Infracciones de los trabajadores o asimilados, beneficiarios y solicitantes de prestaciones

TIEMPO DE LECTURA:

  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 27/05/2020

Las Infracciones de los trabajadores o asimilados, beneficiarios y solicitantes de prestaciones, se regulan en los arts. 24-26 LISOS.

Podemos clasificar las infracciones en las siguientes:

Infracciones leves

Son infracciones leves (art. 24 LISOS)

  1. No facilitar a la entidad correspondiente o a la empresa, cuando le sean requeridos, los datos necesarios para su afiliación o su alta en la Seguridad Social y, en su caso, las alteraciones que en ellos se produjeran, los de la situación de pluriempleo, y, en general, el incumplimiento de los deberes de carácter informativo.
  2. No comparecer, previo requerimiento, ante la entidad gestora de las prestaciones en la forma y fecha que se determinen, salvo causa justificada.
  3. En el caso de los solicitantes o beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, o de trabajadores por cuenta propia solicitantes o beneficiarios de la prestación por cese de actividad:
  • a) No comparecer, previo requerimiento, ante los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquellos, salvo causa justificada.
  • b) No devolver en plazo, salvo causa justificada, al servicio público de empleo o, en su caso, a las agencias de colocación sin fines lucrativos el correspondiente justificante de haber comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por aquéllos.
    c) No cumplir las exigencias del compromiso de actividad (1), salvo causa justificada, siempre que la conducta no esté tipificada como otra infracción leve o grave en los apartados siguientes.
  • d) No facilitar a los servicios públicos de empleo, la información necesaria para garantizar la recepción de sus notificaciones y comunicaciones. Las citaciones o comunicaciones efectuadas por medios electrónicos se entenderán validas a efectos de notificaciones siempre que los trabajadores hayan expresado previamente su consentimiento.

    4. En el caso de solicitantes o beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, los siguientes incumplimientos ante la entidad gestora de dichas prestaciones:

  • a) No facilitar la información necesaria para garantizar la recepción de sus notificaciones y comunicaciones. Las citaciones o comunicaciones efectuadas por medios electrónicos se entenderán validas a efectos de notificaciones siempre que los trabajadores hayan expresado previamente su consentimiento.
  • b) No cumplir el requisito, exigido para la conservación de la percepción de la prestación, de estar inscrito como demandante de empleo, salvo causa justificada (art. 268 LGSS).

Infracciones graves

Son infracciones graves (art. 25 LISOS)

  1. Efectuar trabajos por cuenta propia o ajena durante la percepción de prestaciones, cuando exista incompatibilidad legal o reglamentariamente establecida, sin perjuicio de la posible compatibilización del percibo de prestaciones o subsidio por desempleo con el trabajo por cuenta propia o ajena, salvo en el caso del trabajo a tiempo parcial en los términos previstos en la normativa correspondiente (en el supuesto de subsidio por desempleo de los trabajadores eventuales agrarios, se entenderá que el trabajador ha compatibilizado el percibo de la prestación con el trabajo por cuenta ajena o propia cuando los días trabajados no hayan sido declarados en la forma prevista en su normativa específica de aplicación). 
  2. No comparecer, salvo causa justificada, a los reconocimientos médicos ordenados por las entidades gestoras o colaboradoras, en los supuestos así establecidos, así como no presentar ante las mismas los antecedentes, justificantes o datos que no obren en la entidad, cuando a ello sean requeridos y afecten al derecho a la continuidad en la percepción de la prestación.
  3. No comunicar, salvo causa justificada, las bajas en las prestaciones en el momento en que se produzcan situaciones determinantes de la suspensión o extinción del derecho, o cuando se dejen de reunir los requisitos para el derecho a su percepción cuando por cualquiera de dichas causas se haya percibido indebidamente la prestación, siempre que la conducta no esté tipificada como infracción leve (art. 24.4 b) LISOS).
  4. En el caso de solicitantes o beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, o de trabajadores por cuenta propia solicitantes o beneficiarios de la prestación por cese de actividad:
  • Rechazar una oferta de empleo adecuada (2), ya sea ofrecida por los servicios públicos de empleo o por las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquéllos, salvo causa justificada.
  • Negarse a participar en los trabajos de colaboración social (2), programas de empleo, incluidos los de inserción profesional, o en acciones de promoción, formación o reconversión profesional, salvo causa justificada, ofrecidos por los servicios públicos de empleo o en las acciones de orientación e información profesional ofrecidas por las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquéllos.
Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves (art. 26 LISOS)

