Gestión, uso, enajenación y cesión de los bienes patrimoniales

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    PRIMERO.- Los demandantes impugnan el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès de fecha 28 de abril de 2003 por el que se convocó subasta pública para la enajenación de determinados inmuebles de naturaleza patrimonial y se aprobó el pliego de cláusulas económico-administrativas de la licitación.Con carácter previo procede tratar las alegaciones de inadmisibilidad del recurso planteadas por el Ayuntamiento y por una de las codemandadas, la entidad Promoboyal Promoven B...

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La gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales por las Administraciones públicas se ajustarán a los principios:

a) Eficiencia y economía en su gestión.

b) Eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos.

c) Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes.

d) Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados.

El uso en los bienes patrimoniales de la Administración Pública.

Los bienes patrimoniales de la Administración Pública podrán afectarse a un uso general o a un servicio público.

Podrán ser usados sin que se conviertan en bienes de dominio público.

 

Y el uso que puedan ejercer terceros (particulares) se llevará a cabo a través de un precio estipulados:

Este uso se podrá formalizar por cualquier tipo de contrato, cuya duración no podrá exceder de 20 años.

Pero como regla general esa adjudicación debe ser por concurso.

Todo bien patrimonial de los entes públicos podrá ser enajenado, como veremos.

 

La enajenación y cesión de los bienes patrimoniales.

Dos de las características de los bienes patrimoniales es que son enajenables y prescriptibles, es decir, pueden venderse y pueden ser adquiridos por particulares por prescripción adquisitiva.

En relación a la enajenación y cesión, la garantía de los intereses públicos y la objetividad con que debe de actuar las administraciones impone algunas cautelas competenciales y procedimientales, así como algunos límites a la enajenación de los bienes patrimoniales.

Respecto a los bienes patrimoniales de la Administración del Estado, requiere la declaración de alienabilidad del Ministro de Economía y Hacienda o en su caso del Consejo de Ministros si el valor del bien excede de 18 millones de euros. La enajenación se llevará acabo mediante subasta pública.

Los bienes patrimoniales de las corporaciones locales requieren para cualquier clase de enajenación la aprobación por mayoría absoluta del pleno si el valor del bien excede del 20 % de los recursos del municipio. El procedimiento normal de enajenación será abierto y por subasta. Los actos de disposición de bienes y derechos de las Administraciones Públicas entre sí y entre éstas y las Entidades públicas dependientes o vinculadas se instrumentarán a través de convenios administrativos.

Respecto a la permuta de bienes podrá llevarse a cabo siempre que la diferencia de valor entre los bienes que se trate de permutar no sea superior al cuarenta por ciento del que lo tenga mayor, requiriendo en todo caso la previa valoración por el municipio y acreditación de su necesidad. (Ver caso práctico Permuta de bienes de las Administraciones Publicas).

La cesión gratuita requiere la aprobación por mayoría absoluta de los miembros de la corporación, previo expediente justificando el beneficio de la misma para el municipio y con el derecho de devolución del bien cedido si no se destina al fin por el que se cedió. Si los bienes inmuebles cedidos no se destinasen al uso previsto dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión o dejasen de estarlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán a la administración local con todas las mejoras realizadas.

Los bienes patrimoniales de las CCAA requieren igualmente la aprobación por la Asamblea Legislativa para la enajenación de determinados bienes, debiéndose además justificar las razones de interés público de la misma.

 

 

 

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