
Orden de expulsión
Expediente de expulsión del país
Antecedentes penales
Estado miembro de la Unión Europea
Medios económicos suficientes
Derecho de estancia
Recusación
Identificación personal
Expediente sancionador
Prohibición de entrada en España
Bienes muebles
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Suspensión de la ejecución
Autorización de trabajo
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