  1. Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan, o prolongar indebidamente su disfrute mediante la aportación de datos o documentos falsos; la simulación de la relación laboral; y la omisión de declaraciones legalmente obligatorias u otros incumplimientos que puedan ocasionar percepciones fraudulentas.
  2. Compatibilizar la solicitud o el percibo de prestaciones o subsidio por desempleo, así como la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos con el trabajo por cuenta propia o ajena, salvo en el caso del trabajo a tiempo parcial en los términos previstos en la normativa correspondiente. 
  3. La connivencia con el empresario para la obtención indebida de cualesquiera prestaciones de la Seguridad Social.
  4. La no aplicación o la desviación en la aplicación de las prestaciones por desempleo, que se perciban según lo que establezcan programas de fomento de empleo.

La Entidad Gestora no pude reclamar de oficio el exceso indebidamente percibido como consecuencia de haberse disfrutado de pensiones por encima de los topes permitidos, sino que debe acudir al órgano judicial. TSJ Pais Vasco, de 02/11/1999

1.1.5.2.1 El incumplimiento en materia de afiliación, altas y bajas

Entre estas obligaciones, impuestas ex lege al empresario figura la de solicitar la incorporación al sistema de seguridad social de los trabajadores que ingresan a su servicio (arts. 15-17 LGSS, 24, 27.2 y 32.3 del RD 84/1996, de 26 de enero), así como la de cumplir la obligación de cotizar o comunicar posibles bajas. (3)

Cuando el empresario incumpla su obligación de solicitar la afiliación de los trabajadores que entren a su servicio, éstos podrán solicitarla directamente a la Dirección Provincial de la Seguridad Social en cualquier momento posterior a la constatación del incumplimiento de sus obligaciones al respecto por el empresario. Asimismo, la afiliación podrá realizarse de oficio por las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuando se compruebe el incumplimiento de la obligación por el empresario y los propios trabajadores (arts. 32, 38 y 43 RD 84/1996, de 26 de enero):

1.- A instancia del empresario

  • Los empresarios están obligados a solicitar la afiliación al Sistema de la Seguridad Social de los trabajadores que sin estar afiliados comiencen a sus servicios. Implicando la solicitud de afiliación el alta inicial en el Régimen General (Art. 24 Real Decreto 84/1996, de 26 de enero).

2.- A instancia del trabajador

  • También están obligados a solicitar su afiliación los trabajadores por cuneta propia o asimilados que inicien su actividad y no se encuentren en esta situación. De la misma forma que cuando el empresario incumpla su obligación con trabajadores por cuenta ajena o asimilados éstos podrán solicitar su afiliación en el Sistema (art. 25 Real Decreto 84/1996, de 26 de enero).

3.- De oficio

  • Comprobado el incumplimiento de la solicitud de afiliación por parte de trabajadores o empresarios obligados a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o otros procedimientos. La Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social podrá efectuar la afiliación de oficio (art. 26  Real Decreto 84/1996, de 26 de enero).
Sanciones por tener a un trabajador sin dar de alta

El incumplimiento de alta y cotización a la Seguridad Social de la persona trabajadora, está tipificado en el art. 23 LISOS y conlleva una sanción grave para la empresa que puede ir de los 3.126 euros a los 10.000 euros en función del grado que el inspector de Trabajo aplique. Junto a la multa, el empresario tendrá que hacer frente a las cuotas impagadas a la Seguridad Social durante todo el periodo en que el empleado ha estado trabajando sin contrato.

Sin perjuicio de la sanción, otras de las posibles consecuencias serían:

- La pérdida de las ayudas concedidas y la imposibilidad de acceder a bonificaciones desde la fecha de la irregularidad y hasta dos años.

