Fase común del concurso de acreedores

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 01/02/2016

La fase común comienza con el auto de declaración del concurso y finaliza con la apertura de la fase de convenio o con la aprobación de un convenio tramitado como propuesta anticipada.

 

La fase común engloba los siguientes trámites:

  • Admisión del concurso
  • Definición de la situación del concursado en cuanto a la intervención o suspensión de las facultades de administración.
  • Nombramiento y emisión de informes de la administración concursal.
  • Determinación de las masas activa y pasiva.
  • Clasificación de los creditos.
  • Confección de la lista de acreedores.

Dentro de la fase común es posible la negociación y aprobación de un convenio, por el trámite de la propuesta anticipada que, de aprobarse, pondrá fin al procedimiento sin más trámites, quedando solamente pendiente del cumplimiento definitivo del mismo.

LA MASA ACTIVA

Constituirán la masa activa los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración de concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión del procedimiento, excepto aquellos bienes y derechos que, aun teniendo carácter patrimonial, sean legalmente inembargables.

Dispone además el 76.3 ,Ley Concursal que “los titulares de créditos con privilegios sobre los buques y las aeronaves podrán separar estos bienes de la masa activa del concurso mediante el ejercicio, por el procedimiento correspondiente, de las acciones que tengan reconocidas en su legislación específica. Si de la ejecución resultara remanente a favor del concursado, se integrará en la masa activa”.

En caso de concurso de persona casada, la masa activa comprenderá los bienes y derechos propios o privativos del concursado.

Si el régimen económico del matrimonio fuese el de sociedad de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, se incluirán en la masa, además, los bienes gananciales o comunes cuando deban responder de obligaciones del concursado.

En este caso, el cónyuge del concursado podrá pedir la disolución de la sociedad o comunidad conyugal y el juez acordará la liquidación o división del patrimonio que se llevará a cabo de forma coordinada con lo que resulte del convenio o de la liquidación del concurso (Art. 77 ,Ley Concursal).

Corresponde a la administración concursal determinar qué bienes y derechos integran la masa activa, lo que deberá reflejarse en el inventario que se adjunta al informe emitido por la administración. El inventario deberá contener:

  • Una relación de los bienes y derechos realizables de los que el concursado sea titular
  • El avalúo de cada uno de los bienes y derechos incluidos en la relación, atendiendo a su valor de mercado.
  • Una relación de los litigios pendientes cuyo resultado pueda afectar al contenido de la masa activa y otra comprensiva de cuantas acciones debieran promoverse, para la reintegración de la masa activa.

Los bienes de propiedad ajena en poder del concursado y sobre los que este tenga derecho de uso, no serán incluidos en el inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo del arrendatario financiero concursado (Art. 82 ,Ley Concursal).

Según el 83.1 ,Ley Concursal, si la administración concursal considera necesario el asesoramiento de expertos independientes para la estimación de los valores de bienes y derechos o de la viabilidad de las acciones a que se refiere el Art. 82 ,Ley Concursal, propondrá al Juez su nombramiento y los términos del encargo. Contra la decisión del Juez no cabrá recurso alguno 

LA MASA PASIVA

Tal y como dispone el Art. 84 ,Ley Concursal, “constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa”.

Los créditos de estos acreedores reciben la denominación de “créditos concursales”, y están sujetos a las vicisitudes del concurso, debiendo ser satisfechos de conformidad con las reglas del mismo.

Existen por el contrario otros créditos a los que la Ley atribuye el carácter de “créditos contra la masa”, que se caracterizan, frente a los concursales, porque su pago ha de hacerse a sus vencimientos y por su total importe, con fondos procedentes de la masa activa. Estos créditos contra la masa no forman parte de la masa pasiva.

A este respecto, el Art. 84 ,Ley Concursal hace una clasificacion de estos créditos, estableciendo que tienen la consideración de creditos contra la masa los siguientes:

"1.º Los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional.

2.º Los de costas y gastos judiciales necesarios para la solicitud y la declaración de concurso, la adopción de medidas cautelares, la publicación de las resoluciones judiciales previstas en esta ley, y la asistencia y representación del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del procedimiento y sus incidentes, cuando su intervención sea legalmente obligatoria o se realice en interés de la masa, hasta la eficacia del convenio o, en otro caso, hasta la conclusión del concurso, con excepción de los ocasionados por los recursos que interpongan contra resoluciones del juez cuando fueren total o parcialmente desestimados con expresa condena en costas.

3º. Los de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la administración concursal o de acreedores legitimados en los juicios que, en interés de la masa, continúen o inicien conforme a lo dispuesto en esta Ley, salvo lo previsto para los casos de desistimiento, allanamiento, transacción y defensa separada del deudor y, en su caso, hasta los límites cuantitativos en ella establecidos.

