Extinción de la responsab...ributarias
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Última revisión
01/07/2024

Extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias

Tiempo de lectura: 8 min

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Orden: fiscal

Fecha última revisión: 01/07/2024


La responsabilidad por infracciones tributarias se extingue por fallecimiento del infractor o tras 4 años desde la infracción, salvo interrupciones.

¿Cuándo se extingue la responsabilidad derivada de infracciones tributarias?

Fallecimiento del sujeto infractor

El artículo 189.1 de la LGT establece que la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias se extinguirá por el fallecimiento del sujeto infractor, frente a ello, el artículo 190.1 de la LGT dispone que la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias se extinguirá «(...) por el fallecimiento del sujeto infractor y por el transcurso del plazo de prescripción para imponer las correspondientes sanciones».

Si bien, el artículo 189 de la LGT se refiere a la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias y al sujeto infractor, mientras que por su parte el artículo 190 del mismo texto legal se refiere a las sanciones tributarias y obligados a satisfacer las mismas, por tanto, los efectos del fallecimiento no son los mismos dependiendo de si se ha dictado o no el acuerdo sancionador.

Por tanto, para que la responsabilidad se extinga, la Administración tiene que dictar y notificar el acuerdo de imposición de la sanción antes del fallecimiento del infractor, ya que lo dispuesto en el artículo 189.1 de la LGT afecta al ejercicio de la potestad sancionadora reconocida por las leyes de la Administración.

Por su parte, será de aplicación el artículo 190.1 de la LGT a los supuestos en los que el acuerdo sancionador ya ha sido dictado y notificado, de tal forma que su ámbito de aplicación se refiere a sanciones que ya han sido impuestas y notificadas, pero que aún no son firmes.

A este respecto es altamente ilustrativa la sentencia del Tribunal Supremo n.º 658/2020, de 3 de junio, ECLI:ES:TS:2020:1426: 

«La aplicación de este último precepto conduce a que, producido el fallecimiento de la Sra. Susana después del acuerdo de imposición de sanción, pero antes de su firmeza, debe constatarse la extinción de la sanción sin entrar a examinar la legalidad de un acto, el acuerdo sancionador, que resulta inexistente por mandato de la ley.

La interpretación expuesta resulta conforme con el principio de personalidad de la pena aplicable al ámbito sancionador como ha declarado el Tribunal Constitucional en su auto núm. 237/2012, de 11 de diciembre, entre otros, en el que señala:

"Sobre esta reflexión interesa subrayar que la responsabilidad subjetiva comporta como corolario la consagración del principio de personalidad de las penas o sanciones y en este sentido hemos afirmado que 'entre los principios informadores del orden penal se encuentra el principio de personalidad de la pena, protegido por el art. 25.1 de la norma fundamental (STC 254/1988 , FJ 5), también formulado por este Tribunal como principio de la personalidad de la pena o sanción (STC 219/1988 , FJ 3), denominación suficientemente reveladora de su aplicabilidad en el ámbito del Derecho administrativo sancionador'"(STC 146/1994, de 12 de mayo, FJ 4).

También la STC 60/2010, de 7 de octubre, FJ 4, sobre la aplicación del principio de personalidad de las penas (o sanciones) ha declarado: "El principio de personalidad de las penas, que forma parte del de legalidad penal y se encuentra, por tanto, comprendido en el derecho reconocido en el artículo 25.1 CE ", pues "implica que sólo se puede responder penalmente por los actos propios y no por los ajenos" (STC 125/2001, de 4 de junio, FJ 6)".

Conforme al principio de la personalidad de la sanción, las consecuencias de la infracción y, singularmente, la sanción no puede ser exigida más que a la persona que con su comportamiento han causado la lesión constitutiva de la infracción, de tal forma que, fallecida esta, se extingue la sanción por desaparecer el presupuesto subjetivo habilitante para su exigibilidad.

En último término, y a los fines ahora examinados, resulta relevante recordar los pronunciamientos de esta Sala en su sentencia de 9 de marzo de 2017, recaída en el recurso de casación 834/2016, en la que, examinando la posibilidad de exigir intereses suspensivos de una sanción a los herederos, declara:

