Finalidad y presupuestos del concurso

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 18/09/2014

El concurso es el procedimiento mediante el cual se hace posible que los acreedores de un deudor común concurran al patrimonio de éste para cobrar sus créditos.

La finalidad del concurso es diversa: por una parte, pretende la satisfacción de los acreedores, pero, por otra, protegiendo el interés general y los intereses del deudor, pretende lograr la supervivencia de empresas, que, de otro modo, se verían abocadas a desaparecer.

El concurso supone sustituir las actuaciones individuales de cada acreedor por una organización jurídica de defensa colectiva de los acreedores.

Esta organización colectiva se apoya en dos principios:

La aplicación de ambos principios lleva a crear una comunidad de pérdidas, lo que significa que todos los acreedores han de realizar un sacrificio de sus créditos para

que puedan verse satisfechos el mayor número de acreedores posible.

La finalidad del concurso es que se satisfaga ordenadamente a los acreedores manteniendo mientras tanto la actividad empresarial, pues se considera que cuanto más tiempo esté activo profesionalmente el concursado, más créditos podrán satisfacerse con su patrimonio.

Existen, no obstante, una serie de excepciones al principio Par conditio creditorum en relación con los siguientes sujetos:

  • Trabajadores
  • Titulares de garantía real
  • Administraciones Públicas, para minimizar el efecto sobre el erario público.

Clases del concurso de acreedores:

Concurso de acreedores voluntario: Se produce cuando la primera de las solicitudes presentadas hubiera sido la del propio deudor. Deberá justificarla. Cabe la declaración anticipada si el deudor prevé tal situación como inminente. En definitiva, lo que se viene a determinar es que el concurso voluntario sólo existe, si es original en su instancia, no pudiendo considerarse como voluntario si se solicita como consecuencia de un concurso necesario que no hubiera prosperado por cuestiones procedimentales.

Concurso de acreedores necesario: Los acreedores deberán fundarse en alguno de los hechos del 2.4 ,Ley Concursal. La insolvencia deberá ser actual, no inminente. Puede afirmarse que el concurso es necesario cuando la primera solicitud es la presentada por cualquier legitimado distinto del deudor 22.1 ,Ley Concursal y aquél sólo puede ser declarado en el supuesto de insolvencia actual, esto es, cuando el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles, insolvencia que debe manifestarse por alguno de los hechos externos del 2.4 ,Ley Concursal

Presupuestos del concurso:

Presupuesto subjetivo: (Art. 1 ,Ley Concursal)

La declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica.

El concurso de la herencia podrá declararse en tanto no haya sido aceptada pura y simplemente.

No podrán ser declaradas en concurso las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público.

Presupuesto objetivo: (Art. 2 ,Ley Concursal)

La declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común.

Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.

Si la solicitud de declaración de concurso la presenta el deudor, deberá justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, que podrá ser actual o inminente. Se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones.

La insolvencia debe probarse, pero cuando quien solicita el concurso no es el deudor, dicha prueba se hace imposible, pues el solicitante no puede acceder a la contabilidad del deudor.

Por ello, existen casos en los que dicha insolvencia se presume. Son presunciones iuris tantum (admiten prueba en contrario) de la insolvencia, en las que siempre debe apoyarse una declaración de concurso necesario.

Se presume la insolvencia en los siguientes supuestos:

 

El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor.

La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor.

El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor.

El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período; las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.

 

Existen determinadas entidades que no pueden ser declaradas en concurso:

  • Comunidades de bienes, al no tener la condición de personas jurídicas.
  • Sociedades internas ( Art. 1665 ,Código Civil), como por ejemplo los consorcios.
  • Sociedades de medios, grupos de estructura paritaria,  sindicatos de voto, cárteles, etc.

El concurso de acreedores se trata de un estado legal, que se declara mediante resolución judicial, en la cual el juez aprecia la existencia del presupuesto de hecho del concurso, entendiéndolo como aquel conjunto de circunstancias a las que la ley asocia al declaración del estado legal de concurso de acreedores, como consecuencia jurídica.

La ley distingue la realidad económica y la realidad jurídica del concurso, pues reserva para esta última un concepto exclusivamente técnico como es el de concurso de acreedores, diferenciándose de esta manera:

  • Situación del deudor que no puede hacer frente a sus obligaciones, que constituye el presupuesto de hecho del estado legal de concurso de acreedores.
  • Estado legal de concurso de acreedores, que es resultado de la acción del derecho sobre una realidad económica, en base a una declaración judicial.

El Art. 2 ,Ley Concursal recoge el concepto de la insolvencia del deudor como presupuesto de hecho objetivo de la declaración del concurso común a todo deudor, así como a las distintas soluciones en que puede desembocar el procedimiento, esto es, convenio o liquidación.

En el supuesto de concurso necesario, la insolvencia es preciso que sea actual,  mientras que en el caso de concurso voluntario, puede ser actual o inminente, entendiéndose la misma como aquella situación en la que el deudor prevea que no va a poder cumplir regularmente sus obligaciones.

La insolvencia se trata de un estado, que no es constatable por el juez del concurso de manera directa.

En este sentido, en caso de concurso necesario, solamente la insolvencia que se manifiesta externamente a través de alguno de los hechos enumerados en el 2.4 ,Ley Concursal, permite al acreedor solicitar el concurso.

Por otro lado, en caso de concurso voluntario, la insolvencia opera como una cláusula general, pues no aparecen tasadas en la ley las manifestaciones externas de dicha insolvencia.

Las pruebas del estado de insolvencia corresponden al que insta el concurso, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

  • Deudor: ha de demostrar que está en estado de endeudamiento y en situación de insolvencia, que puede ser solamente inminente y no es preciso que sea actual.
  • Acreedor: el concurso se declara sin más trámites si el acreedor demuestra que ha despachado inútilmente una ejecución contra el deudor. En otro caso, debe probar la concurrencia de hechos que la ley reputa indicios del estado de insolvencia y que vienen establecidos en el 2.4 ,Ley Concursal.

La jurisprudencia admite que una hipótesis válida para considerar que existe una evidencia sólida e inmediata del estado de insolvencia del deudor es que se haya promovido la ejecución contra este sin que se hayan podido trabar bienes por un importe suficiente para cubrir el principal, intereses y costas. Esto es lo que se denomina embargo infructuoso.

La acreditación del presupuesto objetivo se realizará mediante testimonio de la resolución judicial o administrativa.

Por otro lado, se presume que existe alzamiento de bienes cuando el deudor alza o liquida sus bienes de manera ruinosa o apresurada, siendo este un concepto civil, que no tiene relación con el tipo penal (Ver STS de 25/04/2014 TS, Sala de lo Civil, nº 174/2014, de 27/03/2014, Rec. 1472/2012). Ha de tratarse de una liquidación apresurada o precipitada, sin que pueda asimilarse a esta situación una serie de  ventas escalonadas en el tiempo que dotan de liquidez a la empresa. El concepto de ruinosa ha de ser apreciado por el juez en cada caso, en función de las circunstancias concretas.

En la práctica se considera que el incumplimiento de determinadas obligaciones que se consideran sensibles, suele poner en evidencia una situación de deterioro de la situación financiera.

En este sentido se consideran obligaciones sensibles las siguientes:

 

 

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