4.º Los de alimentos del deudor y de las personas respecto de las cuales tuviera el deber legal de prestarlos, conforme a lo dispuesto en esta ley sobre su procedencia y cuantía así como, en toda la extensión que se fije en la correspondiente resolución judicial posterior a la declaración del concurso, los de los alimentos a cargo del concursado acordados por el juez de primera instancia en alguno de los procesos a que se refiere el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tendrán también esta consideración los créditos de este tipo devengados con posterioridad a la declaración del concurso cuando tengan su origen en una resolución judicial dictada con anterioridad.

5.º Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones de despido o extinción de los contratos de trabajo, así como los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, o declare la conclusión del concurso.

Los créditos por indemnizaciones derivadas de extinciones colectivas de contratos de trabajo ordenados por el juez del concurso se entenderán comunicados y reconocidos por la propia resolución que los apruebe, sea cual sea el momento.

6º. Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso, y de obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria o por incumplimiento del concursado.

7º. Los que, en los casos de pago de créditos con privilegio especial sin realización de los bienes o derechos afectos, en los de rehabilitación de contratos o de enervación de desahucio y en los demás previstos en esta Ley, correspondan por las cantidades debidas y las de vencimiento futuro a cargo del concursado.

8º. Los que, en los casos de rescisión concursal de actos realizados por el deudor, correspondan a la devolución de contraprestaciones recibidas por éste, salvo que la sentencia apreciare mala fe en el titular de este crédito.

9º. Los que resulten de obligaciones válidamente contraídas durante el procedimiento por la administración concursal o, con la autorización o conformidad de ésta, por el concursado sometido a intervención.

10.º. Los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la conclusión del mismo.

11.º  El cincuenta por ciento de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación, en las condiciones previstas en el artículo 71 bis o en la disposición adicional cuarta.

En caso de liquidación, los créditos concedidos al concursado en el marco de un convenio conforme a lo dispuesto en el artículo 100.5.

Esta clasificación no se aplica a los ingresos de tesorería realizados por el propio deudor o por personas especialmente relacionadas a través de una operación de aumento de capital, préstamos o actos con análoga finalidad. *

12.º Cualesquiera otros créditos a los que esta ley atribuya expresamente tal consideración."

(* NOTA: Hasta el 9 de marzo de 2016 no será de aplicación el régimen contenido en el número 11 del 84.2 ,Ley Concursal. Se aplicará el régimen establecido en la DA2 ,Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo)

El reconocimiento de créditos es una tarea que se atribuye a la administración concursal, quien ha de elaborar una lista de acreedores y acompañarla al informe, si bien la decisión última la tiene el Juez del concurso.

El procedimiento se inicia con el Auto de declaración de concurso, que habrá de contener un llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos, en el plazo de 1 mes.

Los acreedores lo comunicarán por escrito, ante el Juzgado, adjuntando los originales o copias autentificadas del título o de los documentos relativos al crédito, siendo los administradores concursales quienes adopten una decisión en cuanto al reconocimiento o no de estos créditos.

Por tanto, se pasa del ejercicio de acciones individuales contra el patrimonio del deudor, a una acción colectiva universal, en la que se engloba a la totalidad de los acreedores del deudor.

Hay determinados créditos que han de ser necesariamente y automáticamente reconocidos:

  • Los créditos reconocidos por laudo o sentencia.
  • Los que consten en documento con fuerza ejecutiva.
  • Los reconocidos por certificación administrativa
  • Los asegurados con garantía real inscrita en registro público.
  • Los créditos de los trabajadores cuya existencia y cunatía figure en los libros y documentos del deudor.

CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS

Es una de las innovaciones más importantes que introduce la nueva Ley, ya que de un lado, reduce los privilegios y preferencias, e introduce una nueva categoría, la de los créditos subordinados; y de otro introduce claridad y seguridad jurídica, en la medida que regula la clasificación de los créditos en el concurso de acreedores.

Se clasifican en privilegiados (con privilegio especial, y con privilegio general), ordinarios y subordinados. Todos los que no formen parte de la lista de privilegiados ni subordinados, son ordinarios 

Créditos con privilegio especial:

Los acreedores de estos créditos reciben un tratamiento más favorable en el concurso.

Cuando la Ley atribuye a un crédito la condición de especialmente privilegiada, en relación con un determinado bien o derecho de los que integran la masa activa, está garantizando al acreedor que el referido bien o derecho va a ser destinado, ante todo, al pago del crédito privilegiado, lo que conlleva la posibilidad de promover una ejecución separada, esto es, al margen del procedimiento concursal.

Tienen esta consideración:

1- Los créditos con garantías reales constituidas sobre cosa ajena hipoteca, prenda, anticresis.

2- Los créditos refaccionarios sobre los bienes refaccionados, relativos a los trabajos de reparación, conservación o fabricación, incluidos los de los trabajadores, sobre los objetos por ellos elaborados mientras sean propiedad o estén en posesión del concursado.