"No cuestionándose que sólo el infractor es el que tiene que pagar la sanción, dado que se trata de una medida represiva a la que tiene que hacer frente como compensación de la comisión de una infracción, lo que nos lleva a la extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones y de las sanciones tributarias por el fallecimiento del sujeto infractor (artículos 189 y 190), el problema a resolver es si este principio se extiende también a los intereses generados por la solicitud de suspensión, lo que ha de merecer una respuesta positiva en la línea que mantiene la sentencia recurrida, en cuanto traen causa de la propia sanción impuesta, lo que impide la posibilidad de la transmisión al heredero, aunque el art. 39.1 de la Ley 58/2003 no contempla la situación y se refiera solo a la sanción, sin que tampoco el art. 26. 2, c) de la ley 58/2003 nos pueda llevar a otra conclusión, en cuanto tiene en cuenta al sancionado, que no satisface el importe de la sanción, una vez vencido el plazo para su ingreso, debiendo estarse a las reglas específicas en el supuesto que hubiera sido objeto de recurso o reclamación, reglas que sólo pueden afectar al sancionado, no a sus herederos, toda vez que las consecuencias de una petición de suspensión, por el pago tardío, no pueden separarse de la propia sanción, y van asociados a la responsabilidad.

Otra interpretación nos llevaría a desconocer el principio de la personalidad de la pena, protegido por el art. 25.1 de la Constitución, que es de aplicación al Derecho Administrativo sancionador.

En definitiva, el carácter compensatorio del perjuicio económico causado a la Administración Tributaria como consecuencia de la suspensión de la sanción tiene sentido cuando quien paga los intereses de demora es el sujeto infractor, pero no si la persona que debe abonarlos es un tercero, en cuanto resulta totalmente ajeno a las causas del retraso"».

Prescripción

El plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias es de 4 años de acuerdo con el artículo 189.2 de la LGT.

CUESTIÓN

¿Cuál es el dies a quo a partir del cual habrá de contar el plazo de prescripción de 4 años?

El plazo comenzará a contarse desde el momento en que se cometieron las correspondientes infracciones (art. 189.2 de la LGT)

¿Hay alguna manera en la que se pueda interrumpir el plazo de prescripción?

Sí, la prescripción para imponer sanciones tributarias se interrumpirá:

  • Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del interesado, conducente a la imposición de la sanción tributaria.

Las acciones administrativas conducentes a la regularización de la situación tributaria del obligado interrumpirán el plazo de prescripción para imponer las sanciones tributarias que puedan derivarse de dicha regularización.

  • Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal, así como por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de dichos procedimientos.

A TENER EN CUENTA. La prescripción se aplicará de oficio por la Administración tributaria, sin necesidad de que la invoque el interesado.

CUESTIONES

1. ¿Las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones en relación con la imposición de sanciones interrumpen el plazo de prescripción?

No, y así lo ha declarado en varias ocasiones el TEAC en los siguientes términos: «(…) podemos concluir que si bien cualquier acción administrativa conducente a la regularización de un tributo y ejercicio (así como los avatares de los recursos que puedan interponerse frente a la liquidación derivada de la misma) interrumpe la prescripción respecto de la acción liquidatoria de dicho tributo y ejercicio, no ocurre así con la prescripción de la acción sancionadora, la cual, si bien puede verse interrumpida por las acciones administrativas tendentes a la regularización del tributo y ejercicio de que se trate, únicamente se verá interrumpida por aquéllas de las que derive la sanción cuya prescripción se está analizando». (Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central n.º 1948/2011, de 5 de noviembre de 2013).

2. E ¿interrumpe la prescripción la actuación administrativa que se destina a regularizar la situación del obligado tributario con su conocimiento formal?

Sí,  y a modo de ejemplo cabe citar la la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central n.º 1948/2011, de 5 de noviembre de 2013, que reza como sigue: «(...)como puede apreciarse, del examen conjunto de los citados preceptos se infiere que, conforme a la normativa vigente en el momento de autos, cualquier actuación administrativa que tenga por objeto la comprobación, aunque sea parcial, de una obligación tributaria (en este caso, el hecho imponible del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1993) interrumpe la prescripción respecto de todos los elementos de la obligación tributaria [por emplear la expresión que aparece ahora en el art. 68.1.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre], y no únicamente en relación con aquellos que han sido objeto de investigación y, por ende, plasmados en el acta previa».

En el mismo sentido la sentencia del Tribunal Supremo, rec. 18/2001, de 23 de mayo de 2006, ECLI:ES:TS:2006:5080, «No cabe olvidar, por otro lado, que la Administración, además de las liquidaciones provisionales, efectuó un requerimiento al presentador de la documentación, con fecha 16 de Mayo de 1990, para que completase la documentación aportada, y que dicha actuación, según el art. 66.1a) de la Ley General Tributaria, también interrumpió el plazo de la prescripción, al ir dirigida a la comprobación y liquidación del Impuesto, no habiendo transcurrido desde esa fecha hasta la de la notificación del acto de comprobación el plazo (...)».

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