Fundamento y naturaleza del Derecho penal subjetivo

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Lo que verdaderamente causa un problema para explicar el fundamento y naturaleza del derecho penal subjetivo es lo relativo a la legitimación material del mismo, debido a la existencia de sectores doctrinales que niegan incluso la propia existencia del ius puniendi.

La mayoría doctrinal, frente a lo que las tesis abolicionistas pretenden, considera que sería suficiente con llevar a cabo una limitación de la actividad del Estado, como titular del ius puniendi, evitando de este modo, que el mismo cometa excesos en dicha actividad, es decir, para evitar que el Estado se exceda a la hora de imponer sanciones cuando los ciudadanos realicen conductas consideradas como prohibidas.

 

 

Respecto al fundamento y naturaleza del derecho penal y más en concreto, respecto a la fundamentación del derecho penal subjetivo (también denominado ius puniendi o potestad punitiva), hay que decir que la legitimación formal del derecho penal está clara, ya que la misma se refiere a la facultad que la ley recoge y que permite al Estado la imposición de sanciones penales siempre y cuando un sujeto realice un comportamiento contrario al que la ley permite o evade el realizar una determinada conducta que la ley obliga, pese a que dicha legitimación no explica realmente de donde procede la legitimación de la ley para facultar al Estado de este modo.

En la actualidad no hay duda según lo que determina la doctrina mayoritaria, de que en las distintas sociedades, es al Estado al que debe de corresponder la titularidad del ius puniendi, independientemente de que como decimos, determinados autores no consideren ni la necesidad de existencia del mismo.

Por tanto, sobre la legitimación del ius puniendi, hay que tener en cuenta en primer lugar, que en ciertos momentos históricos, no se recogía la necesidad de la existencia de un derecho a castigar (principalmente en aquellos momentos históricos donde la teología estaba muy por encima, de lo jurídico, y el delito se consideraba como un pecado público por lesionar a la divinidad, y no como a día de hoy se entiende como una lesión al orden público).

Además, hay que tener destacar también en cuanto a dicha legitimidad del ius puniendi que a día de hoy, existen sectores doctrinales que niegan que sea un ente político organizado (como es el Estado en nuestro caso) el que tenga legitimidad y esté por tanto, facultado para imponer penas cuando los ciudadanos realicen comportamientos considerados intolerables por las normas jurídicas penales, por lesionar o poner en peligro ciertos bienes jurídicos que se considera hay que proteger.

A las tesis que defienden estos planteamientos se les denomina tesis abolicionistas (porque en su mayoría lo que se intenta conseguir en último término, es la abolición o la supresión del derecho penal) como serían las siguientes:

- Las tesis anarquistas, lo que niegan es la existencia de la legitimación del Estado e incluso niegan también la del derecho.

- Las tesis marxistas, que pretenden que no exista el Estado (ni las clases sociales).

- Otras tesis más extremistas, entre las que se encontraría la del psicoanálisis, hablan de la existencia del derecho penal, sólo por el hecho de la necesidad de descargar la violencia frente a ciertas personas, personas que serían los delincuentes, y cuyos castigos se entienden como un medio de dominación de los fuertes frente a los débiles.

Más en concreto, el psicoanálisis determina que los condenados por delincuentes, se castigan justamente por el hecho de que la sociedad pueda canalizar su agresividad de algún modo, como sería el hacerlo por medio del derecho penal.

Sin embargo, dichas tesis tienen numerosas incoherencias, por lo que fracasaron y son consideradas normalmente como tesis en las cuales se ocultan planteamientos políticos respecto a la cuestión de la legitimidad punitiva.

Dichas limitaciones que se le imponen al Estado están formadas por un conjunto de principios y garantías que pretenden hacer titular al ciudadano de una serie de derechos frente a los cuales el Estado no puede extralimitarse.

Estas limitaciones, son las que se denominan como límites del derecho subjetivo y no sólo van a tener un reflejo frente a los órganos con poder legislativo, sino que también restringen la actividad de los órganos judiciales y administrativos; a la hora de aplicar las normas y ejecutar las penas.

Por tanto, concluiremos diciendo que lo que fundamenta realmente la existencia del derecho penal es la necesidad que existe respecto al mismo, ya que este se precisa para que se pueda proteger a la sociedad evitando que se cometan delitos, y por tanto, protegiendo los bienes jurídicos más preciados contra las lesiones que se puedan producir en los mismos.

De este modo, parece imposible en la actualidad no recurrir al derecho penal para proteger dichos bienes, por considerarse este como el medio más beneficioso a la hora de prevenir delitos, siempre y cuando se lleve a cabo la limitación de la actuación del Estado en cuanto a la creación y aplicación del derecho penal.

Por ello, no se puede hacer una diferenciación entre lo que es el fundamento funcional del político, ya que para que el derecho penal cumpla con su función de protección es preciso, que exista alguien facultado para su aplicación y como ese alguien en nuestra sociedad es el Estado, surge la introducción del fundamento político dentro de lo que es el ius puniendi, dependiendo por tanto el derecho penal del modelo de Estado.

 

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