- Las correspondientes responsabilidades al empresario en el pago de las prestaciones a las que el trabajador tenga derecho (4). En el supuesto de incumplimiento total por no solicitar la inscripción en ningún momento, o la inscripción tardía o extemporánea por haberla solicitado una vez iniciada la actividad, hacen surgir la responsabilidad empresarial de las prestaciones a que tengan derecho los trabajadores mientras subsista la situación de incumplimiento, así como frente a las prestaciones que puedan haberse solicitado y para cuya percepción haya tenido incidencia un período de falta de cotización. (5)

- Si el contrato fuera temporal, podría convertirse en indefinido, salvo que de la propia naturaleza de los trabajos contratados se deduzca claramente la duración temporal de los mismos, sin perjuicio de ser multado administrativamente por cometer una falta grave, sancionada con multa de un mínimo de 626 euros a un máximo de 6.250 euros.

1. El incumplimiento en materia de afiliación, altas y bajas

El incumplimiento empresarial en materia de cotización será objeto de sanción con independencia de la recaudación en vía ejecutiva de las cotizaciones adeudadas.

En virtud de lo establecido en el art. 166.3 de la Ley General de la Seguridad Social se considera a los trabajadores comprendidos en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social, de pleno derecho, en situación de alta a efectos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y desempleo, aunque su empresario hubiere incumplido sus obligaciones. (6)

Por su parte el art. 167 LGSS, en su apartado 2, dispone que "el incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, altas y bajas y de cotización determinará la exigencia de responsabilidad en cuanto al pago de las prestaciones, previa la fijación de los supuestos de imputación y de su alcance y la regulación del procedimiento para hacerla efectiva". (7)

Siguiendo el principio de automaticidad de las prestaciones, fijado en el art. 281 LGSS, la Entidad gestora o colaboradora otorgará la prestación al beneficiario, aún en el supuesto de responsabilidad empresarial, subrogándose en los derechos del beneficiario contra el empresario responsable, sin perjuicio de su derecho a repetir contra el mismo por incumplidor. Es decir, cuando el derecho a la prestación se haya causado por haberse incumplido los requisitos legalmente previstos (el alta y, en su caso, los períodos de cotización) la responsabilidad corresponde a la entidad gestora, a la mutua de accidentes de trabajo o al empresario que asuma directamente el riesgo en virtud de las normas sobre colaboración voluntaria y, ello es así, en base a la responsabilidad empresarial por incumplimiento de las obligaciones de cotización.

2. Situaciones de infracotización 

Existen numerosos supuestos en los que las mercantiles incurren en supuestos de infracotización, desde meros errores administrativos a otros donde se persigue un interés por defraudar, pero que, en todo caso, suponen para el trabajador repercusiones directas sobre prestaciones, que han terminado por que el ordenamiento jurídico fije una serie de mecanismos para evitar el perjuicio ocasionado.

Como expresan las SSTS de 4 de octubre de 2006 y de 8 de marzo de 2011: "podrá moderarse reglamentariamente el alcance de la responsabilidad empresarial cuando el empresario ingrese las cuotas correspondientes a la totalidad de sus trabajadores", nada se especifica para el supuesto de que se cotice por una base inferior a la que corresponda (infracotización), salvo lo dispuesto en el art. 94.2 c, que determina el alcance de la responsabilidad empresarial en este supuesto en el abono a su cargo de "la diferencia entre la cuantía total de la prestación causada por el trabajador y la que corresponde asumir a la Seguridad Social por las cuotas efectivamente ingresadas". Por ello, la doctrina de esta Sala ha ido fijando los supuestos en que procede atemperar la responsabilidad empresarial, distinguiéndose según se trate de prestaciones derivadas de accidente laboral o de enfermedad común, y en función de la repercusión del incumplimiento empresarial sobre los requisitos de acceso a la protección, señalando que esa moderación de la responsabilidad para cuando la infracción de cotización resulta esporádica, no grave ni reiterada, se aplica a los supuestos de descubiertos en la cotización, pero no, salvo casos excepcionales, a los supuestos concretos de infracotización a la Seguridad Social (véase nuestra sentencia de 16.6.2005, r. 3332/03). Conclusión que tiene su lógica puesto que la moderación de la responsabilidad en caso de infracotización va ínsita en la determinación de su alcance a cargo del empresario, que abarca sólamente la diferencia entre la cuantía total de la prestación causada y la que corresponde a la Seguridad Social en virtud de las cuotas efectivamente ingresadas."

