Garantías de la deuda tributaria

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Fiscal
  • Fecha última revisión: 07/10/2015

La LGT establece, en su Art. 77 ,Ley General Tributaria, el derecho de prelación para el cobro de los créditos tributarios:

  • Siempre que estos hayan vencido y no se satisfecho.
  • Excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la hipoteca legal tácita.

En el proceso concursal, los créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido en la la Ley 22/2003 Concursal.

 

 

NOVEDADES: La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, modifica la Ley General Tributaria, con efectos (salvo excepciones) a partir del 12/10/2015

 

Hipoteca Legal Tácita.(Art. 78 ,Ley General Tributaria)

Las deudas inscritas en un registro público, ya sean tributarias o no, por norma general tienen preferencia sobre el resto, incluso por encima del derecho de prelación del apartado anterior. Pero la LGT establece la preferencia de la deuda tributaria sobre cualquier otra, con las siguientes características:

  • Se deben derivar de tributos que graven bienes o derechos inscribibles en un registro público.
  • Los tributos deben de gravar periódicamente los bienes o derechos o sus productos directos, ciertos o presuntos. Así que solo gozarán de esta preferencia los tributos reales, nunca los personales.
  • Tendrán preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque éstos hayan inscrito sus derechos.
  • Para el cobro de las deudas devengadas y no satisfechas.
  • Sobre las deudas correspondientes al año natural en que se exija el pago y al inmediato anterior.
  • Son titulares de este derecho el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.

 

Afección de Bienes, Art. 79 ,Ley General Tributaria

Se establece la responsabilidad subsidiaria para los adquirentes de bienes afectos por Ley al pago de la deuda tributaria, que responderán con dichos bienes, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga.

Los bienes y derechos transmitidos estarán afectos por los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones.

Los beneficios fiscales cuya definitiva efectividad dependan del ulterior cumplimiento por el obligado tributario de cualquier requisito, cuando este no se cumpla.

 

Derecho de Retención: La Administración tributaria tendrá derecho de retención frente a todos sobre las mercancías declaradas en las aduanas para el pago de la pertinente deuda aduanera y fiscal, por el importe de los respectivos derechos e impuestos liquidados, de no garantizarse de forma suficiente el pago de la misma.

 

Medidas Cautelares, Art. 81 ,Ley General Tributaria (Modificado en sus apartados 6 y 8 por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, con efectos a partir del 12/10/2015)

Para asegurar el cobro de las deudas para cuya recaudación sea competente, la Administración tributaria podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se vería frustrado o gravemente dificultado. (RD-ley 20/2011, de 30 de diciembre).

La medida cautelar deberá ser notificada al afectado con expresa mención de los motivos que justifican su aplicación.

Cuando se solicite a la Administración tributaria la adopción de medidas cautelares en el marco de la asistencia mutua, el documento procedente del Estado o entidad internacional o supranacional que las solicite que permita la adopción de medidas cautelares no estará sujeto a acto alguno de reconocimiento, adición o sustitución por parte de la Administración tributaria española.

 Las medidas habrán de ser proporcionadas al daño que se pretenda evitar y en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda. En ningún caso se adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación.(RD-ley 20/2011, de 30 de diciembre).

Las medidas cautelares podrán consistir en:

  • La retención del pago de devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar la Administración tributaria. La retención cautelar total o parcial de una devolución tributaria deberá ser notificada al interesado junto con el acuerdo de devolución.
  • El embargo preventivo de bienes y derechos, del que se practicará, en su caso, anotación preventiva.
  • La prohibición de enajenar, gravar o disponer de bienes o derechos.
  • La retención de un porcentaje de los pagos que las empresas que contraten o subcontraten la ejecución de obras o prestación de servicios correspondientes a su actividad principal realicen a los contratistas o subcontratistas, en garantía de las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación.
  • Cualquier otra legalmente prevista.

Las medidas cautelares reguladas en el Art. 81 ,Ley General Tributaria podrán adoptarse durante la tramitación de los procedimientos de aplicación de los tributos desde el momento en que la Administración tributaria actuante pueda acreditar de forma motivada y suficiente la concurrencia de los presupuestos establecidos en el 81.1,81.3 ,Ley General Tributaria

Los efectos de las medidas cautelares cesarán en el plazo de seis meses desde su adopción, salvo en los siguientes supuestos:

a) Que se conviertan en embargos en el procedimiento de apremio o en medidas del apartado 8 de este artículo o en medidas cautelares judiciales, que tendrán efectos desde la fecha de adopción de la medida cautelar.

b) Que desaparezcan las circunstancias que motivaron su adopción.

c) Que, a solicitud del interesado, se acordase su sustitución por otra garantía que se estime suficiente.

En todo caso, las medidas cautelares deberán ser levantadas si el obligado tributario presenta aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución que garantice el cobro de la cuantía de la medida cautelar. Si el obligado procede al pago en período voluntario de la obligación tributaria cuyo cumplimiento aseguraba la medida cautelar, sin mediar suspensión del ingreso, la Administración Tributaria deberá abonar los gastos de la garantía aportada.

d) Que se amplíe dicho plazo mediante acuerdo motivado, sin que la ampliación pueda exceder de seis meses.

e) Que se adopten durante la tramitación del procedimiento descrito en el artículo 253 de esta Ley o tras su conclusión. En estos casos sus efectos cesarán en el plazo de veinticuatro meses desde su adopción.

