Inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad de los bienes del dominio público. Potestades administrativas para su protección

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Régimen Jurídico

 

Los bienes de dominio público se encuentren afectos a un fin o uso público. Ello implica que se protejan de una manera especial, en garantía del fin al que se destinan.

La garantía especial de estos bienes aparece regulada en nuestra Constitución (Art. 132 ,Constitución Española) y se reconduce a la idea de la incomerciabilidad de los bienes de dominio público.

Es tradicional tanto en la doctrina como en la jurisprudencia y a nivel legal que los bienes de dominio público se encuentren “fuera del comercio de los hombres”, es decir extra commercium.

Esta característica fundamental de los bienes que integran el dominio público, admite diversas modalidades o manifestaciones:

  • -Inalienabilidad.
  • -Imprescriptibilidad.
  • -Inembargabilidad.

Todas estas manifestaciones del principio de incomerciabilidad son principios y exigencias constitucionales y, por ello, han de inspirar, necesariamente, la regulación jurídica del dominio público.

Modalidades de incomerciabilidad:

INALIENABILIDAD.

Significa que los bienes de dominio público no pueden ser objeto de transmisión o cesión, no son enajenables o transmisibles a otra persona, por convenio o contrato. Esta prohibición legal tiene carácter absoluto y se basa en la exigencia de conservar, de modo completo e íntegro, la afectación del bien demanial a su fin público.

Esta prohibición no ha de entenderse en sentido total, es decir, del derecho de propiedad, sino también en sentido parcial, porque legalmente tampoco cabe admitir derechos o cargas reales civiles de gravamen sobre bienes de dominio público.

Esta prohibición legal sólo afecta, por otra parte, a los derechos y cargas reales de naturaleza civil, pero no incluye y es compatible con la posibilidad de constituir derechos reales administrativos a favor de terceras personas mediante procedimientos o técnicas jurídicas de DERECHO PÚBLICO como la autorización o la concesión demanial que otorgan el derecho al uso especial o privativo de un bien de Derecho Público.

Ahora bien, el hecho de que el Derecho Público sea inalienable no obsta para que, un bien así calificado es objeto de desafectación y adquiere por tanto la calificación de PATRIMONIAL, puede ser enajenado. La enajenación de un bien de dominio público sería nula, por darse el supuesto de nulidad contemplado en el apartado c) del Art. 62 ,LRJAP por contenido imposible.

En consecuencia como tal acto nulo:

1º. La enajenación no podría ser subsanada.

2º. La Administración podría recuperar sus bienes en cualquier momento en uso de una de las facultades de que goza la Administración Pública en relación con tales bienes: LA RECUPERACIÓN DE OFICIO.

3º. La nulidad puede ser instada no solo por la Administración Pública sino por terceros interesados.

4º. No cabe oponer frente al acto de enajenación nulo la protección registral del tercero de buena fe.

IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DOMINIO PÚBLICO.

Los bienes de dominio público no son susceptibles de usucapir o prescripción adquisitiva. (Recordemos que la prescripción adquisitiva constituye un modo de adquisición de la propiedad por el transcurso del tiempo).

Por ello, aunque estos bienes, de hecho, pueden verse afectados por una ocupación, como sucede con alguna frecuencia (ocupación de parte de los caminos, vías pecuarias, riberas de los ríos y, sobre todo, de la zona marítima terrestre, estos supuestos constituyen en rigor simples casos de posesión de hecho ilegítima que carecen, por ello, de efectos adquisitivos .)

INEMBARGABILIDAD.

El Dominio Público tampoco es susceptible de embargo ni, en general, cabe ningún tipo de ejecución o apremio sobre bienes de esta naturaleza, y ELLO PORQUE TODA ACCIÓN DE EMBARGO SUPONE LA POSIBILIDAD DE UNA VENTA o enajenación del bien.

El fundamento de la prohibición de embargo de los bienes de Dominio Público derivada la necesidad de evitar el perjuicio o daño que para el interés público significaría la interrupción del servicio público o la desaparición del uso público a que se encuentre afectado el bien en cuestión.

En nuestro Derecho el principio de inembargabilidad se halla contemplado en el 132.1 ,Constitución Española, en relación con el 44.1 ,Ley General Presupuestaria.

 

 

POTESTADES ADMINISTRATIVAS

 

La protección del dominio público comprende también una serie de potestades administrativas, es decir, poderes de actuación que la Administración Pública puede ejercer por sí misma.