Siguiendo lo adelantado, la infracotización empresarial puede dilatarse en el tiempo de una forma dolosa -con ánimo defraudatorio- o por error. Bien por intervención de oficio o a instancia de parte de la ITSS, bien, cuando la persona trabajadora solicita algún tipo de prestación (jubilación, desempleo, incapacidad temporal , etc), la infracotización muestra sus consecuencias, asociadas, por lo general, a una menor cuantía de las prestaciones pretendidas, lo que ligado al apartado anterior, ausencia de cotización, supone también un incumplimiento del periodo de carecencia necesario para el acceso a la prestación. En ambos casos surge una responsabilidad empresarial sobre las prestaciones:
 
a) El incumplimiento total en materia de afiliación supondrá una responsabilidad empresarial de las prestaciones a que tengan derecho los trabajadores mientras subsista la situación de incumplimiento, así como frente a las prestaciones que puedan haberse solicitado y para cuya percepción haya tenido incidencia un período de falta de cotización.
 
b) El incumplimiento de la obligación de cotización parcial puede, a su vez, dividirse en dos supuestos.
  • Abono de cotizaciones en cuantía inferior a la estipulada.
  • Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por una tarifa inferior a la que corresponda.

La literalidad del art. 167.2 LGSS, implica que "El incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, altas y bajas y de cotización determinará la exigencia de responsabilidad, en cuanto al pago de las prestaciones, previa la fijación de los supuestos de imputación y de su alcance y la regulación del procedimiento para hacerla efectiva". Siguiendo la interpretación jurisprudencial del impreciso art. 167.2 LGSS (ex art. 126.1 LGSS/1994) (8), para la modulación de la responsabilidad empresarial por descubiertos en el pago de cotizaciones frente a posibles prestaciones asociadas a contingencias comunes podemos matizar:

a) Descubiertos ocasionales y rupturistas. Se impone distinguir entre descubiertos empresariales ocasionales y los que por su trascendencia bien pueden calificarse como rupturistas, en tanto que demostrativos de la intención empresarial de no cotizar, de forma que en el primer caso que no en el segundo el empresario ha de quedar exonerado de responsabilidad, hallándose la justificación incluso en criterios de legalidad constitucional, puesto que el incumplimiento de la obligación de cotizar no extingue las relaciones de Seguridad Social, sino que el impago de las cotizaciones constituye una infracción sancionable administrativamente [arts. 13, 37 y 38 de Ley 8/1988] y da lugar al cobro de dichas cotizaciones por vía ejecutiva con abono de los recargos procedentes [art. 52 LGSS], de forma que para no vulnerar el principio constitucional «non bis in idem» la responsabilidad empresarial tiene que vincularse a un incumplimiento con trascendencia en la relación jurídica de protección, pues en otro caso se sancionaría dos veces la misma conducta [sanción administrativa directa e indirecta], en términos que no puede autorizar una regla [art. 94.3 Decreto 907/1966, de 21 de abril, aprobando el texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social (LASS)] que tiene valor reglamentario y es preconstitucional (STS 08/05/97 [RJ 19973970] Sala General y rec. 3824/96);

b) Proporcionalidad en la responsabilidad, tanto en los supuestos de descubiertos de cotización temporales como en los que traen causa en cotización inferior a la debida, incluso en el supuesto de incumplimientos que impiden al trabajador cubrir el período de carencia. De esta manera, no sólo se ha liberado de responsabilidad a la empresa cuando los descubiertos son ocasionales, sino que cuando se le ha de imputar responsabilidad por descubiertos reiterados sean temporales o por cotización inferior a la debida, se hace responsable a la empresa y al INSS pero en proporción a la influencia que el defecto de cotización haya tenido en la cuantía de la prestación; y

