Impugnación de los acuerdos sociales del órgano de la junta general en la Sociedad Anónima

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 26/01/2016

Podrán ser impugnados, según las normas y dentro de los plazos que establece la ley, los acuerdos de la junta que sean contrarios a la ley, se opongan a los estatutos o lesionen, en beneficio de uno o varios accionistas o terceros, los intereses de la sociedad. (Art. 204 ,Ley de Sociedades de Capital)

 

 

Dentro de los acuerdos nulos cabe distinguir, a su vez, entre acuerdos cuya nulidad es absoluta y que el paso del tiempo no puede sanar y otros cuya nulidad es relativa, ya que la acción de impugnación contra ellos caduca en el plazo de 1 año.

  • Acuerdos nulos.

En todo caso, puede indicarse que la ley estima que son nulos los acuerdos contrarios a la ley, si bien ha de entenderse que bajo esta expresión se comprende únicamente aquellos acuerdos que sean contrarios a las normas imperativas.

Dentro de estos acuerdos nulos se encuentran los que "por su causa o contenido resultaren contrarios al orden público", cuya nulidad ha de estimarse como absoluta. La delimitación de estos acuerdos ha de referirse al hecho concurrente de que su causa o su contenido sea contrario al orden público, cuya concreción resulta muy difícil.

Como la Ley de Sociedades Anónimas parte para definir el acuerdo nulo, de su vulneración de la ley, habremos de estimar que nos encontraremos ante una nulidad absoluta solo cuando el acuerdo, además de infringir una norma imperativa, sea contrario por su causa o contenido al orden público.

  • Acuerdos anulables.

Son aquellos que se opongan a los estatutos o lesionen, en beneficio de uno o varios accionistas o de terceros, los intereses de la sociedad. Los jueces y tribunales podrán anular los acuerdos de la junta general cuando concurran en ellos las siguientes circunstancias:

  1. Que sean contrarios a los intereses de la sociedad, entendidos como intereses comunes a todos los socios.
  2. Que el acuerdo produzca un beneficio de uno o varios accionistas o de un tercero, sin que haya que entenderlo exclusivamente en el sentido económico, sino también en cualquier ventaja de carácter político-social o profesional.
  3. Que exista una relación de causalidad entre la lesión del interés social y el beneficio experimentado por el socio/s.

Si nos planteamos la incidencia de la invalidez en el proceso de constitución de la junta o simplemente en el acuerdo, distinguimos:

- Los acuerdos cuya invalidez deriva de causas que inciden sobre el proceso de adopción del acuerdo por parte de la junta general.

- Los acuerdos cuya invalidez deriva directamente de su propio contenido.

Esta distinción tiene especial trascendencia, ya que los acuerdos cuya causa de nulidad o anulabilidad deriva del proceso de la adopción del acuerdo, esto es, de defectos que afectan normalmente a la constitución de la junta general, lo cual puede tener como consecuencia la nulidad, o en su caso anulabilidad, de todos los acuerdos adoptados por la junta general. Los accionistas impugnantes deben hacer constar los defectos de la constitución del órgano, en especial los defectos de la convocatoria, al inicio de la reunión. Por el contrario, lo casos señalados en el segundo apartado, afectan a la validez del contenido de un determinado acuerdo.

Caso de convalidación del acuerdo

No procede la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro. Si la propia junta general, si ello es posible, deja sin efecto un acuerdo suyo anterior o convalida dicho acuerdo, sanando los defectos que tuviera, la declaración judicial de invalidez del acuerdo primitivo carece de sentido. Por ello, y con una finalidad de economía procesal, la ley nos dice que "si fuere posible eliminar la causa de impugnación el juez otorgará un plazo razonable para que aquélla pueda ser subsanada.

Personas legitimadas

La ley se ocupa de la legitimación activa y pasiva en la acción de impugnación de los acuerdos sociales.

Con relación a la legitimación activa, la ley distingue el supuesto de impugnación de acuerdos nulos o anulables:

- En el primer caso, la legitimación es amplia, ya que están legitimados todos los accionistas, aun cuando hayan votado a favor del acuerdo, los administradores y cualquier tercero que acredite interés legítimo.

- En el segundo caso, están legitimados los accionistas asistentes a la junta que hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo, los ausentes y los que hubiesen sido ilegítimamente privados del voto, así como los administradores.

Con relación a la legitimación pasiva, la ley nos indica que las acciones de impugnación deberán dirigirse contra la sociedad. Además, la ley establece dos reglas especiales.

- La primera es que cuando el demandante tuviere la representación exclusiva de la sociedad (caso de administrador único), y la junta no tuviere designado a nadie a tal efecto, el juez ha de nombrar a la persona que ha de representar a la sociedad en el proceso entre los accionistas que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado.

- La segunda regla consiste en que los accionistas que hubieran votado a favor del acuerdo impugnado pueden intervenir a su costa en el proceso para mantener su validez.

Caducidad de las acciones de impugnación

La ley establece unos plazos de caducidad de las acciones de impugnación y no de prescripción. Ello quiere decir que a los efectos del cómputo de esos plazos, no se excluyen los días inhábiles.

En el caso de los acuerdos nulos, por regla general, la acción de impugnación caduca en el plazo de 1 año. Sin embargo, si la nulidad es absoluta, dada la nulidad radical, el acuerdo no es sanable por prescripción.

En el supuesto de acuerdos anulables, la acción de impugnación tiene un plazo de caducidad de 40 días, días que serán computados como naturales.

El cómputo de los plazos de caducidad antes descritos, ha de hacerse desde la fecha de la adopción del acuerdo, y si fueran inscribibles, desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. El día de adopción del acuerdo o el de su publicación quedan excluidos del cómputo.

En lo relativo al procedimiento, hay que mencionar lo siguiente:

- Es el juez competente para conocer de las acciones de impugnación el del domicilio de la sociedad.

- Las acciones de impugnación se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en la LEC. Las sentencias dictadas por los jueces de primera instancia serán apelables, siguiendo las normas generales, ante las audiencias provinciales.

- Cuando los demandantes representen al menos el 5% del capital social pueden solicitar en su escrito de demanda la suspensión del acuerdo impugnado.

- El juez podrá acordar, a su prudente arbitrio y previa solicitud del demandante y con audiencia de la sociedad demandada, la anotación preventiva de la demanda de impugnación de los acuerdos sociales.

- La sentencia que estime la impugnación producirá efectos frente a todos los accionistas, pero no afectará a los derechos adquiridos por terceros de buena fe a consecuencia del acuerdo impugnado. La sentencia firme que declare la nulidad de un acuerdo inscribible habrá de inscribirse en el registro mercantil.

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