El ejercicio de estos poderes no constituye una facultad sino también un deber de la Administración Pública.

Las potestades administrativas más destacables y que permitan una defensa eficaz y rápida frente a usurpaciones, perturbaciones y actuaciones ilegítimas de otros sujetos y particulares son las siguientes:

  • Recuperación administrativa.
  • Deslinde administrativo.
  • Policía demanial.
  • Publicidad posesoria, sin necesidad de inscripción registral.

 

- RECUPERACIÓN ADMINISTRATIVA.

La Administración Pública se encuentra legitimada para efectuar por sí misma, en via administrativa (de oficio) y sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia, la recuperación de sus bienes de dominio público. Esta potestad administrativa no incluye ni alcanza a cuestiones de propiedad, las cuales son competencia de la jurisdicción civil, por ley: Art. 22 ,LOPJ.

Para llevar a cabo la recuperación posesoria la Administración Pública debe tramitar un expediente en el que habrá de demostrar que el bien cuya posesión trata de recobrar es de dominio público y que su utilización pública se halla obstaculizada por la persona contra la que se ejercita la potestad administrativa. En el trascurso del expediente de recuperación deberá darse al poseedor o detentador del bien intervención en trámite de audiencia.

La facultad de recuperación de oficio carece de límite temporal, cuando se trata de bienes demaniales (Art. 55 ,Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas) debido a la imprescriptibilidad del dominio público.Cuando se trata de bienes patrimoniales de la Administración Pública la recuperación de la posesión en vía administrativa requiere que la iniciación del procedimiento haya sido notificada antes de que transcurra el plazo de un año, contado desde el día siguiente al de la usurpación. Pasado dicho plazo, para recuperar la posesión de estos bienes deberán ejercitarse las acciones correspondientes ante los órganos del orden jurisdiccional civil.  (Ver caso práctico Recuperacion de un bien de dominio publico)

- DESLINDE ADMINISTRATIVO.

La Administración Pública también puede delimitar las parcelas de dominio público, fijando su extensión y límites.

La diferencia con un particular radica en que éste para efectuar el deslinde de su finca debe seguir un procedimiento judicial.

Para efectuar el deslinde ha de seguirse el trámite de un expediente administrativo que podrá iniciarse de oficio o a instancia de los colindantes, en cuya instrucción se ha de dar audiencia a los interesados.

El acto administrativo que aprueba el deslinde tiene carácter ejecutivo, sin perjuicio de la posible impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando la impugnación se base en aspectos formales (por infracción de procedimiento) o bien ante la jurisdicción civil, si se produjesen lesión de derechos de propiedad.

Una vez realizado el deslinde se procederá al AMOJONAMIENTO, esto es, a fijar materialmente sobre el terreno, mediante unos hitos o mojones, la delimitación del inmueble. Deben participar los interesados.

- POLICIA DEMANIAL.

Para asegurar y proteger la integridad y conservación del dominio público de usurpaciones o usos abusivos, la Administración Pública tiene poderes de policía, que incluyen, como tales, desde la potestad de vigilancia o inspección hasta la de imponer sanciones .

No existe en nuestro Derecho una regulación jurídica general de la policía administrativa relativa al dominio público, ni de la potestad sancionadora de la Administración a este respecto. Habrá que estar en esta materia a la legislación sectorial (aguas, minas, carreteras…)

- PUBLICIDAD POSESORIA.

Supone que la Administración titular del dominio público no necesita inscribir en el Registro de la Propiedad los bienes de este carácter porque se entiende que estos bienes tienen su propia afectación al uso o servicio público, una publicidad material, que es patente.

 

 

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Bienes de dominio público
Inalienabilidad
Inembargabilidad
Imprescriptibilidad
Potestades administrativas
Uso público
Usucapión
Derecho de propiedad
Afectación de bienes
Concesiones demaniales
Derechos reales
Recuperación de la posesión
Desafectación elementos patrimoniales
Buena fe del tercero
Protección registral
Deslinde
Adquisición de la propiedad
Vías pecuarias
Deslinde administrativo
Interés publico
Inscripción registral
Poseedor
Competencia de la jurisdicción
Usurpación
Bienes patrimoniales
Patrimonio de las Administraciones Públicas
Potestad sancionadora
Jurisdicción contencioso-administrativa
Amojonamiento
Inscripción en Registro de la Propiedad