c) Gravedad. El elemento de gravedad, que ha de ponderarse a efectos de la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes, no es esencial en orden a la determinación de la responsabilidad, pues el alcance de ésta no está en función de la gravedad del incumplimiento, sino de la cuantía de la prestación causada y del importe del capital coste cuando se trata de pensiones. Pero de todas formas no ha de pasarse por alto que en todo caso, tal como señalaba ya la más antigua doctrina (SSTS de 22/12/69; y 01/03/72), «la exculpación de las aseguradoras, en base al incumplimiento de leves o nimias formalidades, presupondría subversión del principio de la buena fe y de las reglas morales, que informan la contratación, conforme a los arts. 1255 y 1258 del CC»; y ha de destacarse igualmente (SSTS de 13/05/1971; 04/10/71; 02/10/73; 02/10/75; y 12/11/75) que el elemento intencional de la mala fe, no es presumible y por tanto la aseguradora viene obligada a probar en cada caso, su existencia, y de otra parte aún la demora en el pago, por si misma, no elimina ni excluye la responsabilidad de las aseguradoras, como se ha declarado en las SSTS 05/12/68, 01/04/69, 15/01/70, 21/04/75 y 23/10/75 (STS 18/09/80 , citada por la de 28/11/05 rec. 4928/04). Según STS 28/11/05 "si no ha existido fraude u ocultación, o si ha habido error en la base cotizada, o ha existido cualquier otra anomalía, pero se ha cotizado de forma que haya encontrado correcta la administración de la Seguridad Social, no puede alcanzar ninguna responsabilidad a la empresa, sino que es la Entidad Gestora la que debe responder."

3. Recargo por ingresos de las cotizaciones fuera de plazo

a) Falta de presentación de los documentos de cotización

La falta de presentación de los documentos de cotización, así como del pago de la deuda fuera de plazo reglamentario de ingreso, determinará la aplicación del recargo y el devengo de los intereses de demora, en los términos fijados en los arts. 21-33 LGSS y 10-11 Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio.

PRESENTACIÓN DOCUMENTOS

ABONO O NO DE CUOTAS

RECARGO

Cumplimiento dentro de plazo las obligaciones en materia de liquidación (apdos. 1 y 2, art. 29 LGSS)

Si se abonasen las cuotas debidas dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso

10% de la deuda

 Si se abonasen las cuotas debidas a partir del segundo mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso.

20% de la deuda

Falta de cumplimiento dentro de plazo las obligaciones en materia de liquidación (apdos. 1 y 2, art. 29 LGSS)

Si se abonasen las cuotas debidas antes de la terminación del plazo de ingreso establecido en la reclamación de deuda o acta de liquidación

20% de la deuda

Si se abonasen las cuotas debidas a partir de la terminación de dicho plazo de ingreso

35% de la deuda

Deudas con la Seguridad Social con carácter de ingresos de derecho público

Abono  dentro del plazo reglamentario que tengan establecido 

20% de la deuda

Falta de presentación imputable a error en la Administración

Falta de abono imputable a error en la Administración

NO

Efectos de la presentación de los documentos de cotización transcurrido el plazo reglamentario

  • No procederán las compensaciones por las prestaciones económicas abonadas, en régimen de pago delegado, por incapacidad temporal, correspondientes al mismo periodo, objeto de liquidación.
  • Se perderá el derecho a aplicar en ese período las deducciones por reducciones o bonificaciones en las cuotas que correspondieran, con carácter definitivo, y sin que se pueda ejercitar resarcimiento alguno sobre las referidas reducciones o bonificaciones con posterioridad.
  • Si las cuotas hubiesen sido o no reclamadas, se ingresarán con el recargo que proceda, en función del momento del ingreso y el procedimiento recaudatorio existente, así como con el interés de demora, en su caso.

b) Ingreso fuera de plazo

En consonancia con el anterior apartado, transcurrido el plazo reglamentario establecido para el pago de las cuotas a la Seguridad Social sin ingreso de las mismas y sin perjuicio de las especialidades previstas para los aplazamientos, se devengarán los siguientes recargos:

a) Cuando los sujetos responsables del pago hubieran cumplido dentro de plazo las obligaciones de transmitir por medios electrónicos a la Tesorería General de la Seguridad Social las liquidaciones de cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta y solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social el cálculo de la liquidación correspondiente a cada trabajador y transmitir por medios electrónicos los datos que permitan realizar dicho cálculo:

  • Recargo del 10 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso.
  • Recargo del 20 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas a partir del segundo mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso.

b) Cuando los sujetos responsables del pago no hubieran cumplido dentro de plazo las obligaciones de transmitir por medios electrónicos a la Tesorería General de la Seguridad Social las liquidaciones de cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta y solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social el cálculo de la liquidación correspondiente a cada trabajador y transmitir por medios electrónicos los datos que permitan realizar dicho cálculo:

