Fusión de organismos públicos estatales y gestión compartida de servicios comunes

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 04/01/2017

La fusión de organismos públicos estatales y la gestión compartida de servicios comunes se regulan, respectivamente, en los Art. 94-95 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre. Acerca de los últimos,  se dispone que se considerarán servicios comunes de los organismos públicos, al menos, los siguientes:

  • Gestión de bienes inmuebles.

  • Sistemas de información y comunicación.

  • Asistencia jurídica.

  • Contabilidad y gestión financiera.

  • Publicaciones.

  • Contratación pública.

Fusión de organismos públicos estatales

A la hora de estudiar la figura de la fusión de organismos públicos estatales habrá que atender a lo que establece el Art. 94 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, no sin antes recordar que, como ya se destacaba en la Memoria del análisis de impacto normativo del anteproyecto de ley de régimen jurídico del Sector Público de 9 de enero de 2015, del Ministerio de Hacienda y  Administraciones Públicas y del Ministerio de la Presidencia, es que con esta norma, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se regula por primera vez para el Sector Público Estatal un régimen completo de transformaciones, fusiones, disolución, liquidación y extinción de entidades y organismos públicos, previendo que se pueda llevar a cabo la transformación y fusión por medio de norma reglamentaria para de ese modo agilizar los procedimientos aunque suponga la modificación de la Ley de creación. 

Así, y descendiendo ya a la regulación legal de la materia, el apartado 1 del Art. 94 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre señala que los organismos públicos estatales de la misma naturaleza jurídica podrán fusionarse:

  • Mediante su extinción e integración en un nuevo organismo público,

  • Mediante su extinción por ser absorbido por otro organismo público ya existente.

En cuanto al procedimiento, debe estarse a lo siguiente:

  • Se llevará a cabo mediante norma reglamentaria, aunque suponga modificación de la Ley de creación. Cuando la norma reglamentaria cree un nuevo organismo público resultante de la fusión deberá cumplir con lo previsto en el apartado 2 del Art. 91 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre sobre requisitos de creación de organismos públicos (Apartado 2 del Art. 94 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre).

  • A la norma reglamentaria de fusión se acompañará un plan de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de la nueva situación y en el que debe quedar acreditado el ahorro que generará la fusión (Apartado 3 del Art. 94 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre).

Respecto del plan de redimensionamiento (Párrafos 2, 3 y 4 del apartado 2 del Art. 94 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre):

  • Si alguno de los organismos públicos estuviese en situación de desequilibrio financiero se podrá prever, como parte del plan de redimensionamiento, que las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables y derivados de la actividad que ocasionó el desequilibrio, se integren en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo organismo público o al absorbente, según corresponda.

  • La actividad o actividades que ocasionaron el desequilibrio dejarán de prestarse tras la fusión, salvo que se prevea su realización futura de forma sostenible tras la fusión.

  • El plan de redimensionamiento, previo informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado deberá ser aprobado por cada uno de los organismos públicos fusionados si se integran en uno nuevo o por el organismo público absorbente, según corresponda al tipo de fusión.

Los efectos que conlleva la aprobación del a norma de fusión (Apartado 4 del Art. 94 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre) son los siguientes:

  • La integración de las organizaciones de los organismos públicos fusionados, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, en los términos previstos en el plan de redimensionamiento.

  • El personal de los organismos públicos extinguidos se podrá integrar bien en la Administración General del Estado o bien en el nuevo organismo público que resulte de la fusión o en el organismo público absorbente, según proceda, de acuerdo con lo previsto en la norma reglamentaria de fusión y de conformidad con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función pública o en la legislación laboral que resulte aplicable.

    Los distintos tipos de personal de los organismos públicos fusionados tendrán los derechos y obligaciones que les correspondan de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación.

    La integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas a funcionarios públicos sin serlo podrá realizarse con la condición de «a extinguir», debiéndose valorar previamente las características de los puestos afectados y las necesidades del organismos donde se integren.

    Esta integración de personal no supondrá, en ningún caso, la atribución de la condición de funcionario público al personal laboral que prestase servicios en los organismos públicos fusionados.
    De la ejecución de las medidas de fusión no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en los organismos públicos afectados.

  • La cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de los organismos públicos extinguidos en el nuevo organismo público resultante de la fusión o en el organismo público absorbente, según proceda, que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones.

    La fusión no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas.

  • Si se hubiera previsto en el plan de redimensionamiento, las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables se integrarán en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo organismo público resultante de la fusión o al organismo público absorbente, según proceda, que designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación se efectuará de conformidad con lo previsto en el Art. 97 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre.

    La liquidación deberá llevarse a cabo durante los dos años siguientes a la aprobación de la norma reglamentaria de fusión, salvo que el Consejo de Ministros acuerde su prórroga, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores. La aprobación de las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.

Gestión compartida de servicios comunes

Otra de las novedades introducidas por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, es la que se refiere a la gestión compartida de servicios comunes, abordada por el apdo. 1 del Art. 95 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, del siguiente modo: "La norma de creación de los organismos públicos del sector público estatal incluirá la gestión compartida de algunos o todos los servicios comunes, salvo que la decisión de no compartirlos se justifique, en la memoria que acompañe a la norma de creación, en términos de eficiencia, conforme al Art. 7 , Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, en razones de seguridad nacional o cuando la organización y gestión compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma autónoma en atención a la independencia del organismo”.  Se dispone además que la organización y gestión de algunos o todos los servicios comunes se coordinará por el Ministerio de adscripción, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o por un organismo público vinculado o dependiente del mismo.

Por su parte, el apartado 2 del Art. 95 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre  establece que se considerarán servicios comunes de los organismos públicos, al menos, los siguientes:

  • Gestión de bienes inmuebles.

  • Sistemas de información y comunicación.

  • Asistencia jurídica.

  • Contabilidad y gestión financiera.

  • Publicaciones.

  • Contratación pública.

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