La fase de instrucción en el proceso penal

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  • Orden: Penal
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La fase sumarial, se regula en el Título IV, del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Art. 299-325 ,LECrim) bajo la rúbrica ?De la instrucción?.
NOVEDAD: La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, introduce importantes modificaciones que entraron en vigor el 6 de diciembre de 2015, como la fijación de un plazo máximo de seis meses de la fase de instrucción, o de dieciocho meses si la instrucción es compleja, siendo dicho plazo prorrogable. Además dicha norma deroga el art. 300LECrim.

El proceso penal por delitos graves consta de cuatro fases distintas: la fase sumarial, la fase intermedia, la del juicio oral y finalmente, la fase de impugnación.

De conformidad con el Art. 299 ,LECrim, constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos.

Teniendo en cuenta las disposiciones del precepto, cabe señalar que es en esta primera fase del procedimiento ordinario donde se llevan a cabo todas aquellas actuaciones necesarias en aras a acreditar la veracidad de los hechos delictivos y donde se acuerdan las medidas precisas para asegurar los bienes y la persona del autor de los mismos y de su responsabilidad civil.

La Ley establece que la fase sumarial está encaminada a preparar el juicio oral, es decir, a determinar si los hechos comunicados, ya fuere de oficio o a instancia de parte, son susceptibles de ser enjuiciados a través de la acusación de una persona. Sin embargo, esta no es la única función que cumple la fase sumarial, toda vez que también es llevada a cabo para determinar si no procede acusación y consiguiente sobreseimiento de la causa (Art. 637,Art. 641 ,LECrim).

La fase de instrucción del procedimiento ordinario ostenta una serie de características que, en suma, son las siguientes:

1. Escrita: Al contrario de lo que ocurre en la fase del juicio oral, la fase de instrucción es fundamentalmente escrita. Todas las actuaciones son documentadas con el fin de que quede constancia de las mismas en todo momento.

2. No son medios de prueba: Los medios de investigación están dirigidos a justificar la acusación o la calificación y, en su caso, el sobreseimiento y no a motivar la sentencia fruto del proceso. Estos medios  se configuran como una prueba anticipada, no obstante, es distinta de la prueba constituida, en la cual las garantías se ven mermadas, principalmente en lo que respecta al derecho de defensa.

3. Pueden realizarse de oficio por el juez: El juez de instrucción puede solicitar las diligencias que estime necesario, sin que sea preceptivo que las partes así lo propongan. Esto deriva del denominado “ius puniendi”, en virtud del cual, el juez de instrucción debe realizar una investigación y verificación de los hechos, para lo que no debe basarse únicamente en las pruebas propuestas por las partes.

4. Secreta: Esta característica se desprende de los Art. 301-302 ,LECrim, artículos modificados por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley. Sanciona con una multa de 500 a 10.000 euros al abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el contenido del sumario.

El Juez podrá acordar, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la víctima, la adopción de cualquiera de las medidas a que se refiere el apartado 2 del Art. 681 ,LECrim cuando resulte necesario para proteger la intimidad de la víctima o el respeto debido a la misma o a su familia. Las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento.

El Juez de Instrucción, si el delito fuere público, podrá declarar total o parcialmente secreto para todas las partes personadas, por tiempo no superior a un mes cuando resulte necesario para:

a) evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona; o

b) prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso.

El secreto del sumario deberá alzarse necesariamente con al menos diez días de antelación a la conclusión del sumario.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el párrafo segundo del apartado 3 del Art. 505 ,LECrim.

La formación del sumario, ya empiece de oficio, ya a instancia de parte, corresponderá a los Jueces de instrucción por los delitos que se cometan dentro de su partido o demarcación respectiva y, en su defecto, a los demás de la misma ciudad o población, cuando en ella hubiere más de uno, y a prevención con ellos o por su delegación, a los Jueces municipales.

El Art. 304 ,LECrim, posibilita a las Audiencias territoriales, el nombramiento de un Juez instructor especial cuando las causas versen sobre delitos cuyas extraordinarias circunstancias, o las de lugar y tiempo de su ejecución, o de las personas que en ellos hubiesen intervenido como ofensores u ofendidos motivaren fundadamente el nombramiento de aquél para la más acertada investigación o para la más segura comprobación de los hechos.

Competencia

En el Ordenamiento jurídico español, el órgano competente para llevar a cabo la fase de instructor es, según las disposiciones del 14.2 ,LECrim, el Juez de Instrucción. No obstante, en el proceso de menores, inicialmente, la instrucción será llevada a cabo por el Ministerio Fiscal. Así pues, establece el mencionado precepto que, será competente para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción.

Ministerio Fiscal

El legislador adjudica al Ministerio Fiscal una labor de control y de guarda de los derechos y libertadas fundamentales. Así se desprende del último párrafo del Art. 324 ,LECrim(1), que establece que, los Jueces de instrucción están obligados a dar a los Fiscales de las Audiencias cuantas noticias les pidieren, fuera de estos términos, sobre el estado y adelantos de los sumarios (referente a los denominados “partes de adelanto”).

Dicho esto, se puede decir que al Ministerio Fiscal le son encomendadas dos funciones muy relevantes:

  1. Proteger los derechos y las libertades fundamentales
  2. Supervisar que la fase de instrucción se desarrolle en el tiempo legalmente establecido.

La Policía Judicial

La Policía Judicial se encuentra regulada en el Título III, del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Art. 282-298 ,LECrim) y en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A través de estos preceptos, se le confiere a la Policía Judicial, la posibilidad de desarrollar las diligencias necesarias para esclarecer  y calificar los hechos delictivos objeto del proceso.

Este colectivo, con carácter general, ostenta un conocimiento inmediato y directo de los hechos, toda vez que en él pesa el deber de llevar a cabo las primeras investigaciones al respecto. Cabe señalar que, en diversas ocasiones la policía Judicial inicia sus actuaciones (atestado) a instancia del Ministerio Fiscal o del propio órgano judicial, no obstante, este colectivo está legitimado para iniciarlas de oficio en el supuesto de que adquieran conocimiento de unos hechos determinados que pudieran ser constitutivos de delito.

(1) Téngase en cuenta que el 6 de diciembre de 2015, entra en vigor su la nueva redacción del Art. 324 ,LECrim, dada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. Según la nueva redacción, las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses. Antes de la expiración del plazo, el instructor a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes, podrá declarar la instrucción compleja, ampliándose el plazo de duración de la instrucción a dieciocho meses, plazo que el instructor de la causa podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes. Antes del transcurso de los plazos, si lo solicitara el Ministerio Fiscal o alguna de las partes, el instructor, previa audiencia de las demás partes, podrá fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción. Cuando el Ministerio Fiscal o las partes, en su caso, no hubieran hecho uso de la facultad que les confiere el apartado anterior, no podrán interesar las diligencias de investigación complementarias previstas en los Art. 627 ,LECrimArt. 780 ,LECrim.

 

 

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Hecho delictivo
Proceso penal por delitos graves
Fase intermedia
Responsabilidad
Responsabilidad civil
Policía judicial
Medios de prueba
Medios de investigación
Motivación de las sentencias
Prueba anticipada
Derecho de defensa
Ius puniendi
Riesgo grave
Integridad física
Conclusión del sumario
Procesos de menores
Cuerpos y fuerzas de seguridad
Objeto del proceso
Calificación de los hechos
Atestado
Instrucción compleja
Duración de la instrucción
Diligencias de investigación