  • Recargo del 20 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas antes de la terminación del plazo de ingreso establecido en la reclamación de deuda o acta de liquidación.
  • Recargo del 35 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas a partir de la terminación de dicho plazo de ingreso.

c) Las deudas con la Seguridad Social que tengan carácter de ingresos de derecho público y cuyo objeto esté constituido por recursos distintos a cuotas, cuando no se abonen dentro del plazo reglamentario que tengan establecido se incrementarán con el recargo del 20 por ciento.

c) Interés de demora

1. El interés de demora regulado en ell art. 31 LGSS, será de aplicación a todas las deudas con la Seguridad Social, constituidas por el importe de las cuotas y otros recursos objeto de gestión recaudatoria, así como por el de los recargos derivados de la falta de ingreso dentro de plazo reglamentario de tales cuotas y demás recursos.

2. El importe del interés de demora devengado y exigible se considerará deuda de Seguridad Social a efectos del pago y ejecución forzosa sobre el patrimonio del deudor, pero en ningún caso a efectos de la generación de nuevos intereses.

INCIO DEL DEVENGO DE INTERESES DE DEMORA SOBRE EL PRINCIPAL DE LA DEUDA

A partir del día siguiente al del vencimiento del plazo reglamentario de ingreso de las cuota

INCIO DEL DEVENGO DE INTERESES DE DEMORA SOBRE EL RECARGO APLICABLE AL PRINCIPAL

El día siguiente al de finalización del plazo de los quince días naturales siguientes a la notificación de la providencia de apremio o a la comunicación del inicio del procedimiento de deducción.

SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO POR INTERPOSICIÓN DE IMPUGNACIÓN ADMINISTRATIVA, POR DECISIÓN JUDICIAL EN EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO O POR CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA

 

No se interrumpe el devengo de los intereses de demora

 
4. Los falsos autónomos

El falso autónomo es una persona cuya relación con la empresa, a pesar de cumplir todos los requisitos para considerarse como por cuenta ajena bajo la dirección y control de un empresario, se ha configurado mediante una prestación de servicios como autónomo encuadrado en el RETA y por lo general mediante un contrato mercantil.

La declaración de laboralidad de una relación supone la inmediata alta en el RGSS, lo que implica para la empresa una cotización retroactiva, por un periodo máximo de 4 años, junto con el pertinente recargo de hasta un 150 % el importe de las cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta no ingresados. (arts. 10-11, 42 RD 1415/2004, de 11 de junio, Arts. 21-33 LGSS y Art. 40.1.d).2 LISOS).

Declaración de la improcedencia del despido de un falso autónomo

En caso de declaración judicial de la improcedencia del despido realizado, la empresa podrá optar por indemnizar al demandante en la cuantía fijada en el fallo (acorde con el art. 56 ET), o bien por la readmisión como trabajador por cuenta ajena.

Sanciones por la falta de cotización del empresario ante la existencia de falso autónomo

La LISOS regula los siguientes supuestos:

Infracciones graves.

No solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido. A estos efectos se considerará una infracción por cada uno de los trabajadores afectados. (art. 22.2 LISOS).

No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda la Tesorería General de la Seguridad Social o no efectuar el ingreso en la cuantía debida, habiendo cumplido dentro de plazo las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 26 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, siempre que la falta de ingreso no obedezca a una declaración concursal de la empresa, ni a un supuesto de fuerza mayor, ni se haya solicitado aplazamiento para el pago de las cuotas con carácter previo al inicio de la actuación inspectora, salvo que haya recaído resolución denegatoria. (art. 22.3 LISOS)

Infracciones muy graves. Pactar con sus trabajadores de forma individual o colectiva la obligación por parte de ellos de pagar total o parcialmente la prima o parte de cuotas a cargo del empresario, o bien su renuncia a los derechos que les confiere el sistema de la Seguridad Social (art. 23.1 d) LISOS)
Sanciones accesorias a los empresariosIgualmente, la inspección de trabajo podría interponer lo que se denomina sanción accesoria del art. 46 LISOS, de forma que se perderán, automáticamente, y de forma proporcional al número de trabajadores afectados por la infracción, las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo o formación profesional para el empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción.

Multa

El Art. 40 LISOS recoge las posibles multas en función de la gravedad del fraude.

