Las funciones del Ministerio Fiscal como parte del proceso penal

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  • Orden: Penal

Las funciones del Ministerio Fiscal vienen contempladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 30 de diciembre de 1981

 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, hace referencia a las funciones del Ministerio Fiscal, en lo que se refiere a la acción penal en los delitos públicos y en los semiprivados; la inspección directa en la formación del sumario, o fase de instrucción o procedimiento preliminar judicial por los jueces de instrucción. También le corresponde la formación de un procedimiento preliminar que es sólo posible en el proceso abreviado. En el procedimiento ordinario el Fiscal puede realizar la investigación previa al sumario o de manera paralela pero no se pueden considerar procedimiento preliminar.

El Ministerio Fiscal como parte en el procedimiento tiene la función fundamental de ejercitar la acción penal en los delitos públicos cuya persecución es de oficio y en los delitos semiprivados se exige previa denuncia del ofendido constituyéndose como parte el Fiscal después de presentada denuncia. El Fiscal también puede oponerse a la acusación formulada por otro, de modo que no siempre ha de sostener la acusación sino que también puede pedir la absolución del acusado. Este hecho lo convierte en parte imparcial presidiendo así la legalidad en su actuación. El Ministerio Fiscal no se rige por criterios de oportunidad a la hora de ejercitar y sostener la acción penal. Por tanto en los delitos para los cuales su persecución se exige denuncia del ofendido, cuando este es menor de edad, incapaz o persona desvalida puede denunciar el Ministerio Fiscal para así velar por los mejores intereses del ofendido. Cuando el perdón del ofendido puede extinguir la responsabilidad penal ese perdón no  puede realizarse por el Fiscal, pudiendo éste oponerse al perdón.

La legitimación del Ministerio Fiscal viene de la mano del Art. 124 ,Constitución Española y Art. 105 ,LECrim, que dice los funcionarios del Ministerio Fiscal tendrán la obligación de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de la Ley, todas las acciones penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular en las causas, menos aquellas que el Código Penal, reserva exclusivamente a la querella privada.

En los delitos perseguibles a instancias de la persona agraviada también podrá denunciar el Ministerio Fiscal si aquélla fuere menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o desvalida. La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de diligencias a prevención.

Esta legitimación se refiere a todos los procesos en que se persigan delitos públicos y semiprivados y queda excluida en los procesos que versen sobre delitos privados.

La Ley 50/1981 de 30 de diciembre que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice que  el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

Corresponde al Ministerio Fiscal esta denominación con carácter exclusivo.

En cuanto a las funciones para el cumplimiento de las misiones establecidas en el Art. 1 ,EOMF, corresponde al Ministerio Fiscal:

  • Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes.
  • Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales.
  • Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa.
  • Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda.
  • Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos o instruyendo directamente el procedimiento en el ámbito de lo dispuesto en la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, pudiendo ordenar a la Policía Judicial aquellas diligencias que estime oportunas.
  • Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley.
  • Intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación.
  • Mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, promoviendo los conflictos de jurisdicción y, en su caso, las cuestiones de competencia que resulten procedentes, e intervenir en las promovidas por otros.
  • Velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social.
  • Velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas.
  • Intervenir en los procesos judiciales de amparo así como en las cuestiones de inconstitucionalidad en los casos y forma previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
  • Interponer el recurso de amparo constitucional, así como intervenir en los procesos de que conoce el Tribunal Constitucional en defensa de la legalidad, en la forma en que las leyes establezcan.
  • Ejercer en materia de responsabilidad penal de menores las funciones que le encomiende la legislación específica, debiendo orientar su actuación a la satisfacción del interés superior del menor.
  • Intervenir en los supuestos y en la forma prevista en las leyes en los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas. Defender, igualmente, la legalidad en los procesos contencioso-administrativos y laborales que prevén su intervención.
  • Promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios internacionales.
  • Ejercer las demás funciones que el ordenamiento jurídico estatal le atribuya.

Con carácter general, la intervención del fiscal en los procesos podrá producirse mediante escrito o comparecencia. También podrá producirse a través de medios tecnológicos, siempre que aseguren el adecuado ejercicio de sus funciones y ofrezcan las garantías precisas para la validez del acto de que se trate. La intervención del fiscal en los procesos no penales, salvo que la ley disponga otra cosa o actúe como demandante, se producirá en último lugar.