 Si se hubieran adoptado antes del inicio de la tramitación descrita en el artículo 253 de esta Ley, una vez dictada la liquidación a que se refiere el artículo 250.2 de esta Ley, podrá ampliarse el plazo mediante acuerdo motivado, sin que la ampliación total de las medidas adoptadas pueda exceder de 18 meses.

Las medidas a que se refiere este párrafo e) podrán convertirse en embargos del procedimiento de apremio iniciado para el cobro de la liquidación practicada.

Si con posterioridad a su adopción, se solicitara al órgano judicial penal competente la suspensión contemplada en el artículo 305.5 del Código Penal, las medidas adoptadas se notificarán al Ministerio Fiscal y al citado órgano judicial y se mantendrán hasta que este último adopte la decisión procedente sobre su conservación o levantamiento


Se podrá acordar el embargo preventivo de dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar el pago de la deuda tributaria que proceda exigir por actividades lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. Asimismo, podrá acordarse el embargo preventivo de los ingresos de los espectáculos públicos que no hayan sido previamente declarados a la Administración tributaria.

Cuando con motivo de un procedimiento de comprobación e investigación inspectora se haya formalizado denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública o se haya dirigido proceso judicial por dicho delito sin que se haya dictado la liquidación a que se refiere el artículo 250.2 de esta Ley, podrán adoptarse, por el órgano competente de la Administración Tributaria, las medidas cautelares reguladas en este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional decimonovena.

Si la investigación del presunto delito no tuviese origen en un procedimiento de comprobación e investigación inspectora, las medidas cautelares podrán adoptarse por el órgano competente de la Administración Tributaria con posterioridad a la incoación de las correspondientes diligencias de investigación desarrolladas por el Ministerio Fiscal o, en su caso, con posterioridad a la incoación de las correspondientes diligencias penales.

En los supuestos a que se refieren los párrafos anteriores, las medidas cautelares podrán dirigirse contra cualquiera de los sujetos identificados en la denuncia o querella como posibles responsables, directos o subsidiarios, del pago de las cuantías a las que se refiere el artículo 126 del Código Penal.

Adoptada, en su caso, la medida cautelar por el órgano competente de la Administración Tributaria, se notificará al interesado, al Ministerio Fiscal y al órgano judicial competente y se mantendrá hasta que este último adopte la decisión procedente sobre su conversión en medida jurisdiccional o levantamiento

 

Garantías para el aplazamiento y fraccionamiento de la deuda, Art. 82 ,Ley General Tributaria  (Modificado en su apartado 1º por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, con efectos a partir del 12/10/2015)

Para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la Administración Tributaria podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.

Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado o que su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica, la Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente, en la forma que se determine reglamentariamente.

En los términos que se establezcan reglamentariamente, el obligado tributario podrá solicitar de la Administración que adopte medidas cautelares en sustitución de las garantías previstas en los párrafos anteriores. En estos supuestos no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 6 del artículo anterior de esta Ley

Constitución de hipoteca unilateral a favor de la Administración, en garantía de un aplazamiento/fraccionamiento o de suspensión. Tributación por el ITPYAJD. Debe diferenciarse:

  • Si el deudor es sujeto pasivo del IVA. La operación por la modalidad de TPO, al quedar sujeta a IVA (Art. 7.5 ,ITPYAJD). En IVA está exenta de IVA en virtud del artículo 20.Uno.18ª LIVA.
    Sin perjuicio de lo anterior, quedaría sujeta a la modalidad de AJD por el documento notarial de constitución de la hipoteca unilateral, cuota variable o gradual del Art. 31.2 ,ITPYAJD. En este caso, el sujeto pasivo será la Administración, como adquirente del derecho, resultando de aplicación las exenciones subjetivas del citado Art. 45 ,ITPYAJD.
  • Si el deudor no ostenta la condición de sujeto pasivo del IVA. Se trata de una operación sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados, en la modalidad de TPO. Puesto que se trata de la constitución de un derecho real, según el Art. 8 ,ITPYAJD, apartado c), en caso de aceptación, será sujeto pasivo del impuesto el acreedor hipotecario, esto es, el organismo público, al que resultarán de aplicación las exenciones subjetivas del Art. 45 ,ITPYAJD.
  • Si no se acepta la hipoteca, la operación tributaría por la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, documentos notariales, cuota gradual, resultando sujeto pasivo la Administración, que quedaría pues exenta de acuerdo con lo señalado anteriormente.

Ver resolución TEAC TEAC 00/947/2013, de 03/12/2013

 

Dispensa total o parcial de la constitución de las garantías.

  1. Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la normativa tributaria.
  2. Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública.
  3. En los demás casos que establezca la normativa tributaria

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Deuda tributaria
Derecho de prelación
Hipoteca legal tácita
Derecho de retención
Obligado tributario
Hipoteca
Embargo preventivo
Derecho real de prenda
Prenda
Pago de la deuda tributaria
Derechos reales
Mercancías
Responsabilidad
Obligaciones tributarias
Procedimiento de apremio
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Afección de bienes
Realización forzosa
Importaciones de bienes
Aval
Beneficios fiscales
Aduanas
Indicio racional
Impuesto sobre el Valor Añadido
Seguro de caución
Sociedad de garantía recíproca
Entidades de crédito
Prohibición de enajenar
Anotación preventiva
Prestación de servicios
Ejecuciones de obras
Subcontratista
Querella
Subcontratación
Pago en periodo voluntario
Hipoteca unilateral
Delitos contra la Hacienda Pública
Actos jurídicos documentados
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Actividades económicas