En caso de declararse la existencia de un falso autónomo ¿Qué sanciones supondría para el falso autónomo?

Los falsos autónomos no sufrirán sanción alguna salvo la consideración de ciertos supuestos, como:

  • a) Connivencia con el empresario para la obtención indebida de cualesquiera prestaciones de la Seguridad Social (art. 26.4, LISOS) un caso frecuente sería un acuerdo simulado de despido para obtener la capitalización de la prestación por desempleo y posteriormente trabajar para la empresa inicial como autónomo.
  • b) Desgravar IVA en la declaración trimestral, etc.

 

(1) A los efectos previstos en la LISOS, se entenderá por compromiso de actividad el que reúna los requisitos establecidos en el art. 301 Ley General de la Seguridad Social.

(2) A los efectos previstos en la LISOS, se entenderá por colocación adecuada y por trabajos de colaboración social, los que reúnan los requisitos establecidos, respectivamente, en el art. 301 LGSS.

(3) El art. 138 Ley General de la Seguridad Social establece la obligatoriedad de todo empresario, previa a la realización de la primera contratación, de solicitar la inscripción de la empresa en la Seguridad Social, mediante la presentación del impreso oficial establecido al efecto, en el que se harán constar todos los datos necesarios para la perfecta identificación de la empresa.

(4) SSTS de 27 de octubre de 2004, de 29 de diciembre de 1998, de 3 de abril de 1997

(5) La responsabilidad empresarial en materia de Seguridad Social por infracotizaciones. JOSÉ MARÍA CARPENA NIÑO.

(6) CON EFECTOS DE 01/01/2019: El Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, añade un nuevo apartado 16 al artículo 22 LISOS, añadiendo como infracción grave proporcionar trabajo a falsos autónomos con una multa en su grado mínimo, de 3.126 a 6.250 euros; en su grado medio, de 6.251 a 8.000 euros y, en su grado máximo, de 8.001 a 10.000 euros (apdo. 1.e).1, art. 40 LISOS).

(7) Igual norma se aplicará a los exclusivos efectos de la asistencia sanitaria por enfermedad común, maternidad y accidente no laboral

(8) El principio de proporcionalidad, exige por su parte una mínima adecuación entre la gravedad del incumplimiento y el "trascendental resultado de imputar la íntegra responsabilidad en orden a las prestaciones a la empresa" (STS-IV 31-5-1980); a este principio de proporcionalidad han recurrido expresamente para determinar la responsabilidad empresarial de prestaciones o precisar su alcance numerosas sentencias recientes (entre otras, STS-IV 28-9-1994, 9-6-1995, 20-7-1995 y 24-7-1995).

No hay versiones para este comentario

Trabajador autónomo
Agencias de colocación
Infracotización a la Seguridad Social
Incumplimiento de las obligaciones
Prestación por desempleo contributivo
Cese de actividad
Subsidio por desempleo
Infracciones de los beneficiarios de prestaciones
Beneficiario de la prestación
Tesorería General de la Seguridad Social
Pago de las prestaciones
Accidente laboral
Incumplimiento de la obligación de cotizar
Intereses de demora
Bonificaciones
Inspección de trabajo y Seguridad Social
Vencimiento del plazo
Situación de pluriempleo
Desempleo
Alta en la Seguridad Social
Asegurador
Reconocimiento médico
Compatibilización de prestaciones y trabajo
Trabajador eventual agrario
Trabajador por cuenta ajena
Omisión
Documento falso
Prestación por desempleo
Obligación de cotizar a la Seg. Social
Cumplimiento de las obligaciones
Sanciones administrativas
Incapacidad temporal
Cotización a la Seguridad Social
Cuota impagada
Cuotas de cotización
Enfermedad profesional
Automaticidad de las prestaciones
Régimen General de la Seguridad Social
Documentos de cotización
Enfermedad Común

RDLeg. 8/2015 de 30 de Oct (TR. Ley General de la Seguridad Social -LGSS-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 261 Fecha de Publicación: 31/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/01/2016 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

RDLeg. 2/2015 de 23 de Oct (Estatuto de los Trabajadores) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 255 Fecha de Publicación: 24/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 13/11/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

RD-Ley 28/2018 de 28 de Dic (Revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 314 Fecha de Publicación: 29/12/2018 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2019 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados

Libros Relacionados