Garantías de los contratos administrativos

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 09/11/2017

Nótese que el 9  de marzo de 2018 entrará en vigor el grueso de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, lo que determina que tanto alguno de los contenidos del presente tema como la mayor parte de las referencias normativas dejen de ser correctas.

 

Todo contrato administrativo requiere de unas garantías que comprometan su cumplimiento.

A diferencia de las garantías civiles, sólo se constituyen a favor de una de las partes, los licitadores, porque se presupone que la Administración Pública es solvente, a diferencia del contratista que no se  sabe si va a poder responder con su patrimonio.

Las garantías a favor de la Administración no son embargables, teniendo el ente público el privilegio de convertirla en líquida frente a cualquier otro acreedor.

Debemos destacar las siguientes garantías : 

A) La garantía provisional: que se regula en el Art. 103 ,Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y se concibe como aquella que tiene por finalidad garantizar la seriedad de las ofertas y la formalización del contrato. Deberá ser prestada por todos los que concurran a la licitación del procedimiento abierto o restringido (extensible al negociado si lo exige el órgano de contratación) con carácter previo, en metálico o valores mediante aval o contrato de seguro de caución.

El órgano de contratación podrá dispensar de la prestación de la garantía provisional dependiendo de la cuantía o el tipo de contrato.

En los pliegos de cláusulas administrativas se determinará el importe de la garantía provisional, que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y el régimen de su devolución.

La garantía provisional se cancela con la adjudicación, devolviéndose inmediatamente a los licitadores que no hayan resultado ser adjudicatarios y reteniéndosela al adjudicatario hasta la formalización del contrato. 

B)  La garantía definitiva: regulada en el Art. 95 ,Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, es la que se presta por el adjudicatario una vez adjudicado el contrato. La cuantía de esta garantía se fija en el 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Esta garantía desempeña un papel distinto al de la provisional, ya que responde de las penalidades impuestas al contratista por razón de la ejecución del contrato, de los daños y perjuicios que puedan ocasionar el contratista a la Administración como consecuencia de la ejecución del contrato, así como los gastos originados a la misma como consecuencia de demoras en el cumplimiento de sus obligaciones.

Cumplido el contrato de forma satisfactoria o resuelto sin culpa del contratista, la Administración  está obligada a devolver la fianza definitiva, transcurrido el período de garantía en su caso.

C)  La garantías especiales: El Art. 98 ,Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre incluye la garantía global que se concibe como alternativa a la definitiva. Así, los contratistas podrán constituir una garantía  con referencia a todos los contratos celebrados con una Administración o con uno o varios órganos de contratación sin especificación singular para cada contrato, y que responderá  genérica y permanentemente del mantenimiento de proposiciones y la formalización del contrato.

 

 

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Contratos administrativos
Adjudicataria
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Daños y perjuicios
Culpa