El Ministerio Fiscal, para el ejercicio de sus funciones, podrá:

  •  Interesar la notificación de cualquier resolución judicial y la información sobre el estado de los procedimientos, pudiendo pedir que se le dé vista de éstos cualquiera que sea su estado, o que se le remita copia de cualquier actuación, para velar por el exacto cumplimiento de las Leyes, plazos y términos, promoviendo, en su caso, las correcciones oportunas. Asimismo, podrá pedir información de los hechos que hubieran dado lugar a un procedimiento, de cualquier clase que sea, cuando existan motivos racionales para estimar que su conocimiento pueda ser competencia de un órgano distinto del que está actuando. También podrá acceder directamente a la información de los Registros oficiales, cuyo acceso no quede restringido a control judicial.
  •  Visitar en cualquier momento los centros o establecimientos de detención, penitenciarios o de internamiento de cualquier clase de su respectivo territorio, examinar los expedientes de los internos y recabar cuanta información estime conveniente.
  •  Requerir el auxilio de las autoridades de cualquier clase y de sus agentes.
  •  Dar a cuantos funcionarios constituyen la Policía Judicial las órdenes e instrucciones procedentes en cada caso.
  •  Informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario y, en general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados.
  • Las autoridades, funcionarios u organismos o particulares requeridos por el Ministerio Fiscal en el ejercicio de las facultades que se enumeran en el Art. 4 ,EOMF y Art. 5 ,EOMF deberán atender inexcusablemente el requerimiento dentro de los límites legales. Igualmente, y con los mismos límites, deberán comparecer ante el Fiscal cuando éste lo disponga.
  •  Establecer en las sedes de las Fiscalías Provinciales y en las que se considere necesario, centros de relación con las víctimas y perjudicados de las infracciones criminales cometidas en su circunscripción y por las que se sigue proceso penal en los Juzgados o Tribunales de la misma, con la finalidad de conocer los daños y perjuicios sufridos por ellas y para que aporten los documentos y demás pruebas de que dispongan para acreditar su naturaleza y alcance.

El Fiscal podrá recibir denuncias, enviándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo, cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, notificando en este último caso la decisión al denunciante.

Igualmente, y para el esclarecimiento de los hechos denunciados o que aparezcan en los atestados de los que conozca, puede llevar a cabo u ordenar aquellas diligencias para las que esté legitimado según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las cuales no podrán suponer la adopción de medidas cautelares o limitativas de derechos. No obstante, podrá ordenar el Fiscal la detención preventiva.

Todas las diligencias que el Ministerio Fiscal practique o que se lleven a cabo bajo su dirección gozarán de presunción de autenticidad.

Los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa inspirarán la práctica de esas diligencias.

A tal fin, el Fiscal recibirá declaración al sospechoso, quien habrá de estar asistido de letrado y podrá tomar conocimiento del contenido de las diligencias practicadas. La duración de esas diligencias habrá de ser proporcionada a la naturaleza del hecho investigado, sin que pueda exceder de seis meses, salvo prórroga acordada mediante decreto motivado del Fiscal General del Estado. No obstante, las diligencias de investigación en relación con los delitos a que se hace referencia en el apartado Cuatro del Art. 19 ,EOMF tendrán una duración máxima de doce meses salvo prórroga acordada mediante Decreto motivado del Fiscal General del Estado.

Transcurrido el oportuno plazo, si la investigación hubiera evidenciado hechos de significación penal y sea cual fuese el estado de las diligencias, el Fiscal procederá a su judicialización, formulando al efecto la oportuna denuncia o querella, a menos que resultara procedente su archivo.

También podrá el Fiscal incoar diligencias preprocesales encaminadas a facilitar el ejercicio de las demás funciones que el ordenamiento jurídico le atribuye.

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Acción penal
Delito público
Denuncia de la persona agraviada
Interés publico
Menor de edad
Responsabilidad penal
Interés social
Proceso penal abreviado
Querella
Perdón del ofendido
Extinción de la responsabilidad
Persona incapaz
Diligencias de prevención
Policía judicial
Delito privado
Ciudadanos
Tutelado
Personalidad jurídica
Auxilio
Responsabilidad penal de los menores
Responsabilidad penal del menor
Estado civil
Cuestiones de competencia
Cuestión de competencia
Conflictos de jurisdicción
Protección a testigo
Cuestión de inconstitucionalidad
Tribunal de Cuentas
Interés superior del menor
Internamiento
Daños y perjuicios
Atestado
Diligencias de investigación
Principio de contradicción
Diligencias preprocesales