Infracciones y sanciones en materia de responsabilidad medioambiental

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 02/03/2017

Los Art. 35-40 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre se ocupan de regular el régimen de infracciones y sanciones en  materia de responsabilidad medioambiental. Dicho régimen prevé un catálogo de infracciones muy graves y otras graves (en esta materia no existen las leves) cuyas sanciones son las siguientes:

  • En caso de infracción muy grave:

    • Multa de 50.001 hasta 2.000.000 de euros.

    • Extinción de la autorización o suspensión de ésta por un período mínimo de un año y máximo de dos años.

  •  En caso de infracción grave:

    • Multa de 10.001 hasta 50.000 euros.

    • Suspensión de la autorización por un periodo máximo de un año.

 

El régimen de infracciones y sanciones en  materia de responsabilidad medioambiental se encuentra regulado en los Art. 35-40 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre. A este respecto y tras señalar que podrán ser sancionadas por los hechos constitutivos de las infracciones administrativas reguladas en el capítulo al que hacen referencia, las personas físicas y jurídicas privadas que sean operadores de actividades económicas o profesionales y que resulten responsables de los mismos (Art. 35-40 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre), el Art. 36 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre precisa lo siguiente en relación a las infracciones:

  •  Son infracciones administrativas las acciones y las omisiones que se tipifican en los artículos siguientes, así como las que, en su caso, establezca la legislación autonómica de desarrollo de esta ley.

  • Si un mismo hecho u omisión fuera constitutivo de dos o más infracciones, se tomará en consideración únicamente aquella que comporte mayor sanción.

  • No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en los que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. En los supuestos en los que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o de falta, la autoridad competente pasará el tanto de la culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado.

    De no haberse estimado la existencia de delito o de falta, el Ministerio Fiscal lo pondrá en conocimiento de la autoridad competente, que podrá continuar el expediente sancionador teniendo en cuenta en todo caso los hechos que los tribunales hayan considerado probados.

  • La tramitación de un procedimiento sancionador por las infracciones reguladas en este capítulo no postergará la exigencia de las obligaciones de adopción de medidas de prevención, de evitación de nuevos daños o de reparación previstas en esta ley, que serán independientes de la sanción que, en su caso, se imponga.

Por lo que respecta al concreto cuadro de infracciones (muy graves y graves, al no incluir infracciones leves) el Art. 37 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre incluye las siguientes:

  • Infracciones muy graves 

    • No adoptar las medidas preventivas o de evitación exigidas por la autoridad competente al operador en aplicación del Art. 17 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre, cuando ello tenga como resultado el daño que se pretendía evitar.

    • No ajustarse a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicación del Art. 18 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre a la hora de poner en práctica las medidas preventivas o de evitación a que esté obligado el operador, cuando ello tenga como resultado el daño que se pretendía evitar.

    • No adoptar las medidas reparadoras exigibles al operador en aplicación de los Art. 19,Art. 20 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre, cuando ello tenga como resultado un detrimento de la eficacia reparadora de tales medidas.

    • No ajustarse a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicación del Art. 21 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre al poner en práctica las medidas reparadoras a que esté obligado el operador, cuando ello tenga como resultado un detrimento de la eficacia reparadora de tales medidas.

    • No informar a la autoridad competente de la existencia de un daño medioambiental o de una amenaza inminente de daño producido o que pueda producir el operador y de los que tuviera conocimiento, o hacerlo con injustificada demora, cuando ello tuviera como consecuencia que sus efectos se agravaran o llegaran a producirse efectivamente.

    • El incumplimiento de la obligación de concertar en los términos previstos en esta ley las garantías financieras a que esté obligado el operador, así como el hecho de que no se mantengan en vigor el tiempo que subsista dicha obligación.

  • Infracciones graves:

    • No adoptar las medidas preventivas o de evitación exigidas por la autoridad competente al operador en aplicación del Art. 17 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave.

    • No ajustarse a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicación del Art. 18 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre al poner en práctica las medidas preventivas o las de evitación a que esté obligado el operador, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave.

    • No adoptar las medidas reparadoras exigidas al operador por la autoridad competente en aplicación del Art. 19 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave.

    • No ajustarse, a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicación del Art. 21 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre a la hora de poner en práctica las medidas reparadoras a que esté obligado el operador, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave.

    • No informar a la autoridad competente de la existencia de un daño medioambiental o de una amenaza inminente de daño producido o que pueda producir el operador y de los que tuviera conocimiento, o hacerlo con injustificada demora, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave.

    • No facilitar la información requerida por la autoridad competente al operador, o hacerlo con retraso, de acuerdo con lo previsto en los Art. 18,Art. 21 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre.

    • No prestar el operador afectado la asistencia que le fuera requerida por la autoridad competente para la ejecución de las medidas reparadoras, preventivas o de evitación, de acuerdo con lo establecido en el Art. 9 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre

    • La omisión, la resistencia o la obstrucción de aquellas actuaciones que fueren de obligado cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en esta ley.

Las infracciones anteriormente señaladas darán lugar a la imposición de todas o algunas de las siguientes sanciones (Art. 38 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre):

  • En caso de infracción muy grave:

    • Multa de 50.001 hasta 2.000.000 de euros.

    • Extinción de la autorización o suspensión de ésta por un período mínimo de un año y máximo de dos años.

  •  En caso de infracción grave:

    • Multa de 10.001 hasta 50.000 euros.

    • Suspensión de la autorización por un periodo máximo de un año.

Si se ocasionaran daños medioambientales o se agravaran los ya producidos como consecuencia de la omisión, retraso, resistencia u obstrucción por parte del operador en el cumplimiento de obligaciones previstas en esta ley, cuya inobservancia fuera constitutiva de una infracción, el operador estará obligado, en todo caso, a adoptar las medidas de prevención, de evitación y de reparación reguladas en esta ley, con independencia de la sanción que corresponda (apdo. 2 del Art. 38 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre). Igualmente se prevé que, anualmente, las autoridades competentes darán a conocer, una vez firmes, las sanciones impuestas por las infracciones cometidas de la ley, los hechos constitutivos de tales infracciones, así como la identidad de los operadores responsables (apdo. 3 del Art. 38 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre).

Por lo demás, el Art. 39 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre señala que en la imposición de sanciones las Administraciones públicas deberán guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerando a tal efecto los criterios establecidos en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (la referencia debe entenderse hecha al Art. 29 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, y el Art. 40 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre establece el siguiente régimen de prescripción:

  • Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años y las graves a los dos años.

    El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en el que la infracción se hubiese cometido o, cuando se trate de una actividad continuada, desde su finalización.

  • Las sanciones impuestas por faltas graves prescribirán a los dos años y las impuestas por faltas muy graves a los tres años.

    El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en el que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

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