3- Los créditos por cuotas de arrendamiento financiero o compraventa por precio aplazado.

Créditos con privilegio general:

Al contrario que los especiales, no constituyen privilegios procesales al no conceder derecho a la ejecución separada, sino tan solo a una posición especial en caso de convenio, y un derecho de cobro preferente, en caso de liquidación, por el orden que establece la Ley que es el siguiente:

1- Créditos salariales, incluidas las indemnizaciones por extinción de la relación labaoral.

2- Cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social.

3- La cesión de derechos de explotación de obra objeto de la propiedad intelectual, devengados en los 6 meses anteriores a la declaración de concurso.

4- Los créditos tributarios y demás de Derecho Público, así como los créditos de la Seguridad Social Este privilegio de los créditos de la Hacienda Pública y de los de la Seguridad Social, podrán ejercerse hasta el 50% de su importe.

5- Los créditos de responsabilidad civil extracontractual.

6- Los créditos de que fuere titular el acreedor que hubiere solicitado la declaración de concurso y que no tuvieran el carácter de subordinados, hasta la cuarta parte de su importe 

Créditos subordinados:
Su nombre proviene del hecho que son satisfechos a continuación de los demás. Comprenden:

1- Los créditos comunicados tardíamente, y son incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores, o que no han sido comunicados oportunamente.

2- Los créditos que por pacto contractual, tengan el carácter de subordinados.

3- Los créditos por intereses.

4- Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias

5- Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor (cónyuge o pareja en los dos años anteriores, ascendientes, descendientes y hermanos del concursado). En las personas jurídicas: los socios, los administradores y liquidadores, y las sociedades que forme parte del mismo grupo), excepto los salariales y las indemnizaciones.

6- Los créditos que, como consecuencia de rescisión concursal, resulten a favor de quien en la sentencia haya sido declarado parte de mala fe en el acto impugnado.

EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL

Una vez Constatada la insolvencia del deudor mediante la declaración de concurso, es preciso poner en marcha mecanismos concursales tendentes a lograr la satisfacción de los acreedores por el orden de preferencia legalmente establecido.

Pero antes de tomar la decisión de cual ha de ser la solución del concurso (convenio y liquidación), es preciso conocer cuáles son los activos del deudor y cual el pasivo. A tal fin, la Ley atribuye a la administración concursal la obligación de redactar y presentar un informe, al que deberán adjuntar un inventario de los bienes y derechos que formen la masa activa del concurso y una relación de deudas que integran la masa pasiva.

Contenido del informe:

  • Un análisis de los datos y circunstancias del deudor expresados en la memoria, que debió acompañarse a la solicitud (en el concurso voluntario) o aportarse con posterioridad a requerimiento judicial (en el necesario). El informe debe verificar la exactitud del contenido de la memoria, así como efectuar un estudio de las medidas a las que el deudor supedite, en su caso, la continuación de su actividad empresarial.
  • Estado de la contabilidad del deudor y, en su caso, juicio sobre las cuentas, estados financieros, informes y memoria. La administración concursal ha de verificar el cumplimiento por el deudor de la obligación de presentar los libros de contabilidad y si el balance y el resto de documentos que componen las cuentas anuales se elaboraron de conformidad con la ley. La falta de formulación de las cuentas anuales, constituye uno de los supuestos en los que el legislador presume, iuris tantum, que el deudor actuó con dolo o culpa grave en la generación del estado de insolvencia, calificando el concurso como culpable. Lo mismo ocurre con el incumplimiento sustancial del deber de llevanza de la contabilidad, o la llevanza de doble contabilidad.
  • Memoria de las principales decisiones y actuaciones de la administración concursal. Al informe se ha de acompañar necesariamente el inventario de la masa activa, la lista de acreedores y, en su caso, el escrito de evaluación de las propuestas de convenio que se hubiesen presentado.

El plazo de presentación del informe no lo fija el Juez, viene determinado legalmente, y es de 2 meses, excepción hecha de que el concurso se siga por el procedimiento abreviado, que será de 1 mes.

El plazo general de 2 meses puede ser prorrogado por el Juez, previa solicitud de la administración concursal, por tiempo no superior a un mes. La brevedad de los plazos invita generalmente a la solicitud de prórroga.

Los acreedores tienen un plazo de diez días (o cinco si el concurso es abreviado) para impugnar ante el Juzgado Mercantil el inventario (activo) o la lista de acreedores. Ello dará origen a una demanda denominada “incidental” que debe presentarse a través de procurador y abogado (excepto los trabajadores que gozan de los prerrogativas de la Ley de Procedimiento Laboral) y que finalizará cuando el Juez dicte sentencia.

Una vez que los administradores concursales han recogido en su informe las modificaciones pertinentes a raíz de dichas sentencias, junto con una relación actualizada de créditos contra la masa, el Juez dicta resolución cerrando la fase común y abriendo o bien la fase de convenio o la de liquidación.

 

 

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